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El gobierno evaluará si el programa Cure Violence continúa, tras detectar "varios problemas de gestión"
Un análisis del programa, que busca reducir homicidios, consideró necesario darle mayor autonomía respecto del Ministerio del Interior y la Policía, y fortalecer su coordinación con hospitales para mejorar las notificaciones sobre personas baleadas
Casavalle es una de las zonas en donde el gobierno aplica el programa para reducción de homicidios.
Fue una de las apuestas más novedosas y audaces del pasado gobierno en materia de seguridad pública. Impulsada por académicos, avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y elogiada por administraciones locales y nacionales de otros países, propuso reducir los homicidios mediante la intervención de referentes barriales, desde un enfoque epidemiológico de la violencia.
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La idea surgió en el año 2000 de la mano de la ONG estadounidense Cure Violence, que comenzó a aplicar en Chicago —entonces fuertemente afectada por asesinatos entre pandillas— una estrategia inspirada en programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la transmisión epidémica de enfermedades contagiosas: detectar e interrumpir conflictos violentos o potencialmente violentos, identificar y acompañar a personas de alto riesgo y modificar las normas sociales que facilitan la violencia.
A inicios de 2023, el plan llegó a Uruguay con la gestión de Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior. Heber mencionó la importancia, por ejemplo, de “reclutar exreclusos que se han reintegrado a la sociedad” para colaborar en la resolución de conflictos entre bandas rivales. “Es gente que tiene un nivel de léxico y de contacto que no lo podemos tener nosotros porque no podemos meternos en una célula delictiva”, argumentó.
Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En 2024, Cure Violence comenzó a aplicarse de forma piloto en Uruguay bajo el nombre Barrios sin Violencia y con la participación de organizaciones sociales locales e interruptores comunitarios elegidos tras un proceso de financiación y selección coordinado por el BID. Aunque las expectativas iniciales eran altas, la primera evaluación de Barrios sin Violencia detectó aspectos a corregir, y el Ministerio del Interior decidió esperar unos meses para determinar su eficacia y su posible continuación.
“La evaluación de impacto es la que va a decir al final del día, el año que viene, si el programa logró los resultados que buscaba o no”, afirmó a Búsqueda el sociólogo Emiliano Rojido, asesor del ministro del Interior, Carlos Negro, y quien en 2024 actuó como consultor independiente en el análisis de Barrios sin Violencia. Las conclusiones de ese estudio fueron presentadas en enero al entonces gobierno saliente, en un informe que —a diferencia de la evaluación de impacto, aún pendiente y destinada a medir si el programa generó cambios atribuibles a su intervención— se enfocó en el proceso, el diseño y la implementación.
“Se identificaron varios problemas de gestión del programa. Ese informe fue metabolizado por este gobierno y muchas de las recomendaciones que se hicieron en ese informe están siendo incorporadas. Pronto se va a hacer público cuáles son esos ajustes”, añadió Rojido.
El 14 de diciembre, entrevistado por El País, el ministro Negro respondió sobre la prolongación del programa: “Tenía problemas, nosotros trabajamos sobre esos problemas y vamos a esperar a la próxima evaluación, en 2026, a ver cómo resulta”, dijo.
Mayor separación de la Policía
El programa Barrios sin Violencia consiste en el despliegue de equipos comunitarios encargados de interrumpir dinámicas de violencia y mediar en conflictos interpersonales y grupales en dos zonas de Montevideo: Casavalle, Las Acacias, Manga, Marconi, Peñarol y Villa Española; y Casabó, Cerro Norte, La Paloma, La Teja y Tres Ombúes.
En setiembre de 2023, una delegación de Cure Violence había visitado la capital para ejecutar un estudio de prefactibildad que estableciera la viabilidad de adaptar y aplicar su metodología de interrupción de la violencia en barrios de la ciudad. La visita fue intensa e incluyó reuniones con autoridades estatales, fiscales de Homicidios, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y vecinos de las zonas seleccionadas; también visitas guiadas a la Unidad de Rehabilitación de Santiago Vázquez. El informe final del estudio de prefactibilidad concluyó que Montevideo contaba con las condiciones para adaptar e implementar el modelo de interrupción de violencia de Cure Violence.
