Con esos elementos desplegados, Andrade salió decididamente a responder en declaraciones en distintos medios. “Les adelanto el resultado de esto: esta causa se va a archivar sin tener ningún vínculo ni con el Sunca ni el Partido Comunista. No van a encontrar ni un peso partido por la mitad que haya ido al Sunca, al PCU o al plebiscito”, dijo en Las cosas en su sitio de Radio Sarandí. Argumentó que quienes involucran al sindicato y al partido son los “sinvergüenzas” que se organizaron para llevar adelante una “estafa” y fueron detectados infraganti. También el diputado Diverio se refirió al tema en una rueda de prensa el martes 17: “Decimos con toda la tranquilidad y con mucha firmeza que no hay ningún elemento que pruebe ningún vínculo con esa estafa, ni con el Partido Comunista ni con el Sunca, como tampoco con otros compañeros y compañeras que se nombran”.
En este nuevo escenario, sí llegó el pronunciamiento público del PCU. “Ante la pretensión de los sujetos condenados por estos hechos delictivos de involucrar al PCU, nuestro partido niega en forma contundente haber recibido dinero alguno del Fosvoc”, afirma el texto difundido el martes 17, que respalda “con firmeza” a Alberti, Andrade y Diverio.
El comunicado del PCU anunció también que Andrade y Diverio se pondrían a disposición de la fiscalía. Y así sucedió ese mismo día. Lo hicieron a través de una carta y bajo la representación de los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez.
Fernández fue secretario de Presidencia y titular de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. También fue catedrático grado 5 de la Facultad de Derecho estatal.
La mayoría de los otros sectores del Frente Amplio se mantuvieron en silencio. Sí hubo un respaldo público de la vicepresidenta Carolina Cosse. “El senador Óscar Andrade ha sido claro y contundente: ni él ni el Partido Comunista participaron del esquema fraudulento del fondo de vivienda. Hasta el momento, nadie ha presentado una sola prueba que indique lo contrario”, escribió en su cuenta de X.
Los desvíos de dinero del Fosvoc llegaron el lunes 16 al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Allí, según dijeron a Búsqueda fuentes frenteamplistas, la diputada comunista Ana Olivera hizo un reporte en una línea similar a la del comunicado público. Los integrantes del secretariado se limitaron a escuchar y alentar a que se investigue exhaustivamente.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que siguen con atención y “prudente distancia” el transcurso de la investigación.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT también emitió un comunicado sobre el tema. “Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros del Sunca ante eventuales acusaciones realizadas por los sujetos condenados”, dice uno de los puntos del texto. En otros pasajes, recuerda que fue el Sunca el que presentó la denuncia penal, junto con las cámaras empresariales, repudia la “usurpación” del fondo y las conductas “contrarias al movimiento sindical y sus tradiciones”.
Avances en fiscalía: “maniobras” y “eslabones”
Desde que comenzó la investigación a mediados de enero, más de 30 personas brindaron declaraciones en el marco de la causa. Con base en esos testimonios y en información procesada con apoyo de la Policía de Delitos Financieros, la fiscalía apunta a que las irregularidades responden a una estructura más amplia que la de los primeros condenados.
A Bertolio, Bernaola y Rivero se les imputaron delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia, y deberán cumplir condenas de poco más de dos años. Bertolio fue presidente del Fosvoc en 2024 y el principal delegado del Sunca desde 2019.
“Los tres hoy comparecientes imputados son eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia, de larga data”, explicó la fiscal Gabriela Gómez, parte del equipo del fiscal Rodríguez, en la audiencia en la que el juez Sebastián Amor determinó el jueves 12 la condena de Bertolio, Bernaola y Rivero por acuerdo abreviado. La investigadora detalló que de forma “casi unívoca” las declaraciones recabadas aluden a que parte del dinero desviado “tenía como finalidad financiar la estructura sindical del Sunca o al Partido Comunista”.
“La cadena va a seguir siendo investigada”, afirmó.
El informe que hizo la fiscal Gómez ante el juez sintetiza el esquema que los investigadores van trazando del caso. Hasta ahora, las maniobras de desvío identificadas ascienden a $ 47,5 millones de pesos y US$ 22.260. Esto es, en total, más de US$ 1,1 millones. Además de los tres ya condenados, hay al menos otros 12 indagados.
