El Frente Amplio en Treinta y Tres sigue de cerca irregularidades económicas en el municipio Rincón

A partir de esa respuesta, la junta le solicitó a la Dirección de Hacienda de la comuna que se expidiera con relación a la situación denunciada y, además, que explicara cómo habían sido justificados esos números en la Rendición de Cuentas de la intendencia en 2023. La respuesta del gobierno departamental firmada por el director de Hacienda, Jorge Correa, enviada el 13 de noviembre, indica que la comuna realizó “un ajuste” en el rubro 7 (relativo a Gastos no Clasificados) y en la categoría “Otras Pérdidas de la Operación”, el cual, señala, fue necesario debido a la “ausencia de registros contables actualizados presentados por el municipio al 31 de diciembre de 2023”; de esta forma, “se procedió a realizar el ajuste necesario que alineara el saldo de caja y bancos con el resultado de la conciliación bancaria y el arqueo de caja al cierre del ejercicio 2023”.

“¿Más de $ 2 millones de facturas ‘presuntamente’ canceladas sin registración? Están poniendo plata registrada en la rendición de cuentas 2023 que correspondería a los años anteriores pero de la cual no saben si efectivamente se pagó ni por qué, con lo cual asumen que están corrigiendo sin tener los comprobantes para corregir”, criticó.

Al mismo tiempo, el edil criticó que los faltantes fueran registrados en el rubro 7, al explicar que los municipios solo pueden ejecutar gastos en rubros relacionados al funcionamiento, como retribuciones personales, bienes de consumo, servicios (agua, teléfono, electricidad) y bienes de uso. “Al no existir comprobantes, la intendencia adjudicó el gasto a ese rubro para que los números le cierren. De esa forma, no figura como déficit porque justifican que se gastó esa plata aunque no tengan comprobantes”, señaló.

En tanto, el economista Gastón Núñez Villarino, profesor de Estadística del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y exvicedirector de Hacienda de la Intendencia de Paysandú, quien elaboró originalmente el informe sobre la situación económica denunciada a pedido del Frente Amplio central, dijo a Búsqueda que el director “está ajustando tranquilamente $ 15 millones en un municipio que tiene un presupuesto de $ 30 millones”, sin tener certeza alguna.

“Lo más grave es el reconocimiento de que es un desastre administrativo, del que si bien no tienen registro, lo ajustan para cerrar las cuentas de caja y banco y lo firman. La propia intendencia dice que lo que indicó en la Rendición de Cuentas no tiene manera de demostrarlo”, cuestionó. Según dijo, lo que hace la intendencia es registrar el faltante de los años anteriores como una pérdida del 2023, pero solo a los efectos de que les cierre la caja y el banco. “Esto implica que solo están cerrando las cuentas y no averiguando en qué se gastó esa plata”, criticó.

El paso siguiente, comentó Villarino, es solicitar al Tribunal de Cuentas (TCR) que incluya toda esta información en un proceso de auditoría, algo que ya está en proceso y prevé salir antes de fin de año. Por otro lado, agregó, buscarán que se establezcan responsabilidades por las irregularidades detectadas, tanto en el municipio como en la propia intendencia. “Seguimos sin saber dónde está esa plata, entonces hay responsabilidades administrativas, por faltantes de registración y ajustes basados en presunciones; también responsabilidades políticas en términos de control. Y no sabemos si además hay responsabilidades penales”, comentó.

El pasado 5 de diciembre la departamental del Frente Amplio en Treinta y Tres emitió una declaración colectiva sobre la situación. El texto sostiene que el hecho de que la intendencia reconozca "explícitamente” la necesidad de ajustar los saldos de caja y bancos debido a la “inexistencia de registros contables adecuados” evidencia que existe “una gestión desordenada y carente de rigor técnico”. También que la ausencia de registro en el sistema contable indica “una falta total de control sobre el manejo de fondos públicos” y que la situación podría constituir “no solo una irregularidad administrativa sino también una flagrante ilegalidad que podría derivar en responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales”.

“Quedamos a la espera de los resultados de la investigación administrativa que está llevando adelante la intendencia departamental, así como de los resultados de la auditoría del TCR”, cierra el documento. Villarino, en tanto, dijo que el tema ya fue informado al Frente Amplio nacional para evaluar si es necesario llevarlo a la Justicia.