En aquel momento, desde el gobierno también se destacó que la metodología de Cure Violence en Chicago se había replicado con éxito en más de 100 comunidades, incluyendo barrios de más de una decena de países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Honduras, Jamaica, México, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. “Muchas de estas adaptaciones fueron objeto de evaluaciones independientes, y por lo general mostraron reducciones considerables y estadísticamente significativas de la violencia armada”, señala Cure Violence en su sitio web, en donde afirma encontrarse entre las líderes mundiales de ONG centradas en prevenir la violencia.
“Hay manifestaciones de violencia que no solo se concentran en ciertos barrios, sino que también exhiben períodos de crecimiento, incubación y demora, similares a los que exhibe una enfermedad contagiosa. Al igual que con las enfermedades contagiosas, también hay factores de riesgo que predicen los homicidios”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa divulgado en 2024 para detallar cómo se iba a ejecutar Cure Violence. Mencionó, entre esos factores de riesgo, la concentración de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, la marginalidad, la participación en grupos criminales, el consumo problemático de drogas y el uso ilegal de armas de fuego. Sobre todo, sin embargo, el factor de riesgo más importante para predecir un homicidio es un tiroteo o un homicidio previo.
“Igual que una infección gripal está precedida por la infección de otra persona, muchos homicidios están precedidos por agresiones u homicidios asociados que pueden terminar generando muchas muertes posteriores”, explicó el Ministerio del Interior. Por eso, una característica central de Cure Violence en todo el mundo es el uso de los denominados mediadores o interruptores de violencia, referentes barriales que tienen acceso a los delincuentes, sus familias, las víctimas y los vecinos. En algunos casos, como anticipó Heber en 2023, se trata de personas que estuvieron presas e integraron bandas criminales.
Respecto a las observaciones realizadas en la evaluación de proceso de Barrios sin Violencia, en noviembre El País informó que tanto representantes de Cure Violence como interruptores cuestionaron el alto perfil mediático con el cual el Ministerio del Interior promocionó al programa. En relación al funcionamiento criminal, el estudio menciona la existencia de "casas de tortura" operadas por narcotraficantes y policías que desalojaron familias para colocar bocas de droga en sus hogares.
Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En diálogo con Búsqueda, Diego Sanjurjo afirmó que Barrios Sin Violencia no presenta “ningún gran problema, sino simplemente cosas a mejorar”.
Sanjurjo es politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo. En el pasado gobierno fue uno de los impulsores de la iniciativa desde su cargo de asesor de Heber y coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del BID, que funciona en el Ministerio del Interior. Hoy es gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del ministerio. Sostuvo que Barrios sin Violencia fue concebido como un plan piloto con dos instancias de evaluación pensadas para que el programa “saliera de la mejor manera”.
La evaluación del proceso —a cargo, entre otros, de Rojido— implicó entrevistas a todos los actores involucrados e identificó, entre los principales aspectos a mejorar, la necesidad de profundizar la autonomía del programa respecto del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Se trata de un punto discutido desde el inicio, ante el riesgo de que la percepción de una intervención policial despierte desconfianza y perjudique el trabajo de los interruptores de violencia. Otra de las recomendaciones fue reforzar la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En el caso de los organismos de salud, el énfasis estuvo puesto en la utilidad de contar con mayor información sobre personas que ingresan a emergencias por heridas de bala, para facilitar intervenciones tempranas. En julio de 2024, por ejemplo, se inauguró una oficina de Barrios sin Violencia en el Hospital del Cerro, para funcionar como base operativa de un equipo multidisciplinario —integrado por un psicólogo, una trabajadora social y duplas de interruptores de violencia— coordinado por la ONG Vida Nueva Uruguay, que trabaja directamente en ese territorio con foco en la prevención y mediación de conflictos interpersonales y grupales.
En cuanto al Mides, el objetivo es que el programa cuente con mejor información sobre el entorno familiar y los vínculos cercanos de víctimas y victimarios.