Para hacerse de esos montos de dinero, el esquema se sirvió de distintos mecanismos. El primero en ser identificado, y el que desembocó en la denuncia penal presentada en enero, fue mediante transferencias bancarias no autorizadas realizadas durante 2024. En principio, se trata de 193 operaciones irregulares.
Quien ejecutó estas transferencias fue Stella Rey, funcionaria del fondo desde 2005, que tenía un cargo de jefa de departamento y autorización de uso de las cuentas bancarias para el pago de remuneraciones. Entre las cuentas a las que se transfirió dinero irregular están las de varios exdirigentes del Sunca o allegados a ellos. El sindicato expulsó desde diciembre a nueve integrantes por su vinculación con las irregularidades.
Rey fue despedida del Fosvoc en enero, y en febrero debió declarar en fiscalía. En las explicaciones que dio reconoció su participación en transferencias no autorizadas y apuntó a Bertolio; dijo que actuaba por orden o pedido de él, según fuentes al tanto de la investigación.
Este miércoles 18, Rey volvió a declarar en fiscalía. El equipo del fiscal Rodríguez tiene previsto pedir su imputación, informó el El País. Para eso se convocará una audiencia de formalización en los próximos días.
Un segundo tipo de maniobras para desviar dinero del Fosvoc fueron las “partidas especiales”. Este mecanismo se utilizó, principalmente, en 2023.
Las “partidas especiales”, explicó la fiscal Gómez en la audiencia del jueves 12, son solicitudes de beneficios económicos no reembolsables ante situaciones vinculadas a emergencias de salud o habitacionales de integrantes del sindicato. Estas solicitudes ingresaban a la directiva del fondo a pedido generalmente del Sunca y firmadas por Bertolio y Bernaola. Una vez autorizadas, se emitían cheques al portador por los montos acordados.
En el año 2023 la fiscalía identificó 43 solicitudes de partidas especiales. “De las 43, solamente tres correspondían a beneficiarios que existían (...). Todas las demás correspondían o a usuarios inexistentes, o a nombres que no correspondían con la cédula (...). Es decir, esos usuarios literalmente no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca”, explicó. Gracias a ese mecanismo, Bertolio retiró durante 2023 cheques por un monto aproximado de $ 9.446.563 y en 2024 por $ 1.146.842, detalló.
Otra operación instalada en el funcionamiento del fondo eran las llamadas “partidas espejo”. El nombre alude a que cuando se aprobaba una “partida especial”, se destinaba en paralelo un monto de dinero similar a instituciones que dispusieran las cámaras empresariales. Habitualmente las organizaciones destinatarias de estos fondos eran Fe y Alegría, Fundación Sofía y Fundación Manuel Quintela. También recibía eventualmente “partidas espejo” la cooperativa educativa Coopintare, que está a cargo de la gestión de dos de los cuatro centros Siempre, de atención a la infancia, promovidos por el Sunca y las cámaras empresariales. Los otros dos centros Siempre están a cargo de Fe y Alegría.
Las “partidas espejo”, según detalló la fiscalía, se otorgaban habitualmente contra rendición de gastos de las organizaciones beneficiadas. En este punto, encontraron irregularidades en dinero otorgado a Coopintare. Cheques que tenían como destino a la cooperativa fueron retirados por Bertolio y Bernaola. Bertolio retiró tres por $ 200.000 y uno por US$ 25.000; Bernaola uno por $ 150.000. El coordinador de Coopintare declaró ante la Policía que no recibió en 2023 y 2024 prestaciones económicas del fondo, aunque sí le entregaron una camioneta Renault Kangoo. Esa camioneta la compró Bertolio por US$ 20.240. Pagó con el cheque de US$ 25.000 y la diferencia le fue reintegada a su cuenta bancaria personal por el dueño de la automotora.
Tras explicar las distintas maniobras, la fiscal Gómez indicó que es posible que el dinero desviado haya derivado en “la adquisición de bienes, muebles e inmuebles” y que eso está siendo investigado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Y volvió a insistir: “Es importante destacar que han sido muy compatibles las declaraciones en cuanto a que existía o existe un sistema de financiamiento del Sunca y del Partido Comunista”.
Los roles de Bertolio, Bernaola y Rivero en el Sunca y el PCU
Bertolio pasó a presidir la comisión directiva del Fosvoc en representación del Sunca a principios de 2024 y desde años anteriores era el principal delegado del Sunca en ese fondo. En paralelo, tenía otras responsabilidades que involucraban el manejo de dinero: era secretario de Finanzas de la departamental de Montevideo. Además, fue integrante del Consejo Directivo Nacional del sindicato.
