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Los abogados de oficio, quienes defienden en la Justicia a las personas de menores recursos económicos que no tienen la posibilidad de contratar uno particular, resolvieron iniciar una “petición administrativa” a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para reclamar la equiparación salarial frente al ingreso que reciben los jueces, según adelantó a Búsqueda la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Carolina Camilo.
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Si bien en 1990 quedó establecido en la legislación a través de la Ley de Presupuesto de ese quinquenio, y luego en sucesivas rendiciones de cuentas, que “la retribución” de los defensores públicos debe ser “equivalente” a la de los jueces letrados de primera instancia, decisiones posteriores, como la partida de vivienda que reciben los magistrados, generaron que no se cumpla en la actualidad, señaló Camilo. Según estiman, esa partida deriva en una diferencia salarial de casi $ 50.000.
Por esa razón, resolvieron iniciar un reclamo colectivo que fue firmado por cerca de 160 abogados de oficio —de los 300 que hay en todo el país— y que presentarán en las próximas semanas ante el máximo órgano del Poder Judicial. En la litigación serán representados por la abogada María Cristina Denino.
Con esta acción buscarán agotar por la vía administrativa su reclamo. En caso de recibir una negativa de la Corte iniciarán un juicio para reclamar lo que “colectivamente no se había vuelto a reclamar” desde 2006, adelantó Camilo, aunque sí ha estado en sus reivindicaciones de mayores recursos en el marco de rendiciones de cuentas. “Es un reclamo histórico como asociación”, aseguró.
La presidenta del gremio de defensores públicos consideró que hay una “injusticia” que los afecta porque, si bien tienen el sueldo base equiparado, los jueces reciben una partida por fuera que produce un “desequilibrio”. Como abogados de oficio, deben iniciar su carrera en el interior del país como primer destino y están obligados a residir en el lugar al que son asignados, lo que también en su caso debería compensarse. “No entendemos por qué no puede ser equiparado”, reclamó.
Esa realidad, consideran los defensores públicos, “desprestigia” la función y hace que muchos profesionales opten por otros cargos, como aspirar a ser jueces o fiscales. Mientras que el salario nominal de un defensor público del interior es de $ 152.753, el de un fiscal letrado del interior es de $ 231.689 y el de un juez del interior es de $ 238.562. Para los abogados de oficio que se desempeñan en Montevideo, el ingreso nominal es de $ 172.826, el de un fiscal es de $ 297.595 y el de un juez es de $ 272.609, según establece la rendición de cuentas de Adepu de 2023. Su pedido, sin embargo, no ha sido contemplado.
Independencia del Poder Judicial
En paralelo a la equiparación salarial, la Comisión Directiva de Adepu resolvió solicitar una reunión a los candidatos a la presidencia para reclamar que la Defensoría Pública logre una independencia del Poder Judicial en un próximo gobierno, lo que les permitiría reclamar presupuesto de forma directa y fortalecer el servicio. Este reclamo se arrastra desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez. El Frente Amplio y el Partido Colorado lo contemplan en sus programas de gobierno para estas elecciones, mientras que en el del Partido Nacional no hay mención a la Defensoría Pública.
En las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio, se incluye como uno de los puntos “la eventual creación de una Defensoría General de la Nación” en el marco de un fortalecimiento de la Defensoría Pública, “así como otras modalidades de prestación de servicios legales para grupos vulnerables, con énfasis en las víctimas del delito de violencia de género y de la criminalidad organizada”. En agosto de 2022, el Frente Amplio ya había propuesto que se transforme en un servicio descentralizado, con su propio presupuesto, sin injerencia de los jueces, que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, aunque ahora también impulsa la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otro lado, el programa del Partido Colorado, en el capítulo referido a la Justicia nacional, establece que, “atendiendo al histórico reclamo” de la institución, constituirán la Defensoría Pública en un servicio descentralizado que articule con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya creación es otro de sus planteos. De esa forma obtendría la independencia del Poder Judicial.
“Hoy en día, Uruguay es el único país de la región en el que la Defensoría Pública no goza de este tipo de independencia funcional. Esta medida la dotará de autonomía presupuestal, alivianando a su vez el gasto del Poder Judicial”, indica el documento.
En las reuniones que pretenden tener con los candidatos, los defensores públicos reclamarán por la descentralización del servicio, así como la asignación de mayores recursos que hagan frente a la “sobrecarga de trabajo” que tienen.
En la actualidad los abogados de oficio son quienes asisten a las víctimas y a los imputados en la mitad de los casos de familia, a más de nueve de cada 10 víctimas de violencia doméstica y en casi la totalidad de los casos penales: homicidios, rapiñas, hurtos, receptación, narcotráfico. Según la rendición de cuentas de 2023 que realizaron se necesita un mínimo de 68 nuevos cargos de defensores públicos en el interior y 57 en Montevideo para “brindar un servicio de calidad” y “cumplir mínimamente con la asistencia letrada impuesta”.
