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    Estudio refleja "injusticia" y "disparidad" en los resultados maternales y perinatales del SNIS

    Entre 2010 y 2022 ASSE tuvo mayores niveles de mortalidad materna, bajo peso en recién nacidos, partos pretérmino y sífilis congénita que las mutualistas

    Un reciente informe, que fue publicado en la última edición de la Revista Médica del Uruguay, determinó que existen disparidades significativas en los resultados de maternidad y nacimientos en el sector público, es decir, en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el sector privado del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) uruguayo, compuesto por las mutualistas y los seguros privados integrales.

    Este estudio, que analizó datos de entre 2010 y 2022, concluyó que hay una “injusticia reproductiva” al evaluar la evolución durante los 12 años de una serie de indicadores tomados como “instrumentos objetivos”: la mortalidad materna —que es considerada una muerte evitable—, el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la sífilis congénita, es decir, la que se transmite de la madre al niño durante el embarazo o en el momento del parto.

    Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, que fueron obtenidas a través de un pedido de acceso a la información pública, las muertes maternas fueron “siempre superiores en el subsector público”. La única excepción fue el año 2015, que hubo un índice de 16 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos en usuarias de ASSE, y 24 en el privado. En 2021, en tanto, se registró un “aumento sustancial” en el índice de las muertes maternas en salud pública, que triplicó al existente en los prestadores privados. Fue de 98 versus 31. “Se revela, así, cómo las condiciones socioeconómicas y su repercusión sanitaria siguen siendo un factor determinante de este evento”, establece el estudio.

    El aumento “dramático” de las muertes maternas que hubo tres años atrás, en relación a años anteriores, es explicado por los especialistas por la pandemia del Covid-19, y fue un incremento que se registró a nivel mundial.

    “La vacunación tardía en Uruguay con respecto a la región, que influyó en el retraso de vacunación a las embarazadas, es otra causa a analizar”, indica el informe, que también plantea una posible hipótesis sobre por qué el aumento fue diferente entre los prestadores de salud públicos y privados. Señala que podría deberse a diferentes perfiles de usuarias en el sector público, “quizás” con pacientes con mayor cantidad de factores de riesgo para una mala evolución de la infección, como la obesidad, y una “diferencia” en el acceso a cuidados intensivos, “lo que explicaría el aumento relativo de la mortalidad en el interior del país con respecto a la capital”.

    Por otro lado, la incidencia del bajo peso de los recién nacidos también es superior siempre en salud pública, lo que es "reflejo", según el estudio, de "las diferencias socioeconómicas”. Sumado a eso, el nacimiento de pretérmino, que se da de forma prematura, es “un problema general, donde las diferencias socioeconómicas también influyen”. Más del 60% de estos nacimientos ocurren en África y Asia del Sur. En Uruguay, es un “indicador más homogéneo” en relación a los otros que se compararon, con una tasa que ha oscilado entre 8,6% y 10% en los 12 años analizados entre los diferentes subsectores. En todo ese período el fenómeno muestra “una tendencia a ser superior en el sector público”, salvo entre 2011 y 2015, que fue mayor en el privado.

    El informe señala que la “injusticia reproductiva” se configura cuando hay presencia de riesgos para el proceso de desarrollo durante el embarazo de las mujeres y la primera infancia de los recién nacidos. Algunos de los determinantes de la salud apuntan a “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”, como los factores socioeconómicos y culturales que generan entornos desfavorables.

    “Esto determina una vulneración de los derechos de una parte de la población”, afirma el estudio, que fue realizado por especialistas de la Universidad de la República. Por la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina trabajaron Josefina Tarigo, Stephanie Viroga, Fernanda Nozar, Verónica Fiol y Leonel Briozzo; del Departamento de Medicina Preventiva y Social participó Regina Guzmán; y del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, Mijail Yapor.

    Sobre la sífilis congénita como indicador de la “injusticia reproductiva”, señalan que “es alarmante” porque es una patología prevenible, diagnosticable y fácilmente tratable. El estudio muestra una “inequidad” entre el subsector público y el privado, porque la tasa más baja registrada en ASSE es el doble de la tasa más alta del privado: 1,3 versus 0,6 cada 1.000 nacidos vivos.

    “Es preocupante el aumento drástico del período 2018-2020”, determina, y lamenta que carecen de información de los últimos tres años ya que no fueron publicados aún y tampoco pudieron acceder mediante un pedido de acceso a la información pública.

    En la discusión planteada en el informe, los especialistas de la Udelar plantean que mediante los “resultados primarios” que se obtuvieron se puede “reflexionar” y “profundizar” en ese tipo de estudios para “esclarecer si estas diferencias se deben solo a factores socioeconómicos a nivel público y privado, o existen otras debilidades en los servicios de atención a la salud vinculados a calidad y seguridad de la atención, infraestructura instalada de los servicios, redes de traslados, oportunidad y continuidad, organización de los servicios en la capital y en el interior del país, disponibilidad de camas de cuidados intensivos, que podrían ser otras causas, no pudiendo afirmar o negar a cuáles de ellas se debe”.

    Los derechos sexuales y reproductivos sin discriminaciones por su situación socioeconómica, étnico racial, ni de ningún tipo, fueron establecidos por Ley 18.426, que entró en vigencia en 2008.

    No obstante, la diferencia de los indicadores analizados entre los dos subsectores de atención “refleja que, a pesar de contar con un SNIS, existe una disparidad en la atención, revelando la existencia de poblaciones más vulnerables que presentan resultados desfavorables, siendo estas un potencial blanco de las políticas sanitarias para resolverlas”, agrega el estudio.