Fiscalía solo analizó el 15% de las estafas y el 28% de las extorsiones en 2024; lo atribuyen al aumento de denuncias

En 2024, por ejemplo, la Fiscalía logró analizar el 100% de las denuncias de delitos graves, como los homicidios, delitos sexuales, violencia doméstica, estupefacientes, rapiñas y lesiones graves y gravísimas, según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó Búsqueda, que fue respondido por el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) del Ministerio Público. Sin embargo, otros delitos tienen un porcentaje bajo de análisis, como las denuncias por daños, que solo se analizaron el 8%, las amenazas, el 12%, y las estafas, el 15%.

Fuentes de la Fiscalía, el organismo encargado de dirigir las investigaciones penales, indicaron a Búsqueda que la caída en el caso de las estafas y las extorsiones se debe a que hubo un aumento de las denuncias por estos delitos, que años atrás no eran frecuentes, y también por una complejidad en las investigaciones.

En ese contexto de incremento de las estafas, que se triplicaron entre 2018 y 2022 y luego siguieron en aumento, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, pedirá en el próximo Presupuesto los recursos para crear dos fiscalías especializadas en ese delito, una solicitud que se dará mientras transcurren investigaciones como las de Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte, llevadas adelante por las fiscalías de Delitos Económicos.

A la vez, para mejorar la cantidad de denuncias de estafa analizadas, la Fiscalía trabaja en la creación de un índice para la priorización del trabajo, un mecanismo que ya existe para los hurtos, la violencia doméstica y las rapiñas, indicaron las fuentes consultadas. En el caso de las rapiñas, es decir los robos con violencia, el mecanismo permitió pasar de niveles de análisis de 35% en 2022 y 38% en 2023 a cubrir el 100% en 2024.

Esto también fue posible porque hubo un descenso de la cantidad de rapiñas. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el año pasado bajaron un 22% las denuncias en relación con 2023, y un 43% respecto a 2019.

Priorización de denuncias

Cuando el Ministerio Público recibe las denuncias, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación hace un análisis primario, y las clasifica a partir de criterios objetivos definidos según su gravedad y prioridad. “En ningún país del mundo se investiga la totalidad de las denuncias que se registran”, dice la respuesta al pedido de acceso a la información.

Los criterios para priorizar los delitos fueron reglamentados por escrito en la Instrucción General Nº 4, de setiembre de 2017, que hace referencia a las características del hecho, la cantidad de víctimas afectadas y la gravedad, si requieren protección especial, y si se trata de una organización criminal o de un delincuente “ocasional”. Luego, existen criterios “secundarios”, como la posibilidad de avanzar en la investigación con base en la evidencia existente y las dificultades que pueden existir —en caso de proseguir—, como posibles obstáculos o el tiempo transcurrido, que suele dificultar el acceso a pruebas. Otro de los puntos que se toman en cuenta son los recursos humanos y materiales disponibles para la indagatoria.

También se han incorporado índices de priorización para algunos delitos, con base en datos del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio, que ordenan las denuncias para el análisis.

En el caso de los delitos particularmente graves, como los sexuales, el tráfico y la trata de personas, los vinculados con armas de fuego, la privación de libertad, los homicidios y la extorsión, entre otros, la “DPA se asegura (de) que ingresen a la bandeja de trabajo de las fiscalías correspondientes en no más de cinco días hábiles a partir de su creación” en el sistema, dice el documento.

Todas las denuncias que ingresan a la Fiscalía son preasignadas por la DPA a la sede que se encuentra de turno a partir de criterios previamente definidos, como lugar y fecha en la que ocurrió el hecho. En el caso de Montevideo, Maldonado, Salto y Rivera, también se toma en cuenta el tipo de delito, porque cuentan con fiscalías especializadas o semiespecializadas. Esto permite que, en situaciones de flagrancia o de urgencia, la Policía se comunique directamente con la fiscalía que corresponde.

Luego existen tres vías para que los casos ingresen a las bandejas de trabajo de los fiscales. Por un lado, está la autoasignación por parte de las unidades fiscales, por la competencia territorial, especialización y fecha del hecho denunciado. Desde 2024, también existe el mecanismo de asignación aleatoria que se aprobó en la Rendición de Cuentas de 2021, que se hace a partir de un sistema informático que no se puede predecir. La tercera vía es la asignación directa, para las denuncias en las que se identifican conexiones con otros casos.

El informe de la Fiscalía concluye que “las herramientas que brinda el CPP y la organización del trabajo interno establecido en la Fiscalía permiten analizar y dar una respuesta primaria a una proporción significativamente mayor de denuncias” que antes de 2017, y que ese cambio estructural disminuyó de forma “muy notoria la probabilidad de que una denuncia grave o prioritaria no sea detectada y permanezca sin investigarse”.