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Gustavo Penadés vuelve a la cárcel; su familia dice que hay “irregularidades” en la investigación
La semana pasada había dejado la cárcel para pasar a arresto domiciliario por una decisión de la jueza Marcela Vargas que un tribunal de apelaciones revocó
Gustavo Penadés en la salida de Fiscalía de la calle Cuareim en 2023.
El miércoles 12, el Tribunal de Apelaciones de 4º turno revocó la decisión que había tomado una semana atrás la jueza Marcela Vargas de cesar la prisión preventiva al exsenador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín y otorgarles prisión domiciliaria con tobillera a la espera del juicio, según informó MVD Noticias. De esa manera, ambos volverán a la cárcelhasta el 10 de junio.
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Penadés está imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad y por dos delitos de corrupción: cohecho calificado y asociación para delinquir, por su vinculación con la “trama” para identificar a los denunciantes y ayudarlo a librarse de la causa en su contra. Mauvezín, en tanto, fue formalizado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. Era quien proveía de menores de edad a Penadés, de acuerdo con las declaraciones de las víctimas.
La fiscal Alicia Ghione, que intenta probar la comisión de estos delitos, fue quien pidió al Tribunal de Apelaciones la revocación de la decisión de Vargas. Para argumentar su decisión de cesar la prisión preventiva, la jueza había indicado que Penadés había perdido “poder político” y capacidad de influir para entorpecer las investigaciones, como lo había hecho antes generando una “trama” para identificar a los denunciantes. También minimizó las posibilidades de fuga y la posible situación de desprotección paras la víctimas.
En sentido contrario a la opinión de Vargas, los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos entendieron que los riesgos que justificaron la prisión desde la imputación, en octubre de 2023, siguen vigentes.
Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones, la familia de Penadés se expresó en una carta pública en la que plantean “dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial” y hacen un repaso de lo que consideran “irregularidades”. Entre ellas se refieren a la decisión de mantener bajo anonimato a los denunciantes, lo que coloca al acusado en “situación de indefensión” y deslizan cuestionamientos al trabajo de la fiscal Ghione a partir de cambios en su equipo y de su vínculo de “cercanía” con Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes.