En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Fiscal de lesa humanidad juega su “última carta” en busca de información de desaparecidos
La promesa de no perseguir a quienes participaron “tangencialmente” de enterramientos para alentarlos a aportar información es un “cambio de estrategia”; seguir buscando con “información rudimentaria” tiene “poco sentido”, dice Perciballe
Restos óseos en el batallón 14. Foto: Sofía Torres
Cuatro años pasaron entre los últimos dos hallazgos de desaparecidos durante la dictadura. Antes de que a principios de junio se confirmara la presencia de nuevos restos humanos en el Batallón Nº 14 —todavía sin identificar—, se habían encontrado los de Eduardo Bleier en 2019. Para llegar al siguiente antecedente, el de Ricardo Blanco, hay que ir siete años atrás. En ese contexto, el reciente descubrimiento, al mismo tiempo que renovó las esperanzas, también dejó claro que para tener mejores resultados es necesaria más información.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El viernes 21 la Fiscalía General de la Nación convocó a una conferencia de prensa, que fue encabezada por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, para hacer pública la información alcanzada hasta el momento sobre los restos que se encontraron el mes pasado. A su lado se sentaron otros actores comprometidos en la búsqueda, como la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Lusiardo; el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler; y el integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea.
En esa instancia, Perciballe hizo un llamado público a que las personas que hayan tenido que ver con el enterramiento de detenidos desaparecidos “de forma tangencial” brinden información, con la seguridad de que no serán acusados de cometer un delito. El fiscal les habló a través de los medios de comunicación a soldados que pudieron haber transportado a las víctimas, cavado pozos o custodiado los lugares de enterramiento para que “rompan con las ataduras del pasado” y sepan que los datos pueden “sanar heridas que quedan pendientes”.
Esa declaración responde a un cambio de estrategia de la Fiscalía, con el objetivo de hacer el “último intento” por “rescatar información válida o de significación”, según dijo Perciballe a Búsqueda. “Era el último paso que había que dar. Hacía tiempo lo estaba pensando”, contó, y explicó que es una forma de “abrir la cancha” con un “instrumento que nunca se había manejado” y en el marco de la “necesidad” de obtener datos “relevantes”.
“Con los propios responsables hemos perdido toda esperanza, y tampoco es la política de cambiar información por impunidad”, indicó.
El fiscal aseguró que, a diferencia de los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, las antes mencionadas son “conductas punibles”, para las cuales “se podría forzar interpretación de encubrimiento”, pero que el período para adjudicar una responsabilidad se extinguió, por lo que las personas “no deben tener temor a ser perseguidos penalmente”.
“El único que puede perseguir estos delitos es la fiscalía especializada, que está diciendo no va a haber persecución, porque se entiende que está prescripto”, reafirmó Perciballe. El fiscal desconoce si esta “apuesta” de la Fiscalía dará “resultado”, pero está convencido de que “es una carta que había que jugar” porque los trabajos de búsqueda se están realizando con “información rudimentaria”. Encontrar “un desaparecido cada cinco años” es un camino al que le ve “poco sentido”.
“Apelamos a la parte más humana, no se va a reprochar penalmente a nadie, y lo que se intenta es obtener el objetivo, que es la búsqueda de desaparecidos”, dijo Perciballe. El fiscal aclaró que los responsables de los crímenes sí serán perseguidos. “En esas causas la política criminal va a ser de firmeza y de ejecución”, aseguró.
Según contó, hasta ahora no han tenido investigaciones basadas en testimonios de soldados —salvo del asesino de Nelson Berreta—, por eso, convencidos de que pueden aportar información nueva, decidieron apostar a ellos. A su vez, dijo que los casos de torturas y desapariciones forzadas “apuntan a oficiales” en su mayoría del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, al Servicio de Información y Defensa y Boiso Lanza.
Apoyo unánime
La propuesta de exhortar de forma pública a que soldados colaboren con información para avanzar en los trabajos, que surgió de la Fiscalía, fue planteada antes a organizaciones, para conocer si había oposición. La respuesta fue unánime en acuerdo con la propuesta.
Lusiardo, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, aseguró durante la conferencia de prensa que a partir de los análisis quedó “plenamente establecido” que la causa de muerte de la persona a la que pertenecen los restos encontrados fue violenta. Perciballe añadió que existe la “certeza absoluta” de que se trata de una persona detenida desaparecida y que “es responsabilidad del Estado” su desaparición forzada.
Los análisis de laboratorio realizados no arrojaron “coincidencias” o un “match significativo” con las muestras que forman parte del banco genético, por lo que no se pudo determinar la identidad del cuerpo. Sí “se redujo enormemente la cantidad” de posibilidades, aseguró Lusiardo. A partir del informe genético, en la conferencia de prensa adelantó que no se trata de Elena Quinteros ni de María Claudia García de Gelman. Señaló que hay “varios casos de mujeres desaparecidas” de las cuales hay “pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión”.
Por esa razón el equipo busca “completar” la lista con la “mayor cantidad posible” de familiares de detenidos desaparecidos, dijo Errandonea, tanto de quienes residen en el país como en el exterior.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyará la búsqueda de muestras de algunos familiares de víctimas que se encuentran en el exterior, lo que implica el traslado de las personas para obtener la muestra y luego su transporte hacia Uruguay.
