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“El tiempo de alguna forma ha cambiado las circunstancias”. Con ese argumento, la jueza Marcela Vargas resolvió cambiar la medida cautelar que tenían el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín. Ambos llevaban 485 días en prisión preventiva, pero la magistrada falló que sean enviados a prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.
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Al momento de emitir la sentencia, la magistrada aclaró que se trata de un caso “sumamente complejo”, de hechos “gravísimos” y en el que hubo un entorpecimiento de la investigación “que se concretó”, pero, a su juicio, “el tiempo impacta en la investigación”.
“Penadés perdió el poder. Usted ya no es senador”, afirmó Vargas. Agregó que, en el inicio de la causa, su “poder político influyó” para que se determinara la prisión preventiva, por la “trama” que existió para identificar a los denunciantes.
La fiscal de Delitos Sexuales de 3er turno, Alicia Ghione, había solicitado la extensión de la prisión preventiva hasta el 10 de junio de 2025, el plazo límite para presentar una acusación o pedir su sobreseimiento. Fundó el pedido en el riesgo de entorpecimiento de las indagatorias, porque “quedan por declarar algunos testigos, algunos conocidos o allegados a Penadés”. También en el riesgo de fuga, porque “tienen amplias condiciones” para irse del país.
La solicitud fue negada por la jueza, que determinó para los imputados un arresto domiciliario total con tobillera electrónica, con “imposibilidad absoluta” de comunicarse con testigos y con víctimas.
“Si Penadés se hubiera querido fugar, se fugaba de la cárcel, si hubiera tenido ese poder de corromper a personas dentro del Estado”, aseguró la jueza. También consideró que las víctimas, que han declarado con identidad reservada, “están protegidas” y que, por tanto, no se verían afectadas por la prisión domiciliaria.
La decisión fue apelada por la fiscal y por la defensa de las víctimas, liderada por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República.
Penadés está imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad y por dos delitos de corrupción: cohecho calificado y asociación para delinquir, por su vinculación con la “trama” para identificar a los denunciantes y ayudarlo a librarse de la causa en su contra. Mauvezín, en tanto, fue formalizado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. Era quien proveía de menores de edad a Penadés, de acuerdo con las declaraciones de las víctimas.
Según dijo la fiscal en la audiencia, debido a los delitos imputados, la prueba que se reunió y las evidencias que se continúan juntando, “hacen prever” que en la próxima acusación se solicitará una pena de varios años para los imputados.
Nuevo testigo y otro desaparecido
Durante la instancia judicial, que fue transmitida por YouTube en el marco de un convenio que la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene con la Suprema Corte de Justicia, para dar publicidad a audiencias de interés público o periodístico, Ghione aseguró que dos días antes habían tomado la declaración de un nuevo testigo.
La persona, que pidió que su identidad se mantenga reservada hasta que se presente la acusación, relató que en marzo de 2023 Mauvezín —antes de las denuncias— le dio detalles sobre los pedidos de jóvenes para Penadés, “refiriéndose a un joven que era vecino suyo”. En el intercambio que tuvieron, según relató Ghione en la audiencia, Mauvezín afirma “que a Penadés le gustan los menores de edad y que tiene un negocio y un acuerdo económico con él”, que le “paga por cada menor de edad con una suma de dinero y lo ayudó económicamente con la enfermedad de su padre”.
En la audiencia, la fiscal que lidera la investigación informó que denunciaron la desaparición de un “testigo clave” de cara al juicio oral, desde diciembre de 2024. Se trata de Federico Rodríguez, un expolicía que formó parte de la trama, fue condenado por el caso y estaba cumpliendo la pena bajo libertad a prueba, pero “no terminó de cumplir” y no lo encontraron en los dos domicilios conocidos y tampoco lograron contactarlo a través de los teléfonos registrados.
“Es un testigo clave para el juicio oral, nos preocupa muchísimo que esté desaparecido”, aseguró Ghione. Rodríguez había recibido mensajes amenazantes del exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, también condenado por la causa.
