Milagros, una trabajadora social de 30 años oriunda de Maldonado, no aguantaba más. Así lo han dicho familiares, amigos y organizaciones sociales. Ella denunció en 2022 haber sido víctima de una violación grupal siendo adolescente, en 2010. Recién ahí estaba lista para hacerlo. Hizo lo que se pide desde distintos ángulos cuando esto ocurre: que no se callen, que pidan ayuda aunque lo hagan años después, ir con sus pares, ir a la Justicia, acudir a un centro de salud. “Eso fue lo que Milagros hizo, insistió, pero aún así se le soltó la mano. El Estado estuvo ausente”, dijo a Búsqueda Carolina Ferrari, integrante del Proyecto Ikove, integrado por víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
Dos días antes del desenlace fatal, en la noche del miércoles 23, Milagros ya había ido al mismo centro asistencial. “Estoy en el Casmu desde las 20. Recién me pasaron a box. Supuestamente no me ve psiquiatra hasta mañana en la mañana. No sé si es legal esto, tenía entendido que tenía (obligación de ser atendida por especialista en) dos horas”, le escribió por WhatsApp a una amiga a las 23.19. Fue sola. Ese día había sido terrible: la medicación que tomaba no surtía efecto y la ideación suicida no se le iba de la cabeza. Hacía mes y medio que trabajaba en un Centro Caif, pero ese miércoles, según contó esta amiga a Búsqueda, quería —precisaba— que algún especialista la atendiera, “que por una vez empatizara con ella”. Recién para fines de diciembre tenía hora con un especialista. “Voy a festejar Navidad con el psiquiatra”, le dijo en un momento en que se permitió bromear. Estaba molesta. “Pensé que me iba a ver un psiquiatra, me iba a ajustar la medicación y me iba a ir”, “pero como siempre Casmu me hace llegar al límite”, “les tiré todo”, le escribió entre las 23.21 y 23.22.
El testimonio de otra usuaria que estaba en la emergencia esa noche, publicado por Montevideo Portal el sábado 2, también da cuenta de la desesperación de Milagros, incluyendo portazos, papeleras que volaban y la amenaza de tirarse abajo de un ómnibus. A eso de las 5.00 de la madrugada, se fue todavía sin haber visto un psiquiatra, según el acta.
“No hay un psiquiatra en la emergencia, no lo pide el MSP. La atención psiquiátrica tiene un horario. Los pacientes no son prisioneros, si se quieren ir, se van”, dijeron a Búsqueda fuentes del Casmu. Según el acta, se intentó contactar —sin éxito— con un psiquiatra de retén (a la orden en su casa, con dos horas de tiempo para llegar). El viernes a las 9.30 Milagros volvió a la emergencia del Casmu. Cinco horas después fue encontrada sin vida.
Protocolo sí y no
El MSP sostiene que hay protocolos de actuación. En la rueda de prensa del martes 5, Rando indicó que cuando un paciente llega a un centro de salud por un intento de suicidio, “tiene que ponerse en observación o ser ingresado a la emergencia, no puede quedar en la sala de espera”. La investigación no es concluyente en este punto. En todos los casos, ese paciente debe ser atendido, si no hay un psiquiatra, por un médico de guardia que haga el triage para saber si fue “un intento menor del que ya se arrepiente” o si sigue con la intención de matarse. Luego sí deberá ser atendido por un especialista en salud mental.
Esto se basa en la ordenanza ministerial 384, de 2017. Este año, en el cual la salud mental se instaló como tema de campaña en un país con una de las tasas de suicidio más altas del mundo, el MSP publicó otras dos “guías” de actuación: una referida al “abordaje de la conducta suicida en el Sistema Nacional Integrado de Salud”, el 17 de julio, y otra sobre el “manejo de la ansiedad y la depresión en el SNIS”, el 28 de agosto. La primera recomienda “en todos los casos de autoeliminación un período de observación mínimo de 24 horas”; sin embargo, también indica que “el cumplimiento de las recomendaciones no es obligatorio ni sustituye el juicio clínico”. La segunda también aclara que “no tiene carácter normativo” y que cada prestador “tendrá la autonomía de decidir si adopta o no estas directrices en su práctica”.
A nivel nacional no existe nada parecido a un protocolo (Artigas Pouy, presidente de la SPU) A nivel nacional no existe nada parecido a un protocolo (Artigas Pouy, presidente de la SPU)
Justamente, Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), dice que “a nivel nacional no existe nada parecido a un protocolo” de atención de estos casos. “Capaz que ahora con esto que pasó sale un protocolito”, ironiza el titular de una asociación integrada por aproximadamente 400 de los 770 especialistas que hay en Uruguay.
A diferencia de muchos colegas, Pouy opina que el número de estos psiquiatras en el país es bueno; lo que no está bien “es su distribución”. Según publicó El País del 28 de enero de este año, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) hay 157 psiquiatras de adultos y 48 infantiles. El 46,5% de los primeros y el 56,2% de los segundos están en Montevideo. Al norte del río Negro solo hay 27 y 7, respectivamente. En Flores, Durazno y Tacuarembó se repite la misma historia: hay dos psiquiatras de adulto y ninguno pediátrico.
