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En octubre del año pasado, el Ministerio de Ambiente decidió otorgar la categoría A al emprendimiento residencial y hotelero Marina Beach, proyectado en la costa del balneario Buenos Aires, en Maldonado. La decisión tomó por sorpresa a los integrantes de la Red Unión de la Costa, quienes esperaban una clasificación más estricta, teniendo en cuenta los informes elaborados por técnicos de la cartera.
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La clasificación de la iniciativa impulsada por las empresas Manantial del Sol S.A., Coralview L.L.C. y Lokview L.L.C., que se realizó en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental del fraccionamiento en la faja de defensa de costas, desestima todos los informes llevados adelante por funcionarios de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, según pudo constatar Búsqueda al acceder al expediente del caso.
En un documento con fecha del 20 de mayo de 2024 se indica que el 10 de octubre de 2023 la división “sugirió clasificar en la categoría B el proyecto de referencia (que habilitaba al loteo y las construcciones) y solicitar el estudio de impacto ambiental” para evaluar con “especial atención” diferentes aspectos. En particular, se pide analizar “los efectos acumulativos derivados de las construcciones a implantar a futuro en el fraccionamiento, los potenciales impactos ambientales del proyecto y las medidas concretas para evitar, reducir o mitigar tales impactos y riesgos acumulativos”.
El informe también hace referencia a “las afectaciones” por la presencia de las construcciones futuras en sus diferentes etapas sobre el medio biótico con énfasis en la vegetación predominante del área. Además, solicita “considerar” preocupaciones expresadas por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial en cuanto a la viabilidad de UTE y de OSE para el abastecimiento de agua potable y la conexión de saneamiento, la aprobación de las obras necesarias por parte del Ministerio de Transporte y la Intendencia de Maldonado para acceder desde la Ruta 10, así como la implementación del fraccionamiento en el proyecto de desagües pluviales de la zona, entre otros puntos.
Al margen de estos señalamientos, al día siguiente el titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Eduardo Andrés, pidió a través de una carta al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, la “reconsideración” de la clasificación a categoría A —que exime a los desarrollistas de hacer estudios ambientales en profundidad y de someter el proyecto a consideración pública—, al argumentar que el fraccionamiento ya había sido aprobado por la Junta Departamental de Maldonado, con lo cual “se intentó asegurar una sostenibilidad básica”. Además, señalaba que el proyecto debería obtener permisos de otros organismos y que cada una de las posibles futuras construcciones de viviendas deberían contar con autorización ambiental previa.
El pedido fue de recibo para Bouvier, quien dos días después resolvió clasificar el proyecto con categoría A y que el caso pasara “con carácter de urgente despacho” a la Dinacea. El proceso finalizó el 17 de octubre, cuando el ministro firmó una resolución en la que confirma la decisión al argumentar que el proyecto “solo presentaría impactos ambientales negativos no significativos”.
Desamparo
Ana Lía Ciganda, magíster en Manejo Costero Integrado e integrante de la Red Unión de la Costa, dijo a Búsqueda que si bien el fraccionamiento “cumplió con los procedimientos de impacto ambiental formalmente”, entienden que en la interna del Ministerio de Ambiente “el proceso fue turbio y la decisión final contradijo flagrantemente a las opiniones técnicas”. Según explicó, el expediente, al que pudieron acceder a través de un pedido de acceso a la información, muestra que todo lo vinculado a la autorización ambiental previa “fue muy rápido y se dio en tiempo récord”, teniendo en cuenta incluso que la Dinacea solicitó información complementaria que fue respondida el mismo día por los interesados.
“Hay muchas cuestiones de la interna del ministerio que dejan muchas dudas; son decisiones que responden solo a cuestiones políticas, que no toman en cuenta las opiniones de los propios expertos del ministerio y mucho menos de la sociedad civil y la academia. Eso nos preocupa y nos entristece”, lamentó Ciganda.
Además, sucedió lo mismo en 2022 durante el proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE), cuando la Dinacea también desestimó las recomendaciones de no aprobación de los técnicos en su decisión final, informó la diaria. Según se supo, los expertos solicitaron entonces que los fraccionamientos y las construcciones que se desarrollaran eventualmente en esta área fueran “considerados proyectos que pueden producir impactos ambientales negativos significativos”, pero Andrés sugirió rechazar el pedido.
El proyecto, que implica la construcción de un complejo de 26 residencias más un hotel junto a la playa, ya comenzó a materializarse, dado que las obras de saneamiento y la intervención en las dunas empezaron hace unos meses. Sin embargo, en el expediente figura que los movimientos de tierra comenzaron antes de dar aviso al ministerio y que, tras una inspección de oficio el 30 de abril en la que se constataron diversas afectaciones al entorno, la empresa presentó la comunicación formal de inicio de obra el mismo día.
“Es un desamparo total, porque si el propio ministerio, que tiene que velar por esas cuestiones, a nivel de dirección decide arbitrariamente cosas contrarias a los propios criterios técnicos, ¿quién protege el interés general?”, cuestionó Ciganda.
Por otro lado, fuentes técnicas del Ministerio de Ambiente dijeron a Búsqueda que cuando se aprobó la EAE se argumentó que como se iba a hacer un estudio de impacto ambiental posterior “eso le daba las seguridades ambientales del caso al fraccionamiento”. Sin embargo, se encontraron que cuando luego se clasificó el proyecto del fraccionamiento la Dinacea planteó que, como ya había sido aprobada la EAE, no era necesario realizar ningún estudio de impacto ambiental.
Según las fuentes, existe una sensación de “preocupación” entre buena parte los funcionarios por la forma en que se toman algunas decisiones y la “falta de sensibilidad” ambiental.
