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Las autoridades del Casmu tuvieron una agenda intensa el martes 16. Ese día, la mutualista presentó un recurso de revocación en el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra la ordenanza que fijó un plazo de 10 días hábiles para que la institución solucione sus problemas financieros. Horas más tarde, su presidente, Raúl Rodríguez, encabezó una asamblea de médicos en la que no logró el apoyo que buscaba para combatir la amenaza de intervención.
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El Casmu presentó dos documentos el martes. Uno de ellos es un plan de salida a los problemas financieros advertidos por el MSP en su ordenanza. El otro, un recurso de revocación contra el documento ministerial que incluyó “la suspensión de la ejecución del acto administrativo” mientras dure el trámite de su planteo. Sostuvo que la secretaría de Estado cometió varias irregularidades al adoptar su decisión, algunas de las cuales implicarían un desvío de poder.
El recurso, al que accedió Búsqueda, cuestiona varios argumentos utilizados por el ministerio para fundamentar su resolución. Sostiene que es incorrecto decir, como detallaron las veedoras del MSP, que el Casmu enfrenta “riesgo de liquidez” a partir de julio y que sufre una “pérdida de afiliados”, “falta de liquidez”, “alta dependencia a líneas de sobregiro bancario y un millonario pasivo comercial y financiero”.
“El número de afiliados a la institución se mantiene estable desde setiembre de 2023, habiendo cerrado en forma positiva al cierre el padrón en junio de 2024 con 180.075 afiliados”, describe.
El recurso critica que la resolución ministerial ponga en dudas los números que entregó el Casmu a las autoridades. “Se pretende generar la apariencia de un actuar oscuro a la institución, dando a entender que la información suministrada por el prestador de salud es poco creíble”, dice.
Las autoridades de la institución subrayaron la “llamativa celeridad en todas las actuaciones administrativas” que derivaron en la adopción de la ordenanza. “Ello presupone”, agrega, que el ministerio actuó con “fines espurios al poder considerarse que la decisión” de intimar al Casmu “ya se encontraba tomada desde la fecha” en que presentó el pedido de financiamiento a través del fideicomiso.
“La eventual intervención con desplazamiento de autoridades” sugerida en la ordenanza “es manifiestamente ilegal”, sostiene el Casmu.
El MSP publicó este martes 16 un comunicado con aclaraciones sobre su accionar ante la situación del Casmu. En el texto sostiene que el “riesgo asistencial surge del propio planteo de la directiva” de la mutualista de acceder a un nuevo fideicomiso y reivindicó la “responsabilidad” con la que la cartera se manejó en el tema.
“El MSP nunca hizo un comunicado público de esta situación, con el fin de proteger la estabilidad e imagen de la institución. La intimación lamentablemente se hizo pública por terceros ajenos a esta secretaría de Estado. Cabe destacar también que no se trató de una amenaza, sino de una intimación tal como establece la ley”, explica el comunicado.
También sostiene que “el MSP no tiene interés en ahogar financieramente al Casmu”, sino “todo lo contrario”, y enumera distintas “acciones de apoyo” a la institución que se dieron durante la actual administración. Al mismo tiempo, da cuenta de que “pese al apoyo y a las ayudas económicas y técnicas recibidas” el Casmu “no logró cumplir” con el plan de “gestión de recursos humanos” que había presentado, “respetar sus obligaciones con proveedores” ni tampoco aplicar el “plan de medidas de ahorro” que propuso.
Pedido al Banco República
En el recurso de revocación, las autoridades del Casmu aseguran que el fideicomiso no es la “única fuente de financiamiento existente” para “eliminar el alegado riesgo de liquidez y con ello la inmotivada intimación”. Relatan que el 11 de julio presentaron ante el Banco República (BROU) una solicitud de “asistencia crediticia con garantías” del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). “Se trata de un préstamo en condiciones de mercado sobre Fonasa”, dice el recurso.
El Directorio del BROU aprobó ayer miércoles una resolución en la que expresa su “disposición a analizar” la solicitud del Casmu —que alcanza los $ 1.200 millones— “en la medida que tenga una garantía soberana”, dijo a Búsqueda una fuente del banco.
Asamblea
Mientras los recursos y las solicitudes avanzaban por oficinas públicas, el presidente del Casmu encabezó una asamblea. El sector mayoritario de la directiva, que integra Rodríguez, presentó una moción para que el cuerpo médico rechace la intervención del MSP. La votación terminó empatada 244 a 244, con 49 abstenciones, por lo que no fue aprobada.
En la misma asamblea, un grupo de médicos presentó una moción que atribuía los problemas que enfrenta el Casmu a la agrupación de Rodríguez, Médicos Unidos. Cuestionaba “el manejo financiero de la empresa (endeudada en el sistema bancario y parabancario)”, “las obras edilicias (con sobrecostos que no han obtenido retornos económicos)”, “la gestión de recursos humanos (con hipertrofia de cargos gerenciales y de confianza, desvirtuando carreras funcionales y promoviendo tercerizaciones)” y la gestión “asistencial”.
La moción no pudo ser tratada porque la mesa que dirigía la asamblea entendió que su presentación incumplía con los estatutos, dijeron a Búsqueda participantes de la asamblea.
