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    Funcionarios del Poder Judicial destituidos por acoso laboral serán condenados por abuso de funciones

    La Fiscalía alcanzó un acuerdo con Alzer Arezo e Ignacio Wilf, que reconocieron su culpabilidad y serán condenados por procesos abreviados

    La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, pidió a la Justicia la formalización de la investigación contra Alzer Arezo e Ignacio Wilf, dos extrabajadores de la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial involucrados en denuncias de acoso y violencia laboral, según surge de la solicitud a la que accedió Búsqueda.

    El fiscal planteó en el escrito que surge de la carpeta investigativa que “ejercieron diversos actos y destratos a numerosos funcionarios subalternos” que estaban bajo las órdenes de Arezo, pero que Wilf “replicaba” ante la ausencia de su superior, y “conformaron verdaderos actos arbitrarios cometidos con abuso de sus cargos y en demérito de la función, causando perjuicio institucional” al departamento del Poder Judicial y a los funcionarios que se vieron afectados.

    Los exfuncionarios realizaban “controles desmedidos de las tareas de los funcionarios, formulando correcciones menores y sin sentido, desnaturalizando la tarea y autonomía de los funcionarios, generando con ello un desgaste anímico y una sobrecarga laboral innecesaria en el servicio”, tal como surge de la resolución que los ministros de la Suprema Corte de Justicia emitieron por unanimidad a finales de agosto de 2024, a través de la cual fueron destituidos, y que fue citada en el pedido de formalización.

    En su escrito, la Fiscalía asegura que las actuaciones que realizaban contra funcionarios administrativos y profesionales del servicio “implicaban un verdadero acoso laboral, moral o mobbing; con destratos personales, ensañamientos, cambios de tareas injustificados, controles estrictos fuera de lo normal, prohibiciones en la interrelación entre los empleados o con rigor de tiempo para comer o desempeñar determinadas tareas”. Como consecuencia, produjeron “perjuicios en los derechos humanos de los funcionarios, en su dignidad, honor, integridad”, así como también “miedo por el ejercicio de las tareas, incluso provocando que varios de ellos fueran sometidos a tratamientos médicos y/o psicológicos”.

    El fiscal consideró que, con su conducta, Arezo y Wilf “denotaron un claro abuso de sus funciones, obrando con exceso y desviación de su poder, en referencia al correcto desempeño funcional”. Por tanto, pidió la imputación para ambos por “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”.

    Según surge del escrito, serán condenados a través de un proceso abreviado el próximo jueves 20 de febrero tras alcanzar un acuerdo con los imputados y sus defensas.