—¿Qué cambió en estos años desde que dejó el INR? La situación no es la misma, por ejemplo la cantidad de presos se incrementó…
—Cambió, pero para mal, porque es un sistema que está mucho más sobreexigido. Tiene un colapso estructural desde hace al menos cuatro décadas, y todas las medidas que se han hecho son paliativas. En estos últimos cinco años hubo una sobreexigencia por el aumento de la población privada de libertad, que tampoco fue acompañada de más recursos. El colapso tiene que ver mucho con las decisiones de política criminal, de que la cárcel se use mucho y mal. El Estado ha sido muy poco creativo en buscar respuestas alternativas al encarcelamiento. Contra lo que dicen todas las recomendaciones internacionales, de que la cárcel tiene que ser el último recurso y cuando no exista otra medida menos lesiva, acá cada vez apelamos más a la cárcel para todo.
—El Libro Blanco de la reforma penitenciaria, que se elaboró durante este gobierno y que cita varias de sus publicaciones, plantea diseñar una política criminal. ¿Qué cambios se deberían hacer?
—En primer lugar, determinar qué conductas se consideran delitos y qué reproches penales va a haber para cada uno. Creo que en esto de pensar una política criminal armónica hay que revisar todas las normas: las penales, las procesales penales, y por supuesto las que tienen que ver con la ejecución de la pena. La política criminal va a tener que repensar el uso de la cárcel en forma tan masiva. Está probado que la cárcel no cumple con ninguno de sus fines: no incapacita porque las personas cuando están encarceladas siguen cometiendo delitos, y no disuade porque las personas salen y al tiempo retornan.
—Según datos del Ministerio del Interior, casi siete de cada 10 presos vuelven a delinquir.
—Sí, retornan a la cárcel en proporciones alarmantes. Casi siete a los tres años, pero tres al año de haber salido. La vuelta es muy rápida y no rehabilita, porque como dice el Comisionado Parlamentario, de acuerdo a sus propios indicadores, solo el 17% accede a buenas oportunidades de reinserción o de rehabilitación. Además, según el último informe la cantidad de gente que está en condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes es ampliamente mayoritaria, y después hay una cantidad similar de personas que no están en condiciones tan espantosas, pero igual no pueden acceder a la rehabilitación. La cárcel como la hemos desarrollado es, además de costosísima en términos presupuestales, muy costosa en términos de daño social. Está de alguna forma consolidando la conducta criminógena en personas que tienen bajos riesgos o que se han aproximado al delito como consecuencias puntuales.
—¿Cree que hay delitos penados con cárcel que no deberían serlo? ¿O al menos no para primarios?
—Hay una combinación de ambas cosas, porque también el país ha avanzado en tipificar nuevas conductas como delitos, y también ha avanzado en que esos delitos sean punidos con cárcel. También tenemos que ser conscientes de que esto tiene otra pata y es que las alternativas a la privación de libertad guardan directa relación con la calidad con que se supervisan las medidas sustitutivas. Es decir, si nosotros no tenemos un sistema de medidas sustitutivas fuerte, probablemente sigamos apostando por la cárcel. Además, las personas van a ir a la cárcel porque no pueden cumplir la medida alternativa, porque no tenemos un personal idóneo, ni abordaje técnico, ni tenemos la misma disponibilidad o el mismo catálogo de servicios y de prestaciones en todo el territorio nacional, sino que está concentrado en el área metropolitana.
Cárcel Comcar Módulo 4 Santiago Vázquez
Módulo 4 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez
Mauricio Zina / adhocFOTOS
—¿Hay recursos suficientes para vigilar el cumplimiento de las medidas alternativas?
—No, para nada. La Dinama (Dirección Nacional de Medidas Alternativas) sigue siendo un órgano del Instituto Nacional de Rehabilitación que no tiene presupuesto autónomo, no tiene autonomía técnica, depende todo del INR. El INR es una institución que está hipertrofiada lo que también se traduce en necesidades enormes. Se fagocita todos los recursos. Entonces, es muy complicado desarrollar un sistema que piense también en un paradigma de justicia restaurativa, con la reparación del daño, con la responsabilización activa de la persona.
—¿Piensa en planes específicos para cada delito?
—Los planes son de acuerdo a los riesgos que están relacionados a la conducta delictiva, eso es lo que dicen los modelos basados en evidencia. Las personas tienen un conjunto de características que son estáticas y que no se pueden modificar: la edad, la trayectoria delictiva... Pero después hay otra cantidad de factores que son dinámicos, que sí pueden con intervenciones organizadas, que generalmente son casi todas de corte cognitivo-conductual.
—¿Cómo trabajan?
—Son programas que trabajan sobre el estilo de pensamiento, sobre las actitudes, sobre el control de la violencia. Hay otros que trabajan específicamente la agresión, la violencia basada en género, la violencia interpersonal, y otros en la toma de decisiones asertivas, en el pensamiento prosocial, es decir, que las personas puedan reflexionar, y en el uso problemático de drogas y de alcohol. Nadie nace usuario problemático de drogas ni usuario problemático de alcohol, son conductas que se adoptan y que también es posible trabajar para cambiarlas.
