En paralelo a la investigación judicial, el Sunca expulsó a 10 integrantes durante el 2025 por su participación en maniobras irregulares, y todavía discute si debe aplicar algunas sanciones más.
Condenas y maniobras
Una licencia para hacerse una operación quirúrgica en Buenos Aires fue la punta de la madeja para empezar a desentrañar la estafa. Stella Rey, funcionaria del Fosvoc desde 2005 —y despedida en enero de 2025— solicitó unos días libres a principios de diciembre de 2024. Tenía un cargo de jefa de Departamento y, entre sus tareas, estaba el pago de salarios y remuneraciones a los empleados del fondo. Para eso, estaba habilitada al manejo de las cuentas bancarias.
En su ausencia, quien la suplió detectó una serie de transferencias llamativas a terceros que no tenían vínculo con el Fosvoc, y puso al tanto a sus superiores. A ese hallazgo le siguió una auditoría externa a cargo de una contadora y el 28 de enero del 2025 la directiva del fondo presentó una denuncia penal por 193 transacciones irregulares que rondaban los US$ 840.000.
El 12 de junio llegaron las primeras condenas mediante acuerdos abreviados. Allí fue preso Bertolio, junto a otros dos miembros de la dirección departamental de Montevideo del Sunca, Santiago Bernaola y Víctor Rivero. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, les imputó delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia. Actualmente, Rivero y Bernaola cumplen condenas de dos años y un mes de penitenciaria, y Bertolio de dos años y tres meses.
En la investigación, la fiscalía probó que hubo 193 transferencias irregulares en 2024. Rivero y Bernaola habían recibido en sus cuentas varias de ellas. Ese fue uno de los mecanismos de desvío de dinero. La otra maniobra principal de estafa fueron solicitudes de pedidos de “partidas especiales” para personas inexistentes. Las “partidas especiales” eran una práctica común en el Fosvoc: los delegados sindicales solían hacer pedidos puntuales para atender situaciones graves de salud o vivienda de trabajadores. La investigación determinó que, en 2023, de 43 solicitudes de partidas especiales realizadas solo tres correspondían a personas existentes. La mayoría de esas solicitudes estaban firmadas por Bertolio y Bernaola y se habían pagado con cheques al portador.
Entre estos dos tipos de maniobras que detectó la fiscalía, el desvío de dinero del fondo pasó a rondar los US$ 1,2 millones.
El 11 de noviembre llegó la cuarta condena, la de Stella Rey. La exfuncionaria del fondo reconoció haber ejecutado las 193 transferencias irregulares del 2024. Dijo que las cuentas a las que se debía transferir el dinero se las indicaba Bertolio.
La investigación comprobó que buena parte del dinero que salía del fondo a cuentas de terceros luego volvía a la cuenta de Bertolio y también a la de otra persona, cuyo nombre no se dio en las audiencias. También se probó que Bertolio transfería dinero a Rey, con lo cual le pagaba por la ejecución de la maniobra. Según una de las audiencias de formalización, Bertolio le transfirió a Rey cerca de $ 3,9 millones en 2024.
A Rey se le impuso una condena de dos años y cuatro meses de cárcel como responsable de delitos de apropiación indebida, un delito de asociación para delinquir y un delito de posesión y tenencia, todos ellos en régimen de reiteración real.
Los últimos cuatro formalizados fueron Nicolás Mañana y Carlos Larrosa, exintegrantes del Sunca, y Diego Almeida y Viviana Aguilar, un matrimonio con un vínculo personal con Bertolio. Se les imputaron, en una audiencia celebrada el lunes 15 de diciembre, delitos de apropiación indebida y de asistencia a las actividades precedentes al lavado de activos. Según la investigación, recibieron decenas de transferencias a sus cuentas que, en total, sumaron $ 14.825.000, la mayor parte de ese dinero la volvieron a transferir a Bertolio.
Aunque se dispusieron penas de entre 16 y 20 meses de prisión, el régimen es de “libertad a prueba”, lo que implica que deben presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio y cumplir cuatro horas de trabajo comunitario semanales durante 10 meses. En la audiencia de formalización, López Goldaracena planteó su disconformidad con que personas que participaron de un robo de cientos de miles de dólares no cumplan “ni un día de cárcel”.
En las formalizaciones quedan expuestos distintos roles dentro del círculo delictivo. Mientras Bertolio —con Rivero y Bernaola en su entorno más cercano— funcionaba como una especie de organizador del esquema y centralizador del dinero que volvía a su cuenta, Rey era la ejecutora de las transferencias irregulares, y una decena de personas (como los últimos cuatro formalizados) prestaban sus cuentas para el desvío haciendo de “mulas financieras”.
Para López Goldaracena, al tratarse de delitos patrimoniales, una condición para los acuerdos abreviados debió ser una “reparación económica” al fondo, dijo a Búsqueda. De cara a la próxima fase de la investigación, el abogado espera que se avance en la determinación del “destino final de los fondos”. Subrayó que el interés del Fosvoc es “llegar hasta las últimas consecuencias” y que asuman responsabilidades penales todos quienes participaron de la estafa.
