Treinta referentes de la educación convocados por Ágora, un think tank uruguayo, consensuaron nueve líneas de acción para mejorar los resultados en educación en el país, compilados en un documento que se titula Vestime despacio que tengo apuro.
“No importa tener universidad de educación, protección de trayectoria, mejora de los aprendizajes si los pibes no están”, dijo Pablo Caggiani, quien, junto con referentes de la enseñanza, consensuó nueve líneas de acción
Treinta referentes de la educación convocados por Ágora, un think tank uruguayo, consensuaron nueve líneas de acción para mejorar los resultados en educación en el país, compilados en un documento que se titula Vestime despacio que tengo apuro.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáPablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas del Codicen durante el anterior gobierno, participaron en el proceso y en la presentación de los acuerdos, que se llevó a cabo este martes en el Centro Cultural La Experimental de Malvín. En esa instancia, Caggiani planteó que el consenso prioritario, a su entender, es adoptar acciones y metas decididas para incrementar la asistencia. “No importa tener universidad de educación, protección de trayectoria, mejora de los aprendizajes si los pibes no están”, dijo el presidente del Codicen.
El jerarca expresó que el ausentismo es “un hueso duro de roer” y que sería “injusto con las autoridades salientes si no reconociera que han intentado meter la mano, desde comprar botas de lluvia y capas para que los gurises vayan cuando llueve hasta un conjunto de acciones que no han logrado mover la aguja”.
El documento que recopila los nueve consensos consigna la preocupación porque “las tasas de asistencia en educación inicial, primaria, secundaria y técnico-profesional hayan descendido significativamente luego de la pandemia asociada al Sars-Covid 19”, y manifiesta “la necesidad de realizar una campaña de bien público sobre el sentido de la obligatoriedad de la educación, el valor de la asistencia y las responsabilidades que le caben a familias y comunidades, así como a las instituciones y actores públicos y privados”.
El Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) reveló el año pasado un aumento de la llamada “ausencia crónica” en educación común de primaria pública, que pasó del 46,1% del alumnado en 2019 al 59,3% en 2023. A su vez, entre marzo y agosto de 2024 la mayoría de los alumnos de primer a sexto año (66,3%) presentaron ausentismo crónico: 38,9%, frecuente (asistieron entre el 80% y el 90% de los días), y 27,4%, severo (concurrieron al 79% o menos de las jornadas lectivas).
Consultado por Búsqueda, Caggiani dijo que el Codicen tiene previsto, “entre otras medidas”, impulsar una campaña de bien público para incentivar la asistencia de los estudiantes a los centros educativos.
El 19 de agosto de 2024, Caggiani, que integraba entonces la Comisión Directiva del Ineed, Aristimuño, Renato Opertti y otras 27 personas vinculadas a los procesos educativos —educadores, pedagogos, autoridades oficiales de organismos de la educación, educadores que ocuparon cargos en la administración de la educación, referentes educativos de partidos políticos con representación parlamentaria, referentes de sindicatos, académicos, investigadores, cientistas sociales y de disciplinas afines a la enseñanza— acordaron que Uruguay está en condiciones de proponerse dos objetivos prioritarios en su agenda educativa: “Universalizar el egreso, en tiempo y forma, de la educación obligatoria, y que por lo menos tres de cada cuatro alumnos logren niveles de suficiencia en las alfabetizaciones fundacionales”.
Además, definieron nueve consensos y líneas de acción: “Más y mejor inversión alineada a políticas públicas de largo aliento; centros educativos liderados y gestionados como comunidades de aprendizaje; trayectorias personales en el centro de la acción articulada del Estado; los educadores como agentes clave en el proceso educativo; extensión de los tiempos pedagógicos; acciones y metas decididas para incrementar la asistencia”; “fortalecimiento” de la educación técnica y “complementariedad con la educación secundaria”; “universidad pedagógica”, e “información de calidad para evaluar y tomar decisiones a tiempo”.
La propuesta de Ágora de forjar consensos sobre diversas temáticas y, en este caso, sobre educación fue resaltada por Aristimuño, quien expresó que espera que “esto de cruzar puentes sea permanente”. La exdirectora ejecutiva de Políticas Educativas del Codicen destacó este martes en la presentación que el documento es “muy potente y muy completo” por su “concepción sistémica de la educación”, y porque refleja, además, “un enriquecimiento muy grande de profesionales” vinculados a la enseñanza que se ha dado en las últimas dos o tres décadas, en alusión al aporte en la materia de sociólogos, economistas y estadísticos.
Una de las referentes de la transformación educativa implementada por el anterior gobierno propuso reformular uno de los objetivos prioritarios de la agenda educativa: que en lugar de que “al menos tres de cada cuatro alumnos logren niveles de suficiencia en las alfabetizaciones fundacionales” se busque que “tres de cada cuatro estudiantes a nivel de centro educativo” alcance “aprendizajes suficientes”. En ese sentido, planteó poner el foco en “las estrategias de enseñanza de los docentes, en la pedagogía”, y recordó que hay “muchos centros que por suerte están por encima de eso”, pero “varios centros que están por debajo de eso, y centros muy duros de mover”.
Aristimuño no ve “dificultades para llegar a un acuerdo”. Sin embargo, consideró que es “muy difícil lograr efectos a partir del acuerdo” y recordó antecedentes: en el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que presidió Liber Seregni, “se lograron acuerdos muy importantes sobre educación que no llevaron a ninguna consecuencia práctica”; el grupo interpartidario creado en 2010 por el presidente José Mujica tampoco “generó consecuencias”; en 2012, se generaron otros dos grupos de trabajo, uno para crear la figura del “profesor cargo” y otro para fundar la Universidad Tecnológica (UTEC). Aristimuño concluyó que “de (estas) cuatro iniciativas, tres fracasaron en generar efectos”, puesto que “el único que generó consecuencias, afortunadamente, fue la maravilla de UTEC que hoy tenemos”.