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En las últimas semanas se reactivó la causa que investiga al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés por delitos sexuales contra menores de edad. Primero fue una discusión sobre un pedido de declaración anticipada de Paula Díaz -que fue rechazada por la Justicia- y luego una instancia judicial con un nuevo testimonio, que se realizó en formato de prueba anticipada, de una persona que denunció haber sido abusada por el exlegislador décadas atrás.
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Pero la actividad judicial más intensa se registró entre lunes y martes de esta semana, cuando se produjeron tres debates más en el juzgado, a pocos días de que se cumpla un año desde que Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín —quien era uno de los que proveía de menores de edad a Penadés, según declararon las víctimas— se encuentran en prisión preventiva. Por un lado, la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 3er turno, Alicia Ghione, solicitó en la audiencia ampliar el elenco de delitos por el cual estaba imputado Penadés.
A partir del fallo judicial, fue formalizado por dos delitos de corrupción: cohecho calificado y asociación para delinquir —que se suman a los 22 delitos sexuales por los que ya había sido imputado— por su vinculación con la “trama” para identificar a los denunciantes y ayudarlo a librarse de la causa en su contra. Ghione lo definió como un “implacable plan” para buscar a las víctimas, perseguirlas, tratar de involucrarlas en otros delitos y “frustrar la investigación de los delitos sexuales”, para lo cual se sirvió de diversos funcionarios públicos, entre ellos varios policías, aunque también de particulares que eran amigos o conocidos. Entre los condenados estaba el exdirector del Comcar Carlos Tarocco y el funcionario del Parlamento y ex del Parlasur, Diego Cuiñas.
“Quien financiaba este plan era Penadés, y por eso nos permite atribuirle responsabilidad también”, aseguró Ghione frente a la jueza María Noel Odriozola, en la audiencia que fue transmitida por YouTube en el marco del convenio que la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene con la Suprema Corte de Justicia, para dar publicidad a las audiencias que son de interés público o periodístico. Según dijo la fiscal a partir de lo que surgió del análisis del celular de Tarocco, el exdirector del Comcar llegó a transmitir: “Somos el equipo del hombre y los gastos están costeados”.
El flujograma en el celular de Gustavo Penadés
El “flujograma” o diagrama que fue encontrado en el celular de Penadés tenía en el centro a una de las víctimas, Mastropierro, y a través de flechas establecía vínculos con varias personas, celulares y domicilios. “Tenía claramente información policial”, dijo Ghione, porque las fotos que lo componían tenían datos extraídos a través del sistema de seguridad de la Policía y fue realizado con un programa del Ministerio del Interior.
En la instancia judicial, la defensa de Penadés, liderada por los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero, dijo que había una “ingenuidad” de Penadés en el armado del flujograma y que fueron el resto de los condenados quienes decidieron crear la asociación ilícita. “Luego de que el plan se concreta le comunican a nuestro defendido el plan puesto en marcha”, dijo Guerrero.
Sin embargo, la jueza, para fundamentar la decisión de imputar por cohecho y asociación para delinquir a Penadés, afirmó que “solo con todos los mensajes” que se leyeron en la audiencia “surge claramente la participación de Penadés, sin perjuicio de lo que pueda surgir en el futuro”.
“A veces uno piensa que el plan aún sigue”
Durante el inicio de la audiencia el lunes 23, la fiscal planteó que tienen la duda sobre si la trama para encontrar a las víctimas que denunciaron a Penadés, y lograr que no declaren, continúa.
“Hasta el momento por lo menos de la detención de Tarocco (en octubre de 2023), más allá de que, bueno, uno a veces de toda la información piensa que el plan aún sigue, pero, bueno, de lo que sí tenemos evidencia probada es que hasta la detención de Tarocco el plan continuaba, seguían intentando buscar víctimas”, dijo Ghione, según constató Búsqueda.
La fiscal pidió a la Justicia que mantenga la prisión preventiva para Penadés y Mauvezín y, entre las razones, planteó la posibilidad de que obstaculicen la investigación, que Odriozola autorizó que se extienda hasta junio de 2025.
El riesgo de entorpecimiento del proceso es “muchísimo”, es “concreto, vigente y de futuro”, dijo la Fiscalía, porque deben terminar de revisar toda la evidencia —entre la que se encuentra el contenido de algunos celulares e interceptaciones— e hizo referencia a una nueva denuncia que recibieron del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en abril de este año. En ese marco, se le incautó a un psicólogo del organismo el celular y una computadora, donde se encontró material que tenía que ver con la trama y la causa Penadés. “No es un dato menor” que es un policía retirado que conoce al exdirector del Comcar y trabajó en ese centro de reclusión dando charlas o clases sobre adicciones, por lo que “tenía cierta relación con Tarocco”, señaló Ghione.
Robatto afirmó que era un perito que había sido contratado desde la defensa de Penadés y que por eso tenía en su poder la información sobre el caso.
En prisión preventiva hasta 2025
Después de escuchar a todas las partes, la jueza resolvió extender la prisión preventiva tanto para Penadés como para Mauvezín hasta el 6 de febrero de 2025. “Hubo un entorpecimiento de la investigación fuerte y puede llegar a haberlo. Es un riesgo que continúa latente”, aseguró. También justificó la decisión en la seguridad de las víctimas.
“Los derechos de las víctimas los tenemos que proteger, y hay víctimas que siguen declarando. Hay víctimas que han manifestado en la Unidad de Víctimas (de la Fiscalía) que tienen miedo, o sea que ese riesgo está latente”, dijo.
La defensa de Penadés había pedido que como medida cautelar fuera enviado a prisión domiciliaria con tobillera electrónica o custodia policial. “Vamos a ir a juicio. Si lo condenan, métanlo 18 años, 30 años preso, pero mientras, no me pueden decir que Penadés resulta una persona peligrosa”, dijo el abogado del exsenador en la audiencia. Pero su pedido fue rechazado por la jueza Odriozola, que consideró un plazo “prudencial y proporcional” extenderla hasta el 6 de febrero, cuando “deben revisarse, sobre todo, en el caso de Mauvezín”.
Embed - Transmisión de audiencia en el marco del acuerdo firmado entre APU y SCJ