El abogado entiende que todavía quedan por recorrerse “hipótesis” y “líneas de investigación”. Él tiene algunas en mente, pero prefiere mantenerlas en reserva: “No quiero adelantar el palo al que va el penal”.
Una hipótesis sin evidencias
Hay una hipótesis de trabajo de la fiscalía que todavía no tiene un reflejo en las condenas. En la audiencia de formalización de Bertolio, Bernaola y Rivero, la fiscal Gabriela Gómez —una de las principales investigadoras del caso— dijo que las declaraciones de testigos e imputados eran “casi unívocas” en que, con parte del dinero que se desviaba del Fosvoc, se financiaba “la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista”.
“Los tres hoy comparecientes imputados son eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia, de larga data, según surge de las propias declaraciones, y la cadena en sí va a seguir siendo investigada”, dijo. Ese mismo día, el fiscal Gilberto Rodríguez sostuvo en una rueda de prensa: “En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”.
En la última audiencia de formalización por el caso, la del pasado lunes 15 de diciembre, la fiscal Gómez insistió en este punto. “En lo que respecta al destino final (del dinero), como ya lo hemos señalado en alguna audiencia anterior, y se encuentra siendo aún investigado por esta fiscalía, tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca”, dijo, según publicó El País.
La secretaria de Finanzas del Sunca y exsecretaria de Finanzas del Partido Comunista, Laura Alberti, es una de las indagadas en la causa.
El 11 de junio, al declarar ante la fiscalía, Bertolio dijo que, si bien le llegaba a su cuenta dinero de personas que recibían transferencias irregulares del Fosvoc, también existían salidas de dinero permanentes de su cuenta. Según su testimonio, esas operaciones se hacían por “orden política”. Y ante la pregunta de quién le daba esa orden, respondió: “Laura Alberti me daba la orden. Laura Alberti era la secretaria de Finanzas del Sunca y yo era el secretario de Finanzas del departamento”.
Según Bertolio, ese dinero se movía después en efectivo. “El sindicato maneja plata en mano. Nunca hay transferencia ni para ellos ni para otros. Es todo, llevá para acá, manejá para allá, mové para acá, acá para allá”, dijo. En la declaración, a la que accedió Búsqueda, la fiscal Gómez comentó que en documentos analizados en la investigación efectivamente se ven salidas de dinero permanentes de la cuenta de Bertolio por decenas de miles de pesos. Aunque el exdirigente sostuvo que la mayoría de los movimientos se hacían con plata en mano, la fiscal dijo que también había transferencias realizadas.
Consultado sobre quiénes recibían ese dinero, Bertolio dijo que iba a integrantes de la estructura del sindicato y nombró a algunos. También se refirió en su declaración a una reunión en la que, según su versión, el secretario general del Sunca, Javier Díaz, le transmitió que era necesario “generar condiciones” en los fondos sociales para que en las elecciones nacionales de 2024 Óscar Andrade pudiera ser nuevamente senador y Daniel Diverio lograra una banca de diputados.
Andrade, al igual que los principales dirigentes del Sunca, ha negado de forma tajante que haya existido financiamiento del sindicato y del Partido Comunista con dinero de los fondos sociales. “Robar es un delito y la difamación e injurias también lo es. La Justicia va a investigar a fondo y cuando todo quede claro mucha tranquilidad de espíritu de no haber estado ni por un minuto difundiendo la versión de los sinvergüenzas. Tiempo al tiempo”, publicó Andrade en X en junio. Desde entonces se ha expresado en un tono similar en distintas entrevistas sobre el tema. También el Partido Comunista negó en un comunicado que exista financiamiento con dinero del Fosvoc, y respaldó a Alberti, Andrade y Diverio, ante las acusaciones de Bertolio, Bernaola y otros testimonios.
López Goldaracena dijo a Búsqueda que la hipótesis planteada por la fiscalía sobre un eventual financiamiento del Sunca y el Partido Comunista no tuvo hasta ahora “prueba” ni “evidencia”. Insistió, de todos modos, en que la investigación continúa y el fondo, al que representa, quiere que se llegue al destino final del dinero.
Para el abogado, el caso del Fosvoc marcó en este año algunos hitos que considera importantes. En esa línea sostuvo que la denuncia y la investigación marcan la importancia que tienen la “transparencia” y la “responsabilidad” para todas las organizaciones cuyo trabajo implica el manejo de dinero de un colectivo con fines específicos. Destacó como un hecho fundamental que se haya establecido la “responsabilidad penal” de quienes incurrieron en “maniobras de apropiación” y que no haya prevalecido la “impunidad” ante un caso así.
“Le hace bien a la sociedad que estos casos se investiguen rápidamente”, afirmó.