—¿Se van a desarrollar esos programas?
—Ya hubo programas, pero siempre en escala pequeña, y en estos años hubo un retroceso importante. Igualmente, las necesidades, las emergencias son tantas, que evidentemente primero vamos a necesitar pensar en estrategias para paliar el hacinamiento, las malas condiciones de reclusión, el acceso al agua y a la salud.
—¿Qué medidas proponen para reducir el hacinamiento? ¿Van a pedir al Parlamento que vuelva a habilitar la redención de la pena para delitos que perdieron el beneficio o la suspensión condicional del proceso?
—Sí, eso es sustantivo. Pero más que pedir creo que tenemos que ser proactivos en la generación de instrumentos, del articulado, o de poder promover nuevas leyes para achicar la boca de entrada, con estrategias de derivación, inclusive derivación temprana para delitos que son menores, o para personas que son primarias y el delito está relacionado con cosas circunstanciales. Puede ser, por ejemplo, el uso problemático de drogas. Ahí la persona no necesita estar encarcelada, necesita recibir tratamiento porque es una cuestión de salud. La suspensión condicional del proceso es una herramienta que fue derogada y es importante recuperarla para controlar un poco más el ingreso. También es necesario ampliar la boca de salida y acompañar a la persona que necesita reinsertarse socialmente.
—¿Tiene que haber una política también de comunicación hacia la sociedad?
—Sí, la sensibilización pública es sustantiva, porque la respuesta siempre fue la cárcel. En segundo lugar, porque se conoce poco de qué se tratan las medidas alternativas y, en tercer lugar, porque el sistema de medidas alternativas es muy débil. Lo primero que hay que entender es que una sanción no privativa de libertad no es impunidad, porque la persona está obligada a cumplir un montón de responsabilidades, un elenco de medidas cautelares que vienen con la sentencia, que pueden ser desde los trabajos comunitarios a un tratamiento para el uso problemático de drogas, conseguir un trabajo o formarse… No es que me voy para mi casa como si nada. Y todo el sistema penal tiene que estar convencido de la validez de las medidas, del resultado que tiene en otros países en relación con la privación de libertad. Es mucho más efectiva y más barata.
—Las medidas alternativas con respecto a los costos y a la eficacia, ¿cómo se comparan en relación a la cárcel?
—En Uruguay no podemos hacer nada porque no tenemos ningún estudio de impacto ni ninguna evaluación de ninguna implementación, pero a nivel internacional siempre las medidas alternativas son más efectivas, sobre todo la libertad vigilada. Pero no en todos lados funciona ni para todo el mundo. No estamos hablando de personas que cometen delitos importantes, de violencia.
—¿En quiénes deberían aplicarse?
—Podemos pensar en un plan gradual, que pudiera ser por ejemplo para las personas primarias, para las mujeres que tienen hijos e hijas a cargo o personas adultas a cargo y que son las responsables de los cuidados, para personas que ya tienen vulnerabilidades sociales y que llegan al mundo del delito porque necesitan ingresos. Sobre todo estoy pensando en las mujeres, que se relacionan en los delitos de drogas, generalmente como el eslabón más débil de esa cadena. Hay que buscar soluciones y medidas alternativas para que puedan acceder al trabajo, pero también a los cuidados. Necesitamos políticas integrales que miren las situaciones específicas. También hay programas que tienen que ver con monitoreo de medios telemáticos, las tobilleras electrónicas funcionan muy bien para evitar el acercamiento a las víctimas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con violencia interpersonal o con violencia basada en género.
—En relación a las mujeres, en los últimos años aumentó la población carcelaria femenina, que ahora representa alrededor del 8%, cuando en 2019 era cercana al 5%. ¿Qué medidas piensan tomar?
—Ahí tenemos un impacto directo de la política criminal y de la decisión de imponer la privación de libertad en determinadas conductas relacionadas con la ley de drogas, que además tienen un perfil muy particular. Genera problemas para la propia persona y para el sistema penitenciario también, porque no está pensado —y eso es algo que tenemos que pensar— con perspectiva de género y diversidad. La cárcel no impacta de la misma manera a las mujeres. Las mujeres sufren mucho más la cárcel, porque son menos visitadas y se da una ruptura de los lazos familiares. Porque el sistema de cuidados está sostenido por las mujeres. Las mujeres son las que visitan a sus familiares privados de libertad y son, en general, las que sostienen los cuidados.
Cárcel de mujeres presas
Unidad N° 5, cárcel de mujeres en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, sugirió crear una subdirección de mujeres privadas de libertad. ¿Está de acuerdo?
—Nosotros creemos que tiene que haber una instancia institucional que asegure que toda la política de ejecución penal transversalice la perspectiva de género y diversidad. Si es una subdirección o no es una subdirección, eso tendremos que verlo. Pero estamos convencidos de que tiene que haber a nivel de la cúpula esta mirada que asegure la transversalización de la perspectiva de género. La cárcel como institución ha sido pensada por varones para varones, porque el delito es fundamentalmente un fenómeno social de los varones. Las mujeres se involucran en el delito mucho menos y, además, con otras motivaciones. Muchas veces se involucran de la mano de sus parejas, como coautoras.