“Un médico de emergencia tiene que tener la capacidad de atender a alguien que piensa suicidarse. De otra forma, habría que tener un psiquiatra en cada puerta y eso no pasa. La esencia de una emergencia es filtrar y darse cuenta qué es urgente y qué no, dando tiempo a que llegue un especialista”, afirma el titular de la SPU. “No sé qué falló en esta situación, pero el sistema ya falla cuando tenés que esperar cuatro meses para la consulta con un especialista, ya no en una emergencia”, añade.
Para Vanessa Ems, catedrática de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, una persona con ideación suicida “no puede salir del centro de salud” hasta que sea evaluado por un médico calificado. Esto lo dice “en base al sentido común” porque desconoce la existencia de pautas del MSP. Ems tampoco está en sintonía con algunas voces del Casmu que sostuvieron que un paciente es libre de irse. “¿Qué será más importante? ¿Respetar la voluntad del paciente o preservar su vida? Eso tampoco es algo que esté pautado”.
De cualquier forma, dice que ante la ausencia de un psiquiatra, un paciente “compensado” o “con episodios de depresión leve o moderado” puede ser atendido por un médico del primer nivel. Esta última es una necesidad sostenida por la realidad, señalaron a Búsqueda varios de estos especialistas, que dicen que hay una demanda de psiquiatras mucho mayor a la oferta. Esto se atribuye a un cambio cultural en el que la consulta a estos médicos —junto con una mayor conciencia de lo que es la ansiedad y la depresión— está mucho menos estigmatizada que antes.
Nuevo proyecto de ley
“Todos tenemos derecho a estar en los espacios de salud con un psiquiatra especializado en abusos”, subrayó Carolina Ferrari. Su colectivo, Ikove (vocablo guaraní que significa “sobrevivientes”), convocó a una concentración en plaza Cagancha en recuerdo de Milagros el lunes 4. “En algunos prestadores no hay nada de esto. Además, están los tiempos de espera, que no cuadran con quienes tienen ideación suicida”. Ella misma sufrió abusos de niña. Según este grupo, apenas el 60% de quienes han vivido estas situaciones lo revelan ya de adultos. Ella lo pudo hacer ya siendo madre, a los 24 años. “Tuve que pagarme yo misma una atención privada porque mi prestador no me daba la solución que precisaba. Tuve una red que me ayudó, que muchas no tenemos”. El suicidio femicida, entonces, es el final de un camino entre la impunidad y la revictimización. “Cuando todo eso se cronifica se pierde interés en la vida”, concluye.
A esa concentración asistieron unas 400 personas, entre ellas la senadora Silvia Nane y la diputada electa María Inés Obaldía, ambas del Frente Amplio.
Fiscalía
Fiscalía General de la Nación
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Consultada por Búsqueda, Nane confirmó que “seguro” durante la próxima legislatura volverán a presentar un proyecto de ley para asegurar que no prescriba la acción punitiva frente a los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, luego de que otro naufragara en el Parlamento durante este período. Cerca del 80% de las víctimas de las denuncias por delitos sexuales son menores de edad, según datos de la Fiscalía General de la Nación.
El proyecto inicial, que había sido presentado en 2020 por la senadora Amanda Della Ventura, tiene un único artículo y propone modificar el artículo 119 del Código Penal para que los delitos sexuales como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor cometidos contra menores de edad no prescriban, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Nane aclaró que se le realizarán unos ajustes técnicos a la iniciativa, antes de reimpulsarla, para que haga referencia a la acción punitiva y no a los delitos. “Lo importantísimo es dar el debate y entender la necesidad de la imprescriptibilidad”, dijo la senadora.
Surgido en agosto, el colectivo Ikove nació con el objetivo político de que los delitos sexuales contra los menores no prescriban.
Impunidad para a los agresores
La prescripción penal de los delitos sexuales fue uno de los centros de una investigación que se desarrolló en el marco de la Maestría de Género y Políticas de Igualdad de Flacso Uruguay, que abordó el problema de los obstáculos en el acceso a la justicia para adultos que fueron víctimas del delito de abuso sexual cuando eran niños, niñas o adolescentes.
El psicólogo especializado en violencia y abuso sexual Matías Rovira, autor del libro ¿De quién es el tiempo?, publicado en setiembre de 2024, dijo a Búsqueda que esos obstáculos “se inician en el fuero íntimo de las víctimas” y tienen que ver con las dificultades para contar qué sucedió. Primero “tienen que atravesar daños que son el estigma, la culpa y la vergüenza” por un delito que en el 90% de los casos se cometió en un ámbito de confianza y “los mecanismos de protección no funcionaron”.
Luego de asimilarlo se enfrentan a la primera respuesta que reciben de los abogados o de intervenciones psicosociales, cuando les informan que “no se puede hacer nada”, porque prescribió. Y por último está la respuesta del Poder Judicial, que hace una “aplicación genérica de la prescripción sin importar el tipo de daño”, dijo. “Es lo mismo que hayas hecho una estafa con un cheque en blanco, que hayas robado una rueda de auxilio o cometido abuso sexual hacia tu hija o hacia tu hermana. Los plazos van a ser idénticos”, agregó.
Para el especialista, la prescripción “muestra el sesgo de no proteger a las infancias y adolescencias” y “garantiza la impunidad de los agresores”. Así, la violencia sexual “imprime en las víctimas el silenciamiento obligatorio, porque no hablan cuando quieren, sino cuando pueden” y cuestionó que esto “no es considerado por el sistema de justicia”.