A Rivero, fuentes del Sunca lo describieron como un militante con mucha capacidad para organizar obras en el zonal Carrasco, del que era responsable. A su vez, estaba a cargo del Área Social del sindicato en la dirección departamental de Montevideo. Bernaola, por su parte, cumplía funciones en la Secretaría de Organización en Montevideo.
Los tres condenados tenían militancia activa también en el Partido Comunista. Su actividad partidaria era a través de la seccional Agustín Pedroza, integrada principalmente militantes de la construcción. Dentro de ese espacio, Bertolio era responsable de la agrupación Henderson Cardozo, en la que también trabajaba como secretario de organización Rivero. Bernaola, por su parte, estaba a cargo de la agrupación Toto Villanueva.
Fiscal Rodríguez: Andrade y Diverio “hasta el momento” no son imputados
En el escrito que presentaron en fiscalía, al que accedió Búsqueda, Andrade y Diverio manifiestaron su “absoluta voluntad de estar a derecho en la investigación” si así lo “amerita” el trabajo desarrollado por la fiscalía. Esto, detallan, lo plantean en respuesta a que el fiscal Rodríguez dijo el jueves 12 que no descartaba su citación luego de que fueran mencionados por los condenados. Al mismo tiempo, los legisladores comunistas solicitan que se les indique si “detentan la calidad de imputados” en la investigación. En caso afirmativo, informan que los defenderán los abogados Fernández y Domínguez.
El fiscal Rodríguez respondió al escrito el martes 17. Allí señaló que “hasta el momento” Andrade y Diverio “no se encuentran en la calidad jurídica de imputados”. Si lo fueran en algún momento, agrega, “serán enterados inmediatamente”.
El equipo del fiscal Rodríguez tiene previsto la semana que viene hacer cerca de ocho citaciones nuevas. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que están “indagadas” en la investigación y que recibieron dinero proveniente del Fosvoc en maniobras irregulares.
¿Dónde fue el dinero?
Casi todos los pronunciamientos públicos respecto al desvío de fondos coinciden en un punto. Con distintos términos, sea el Partido Comunista, el PIT-CNT o Cosse, se reclama que la investigación sea “exhaustiva” y que se llegue hasta el “fondo”.
En un tono similar se expresó el abogado Óscar López Goldaracena, que representa a la comisión directiva del Fosvoc. En un momento de la audiencia del jueves 12, aunque dijo compartir las imputaciones de delitos para Bertolio, Bernaola y Rivero, hizo una serie de planteos respecto al curso de la investigación.
Entre ellos, señaló que “en ningún momento” se insinuó siquiera “una reparación” del daño económico a un fondo que pertenece a los obreros de la construcción. “Es interés y voluntad de la institución que represento (el Fosvoc) continuar hasta el final de esta investigación a los efectos de determinar dónde está ese dinero, que se devuelva ese dinero”, afirmó.
Aunque no aludió expresamente a la hipótesis sobre el financiamiento al Partido Comunista y el Sunca, en esa intervención también apuntó que para “realizar algunas valoraciones” la fiscalía se está basando en “versiones de los propios imputados”.
“Queremos que la investigación continúe y que no se llegue a la conclusión de que acá el crimen paga. Porque con dos, tres años, cuatro años que se puedan dar de penitenciaría… ¿Qué se va a recuperar? ¿Se va a hacer justicia con un millón de dólares que se les robaron a los obreros? Por favor”, consideró.
Para cerrar, insistió en que quiere que se determine adónde fue el dinero. “No con conjeturas ni declaraciones de imputados. Que se pruebe, que se nos devuelva el dinero”.
También el secretario general del Partido Comunista y ministro de Trabajo, Juan Castillo, en una rueda de prensa el miércoles 18 dejó entrever cierta molestia respecto a que el fiscal Rodríguez se haya referido públicamente a un eventual financiamiento del Partido Comunista con los desvíos de fondos. “Se dicen algunas cosas públicamente que después es difícil andar aclarando. Hay que ser más cuidadosos y prudentes en el manejo de las afirmaciones que se hacen”, dijo. Los periodistas le preguntaron si se refería al fiscal Rodríguez. “Ustedes lo saben”, se limitó a responder.