—¿Van a hacer cambios en la estructura orgánica del INR?
—Sí, la estructura del INR se tiene que pensar toda, para que sea un órgano con una autonomía presupuestal y técnica, para que tenga una estructura adecuada que responda a la meta inspiradora que es la rehabilitación o la reinserción.
—¿Van a impulsar que se transforme en un organismo descentralizado?
—Vamos a pensar en una ley orgánica. El norte es que el sistema penitenciario migre hacia el Ministerio de Justicia, y ahí tendremos que discutir. Mi opinión es que tiene que ser un organismo descentralizado. Tiene que tener un presupuesto propio, tiene que tener autonomía técnica. Hoy el presupuesto del INR no es autónomo, depende de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior, que es un ministerio gigantesco, que disputa recursos para un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, y las cárceles van quedando siempre relegadas.
—¿El sistema prioriza la represión frente a esa reinserción?
—Creo que prioriza lo custodial, creo que es la palabra más cabal. Lo custodial es que las personas quedan bajo custodia del Estado. Al sistema le importa que las personas no se fuguen y que no cometan conductas infractoras estando ahí adentro, pero con todos los déficits que tiene, ni siquiera eso puede garantizar.
—¿Cuál cree que sería el porcentaje ideal de personas privadas de libertad, en relación con las que cumplen medidas alternativas?
—En todos los buenos sistemas del mundo, las medidas alternativas multiplican por cinco, por seis, y hasta por 10 la cantidad de personas privadas de libertad. Porque el derecho internacional de los derechos humanos y de los principios básicos de la justicia penal es que las penas tienen que ser necesarias y proporcionales al daño cometido. Además porque son dos paradigmas distintos. Una cosa es la retribución: que la persona pague con castigo, con cárcel y con privación de libertad del daño que cometió. Otro es el paradigma de que la persona restaure el daño que cometió. El encierro, por sí mismo, solo genera más daño y devuelve a las personas en peores condiciones.
—¿Y para quiénes quedaría la cárcel?
—Hay que pensar no en términos de peligrosidad, sino en términos de riesgo, de que vuelva a cometer una nueva conducta delictiva del mismo tipo, o aún peor. Para eso hay instrumentos de evaluación y también sistemas de clasificación. Las cárceles siempre quedan reservadas para los daños más severos, con las personas que vos tenés que trabajar más. Esa es otra de las ideas que tenemos que instalar, que a diferencia de lo que hace el sistema intuitivamente, que es trabajar con quienes se portan mejor, porque se adaptan fácilmente al sistema, porque tienen trayectoria educativa, porque tienen recursos para desarrollar determinadas acciones dentro de la cárcel... en lugar de trabajar con esos, hay que trabajar justamente con los más duros, con quienes tienen más riesgo de cometer una nueva conducta delictiva. Más programas con ellos, porque tenemos que tratar de revertir sus niveles de violencia.
—Los últimos informes evidencian que los recursos no dan para que todas las personas que quieren estudiar o trabajar en la cárcel puedan hacerlo.
—Sí. Es cerca del 30% de la población que accede a alguna oportunidad educativa. Y también tenemos el problema de que generalmente son las mismas personas que acceden a varias oportunidades. El Estado tiene que aprender a que la cárcel es un territorio particular, entonces las propuestas deberían estar de enero a enero y no de marzo a noviembre. Deberíamos tener horarios extendidos para que la gente pudiera hacer, por ejemplo, a educación nocturna.
—¿Cuáles van a ser las primeras acciones?
—Lo primero que vamos a hacer, que ya lo estamos haciendo, es pasar El libro blanco a una planificación estratégica que nos permita detectar ejes que tienen que ver con revisar los niveles de encarcelamiento, con la organización, con la gobernanza, con los recursos humanos, con la formación, con la sensibilización pública, con los sistemas de información. De estos ejes hay que pensar las acciones inmediatas, las que son a mediano plazo y a largo plazo. Entre las más inmediatas nos vamos a encontrar con todo el problema del hacinamiento, de las malas condiciones de vida. Eso hay que atenderlo. Tenés en el Comcar celdas donde hay cuatro y otras donde hay doce. Hay mucha gente que no tiene cama, que hace cuchetas hasta con trapos, que ni siquiera tiene colchones. Nadie puede pensar en que una persona pueda pensar en su reinserción y en su posibilidad de desarrollarse y alejarse del modo del delito si es tratado casi como un animal.
—Van a tener una cantidad de recursos acotados para todos esos planes.
—Lo primero que tenemos que saber es cuánto de ese presupuesto está comprometido, porque si ese presupuesto está comprometido, el margen de acción es poco. Pero hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto. Hay un atraso enorme en las solicitudes de traslado de las personas. También las autoridades siempre declaran que no hay perfiles para las unidades de menor seguridad. Bueno, nosotros queremos mirar bien esa clasificación, y hay que ver, porque no todas las cárceles están hacinadas, y probablemente haciendo un buen trabajo de clasificación y de diagnóstico, podamos encontrar personas que puedan transitar a esas unidades con niveles de seguridad media.
