La medida, no obstante, preocupa a los importadores, quienes entienden que alcanzar las metas establecidas “va a costar muchísimo y hay muchas cosas que ajustar”. En particular genera inquietud en el sector el acotado plazo previsto por la cartera de Ambiente.
Según el reglamento, en un plazo máximo de seis meses los fabricantes e importadores de aparatos electrónicos y eléctricos deberán presentar al ministerio un plan de gestión de los RAEE o adherir a un plan aprobado, con posterior inscripción en el nuevo registro de fabricantes e importadores que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Además, establece que cada plan deberá quedar operativo transcurrido ese plazo, y, al cumplirse un año, “sólo podrán importar o fabricar aparatos eléctricos y electrónicos de uso general las personas físicas o jurídicas registradas que hubieran adherido o cuenten con un plan de gestión de RAEE aprobado”.
Paralelamente, determina que en un plazo máximo de dos años se deberá recolectar el 40% de los RAEE generados ese año, y en cuatro años el 60%, mientras que para 2030 al menos el 85% de estos residuos deberán ser, además, valorizados.
Cristina Vignone, consejera de Ferrere y líder del equipo de Derecho Ambiental de la firma, explicó a Búsqueda que la norma establece la responsabilidad extendida del importador o fabricante para la gestión de los RAEE, un sistema similar al que ya existe en Uruguay para lo que refiere a la gestión de envases, y que apunta a que quien recibe el beneficio económico de la venta de un determinado producto “no deje la externalidad de su actividad económica en el ambiente, sino que la internalice”.
En Uruguay casi no existen fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que las empresas son mayoritariamente importadoras. A su vez, estas se dividen en dos sectores, por un lado, James y Carlos Gutiérrez entre las firmas más grandes, y, por otro, las empresas nucleadas en la Cámara Uruguaya de Importadores de Máquinas de Oficina e Informática (Cuimoi).
“Ellos han acompañado el proceso de reglamentación y van a ser los principales afectados, porque van a tener que implementar planes para la gestión de los RAEE y financiarlos. Existe una preocupación muy fuerte respecto a los plazos”, indicó Vignone. También mencionó a los importadores de menor tamaño que no se encuentran en el gremio, quienes también deberán adherir a un plan y registrarse en seis meses. Según dijo, muchos “ven con preocupación” que hay “obligaciones que no tienen forma de cumplir”.
“Hoy no pueden porque todavía no hay ningún plan aprobado y ni siquiera hay planes presentados en el ministerio. Con lo cual, se va a generar un gran cuello de botella, porque va a haber muchas empresas que van a querer adherir a esos planes como importadores, aportar en función de los volúmenes que ellos introducen al mercado para poder financiar esos planes, pero que va a pasar el plazo y no van a tener aún ningún plan aprobado disponible al cual adherir”, criticó la experta. Además, si en un año no logran cumplir con dicha obligación, “se les van a trancar las importaciones”, agregó, algo que ya sucede hoy en materia de envases.
Metas “demasiado ambiciosas”
Otro aspecto que preocupa a los importadores, según contó, es el cumplimiento de las metas establecidas. En su opinión, se trata de objetivos “demasiado ambiciosos” en función de la logística que implica llevar adelante un plan así a nivel nacional. “Que te reciban esos productos, los lleven a un centro de acopio, vean si es reparable, se haga el desmantelamiento, se vea qué está disponible, contar con quién te compre esos materiales… es muy complejo en tan poco tiempo”, indicó. Además, el plazo de los dos años para alcanzar las metas y tener implementado el sistema en todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes ya empezó a correr, aún cuando los planes no están siquiera presentados, comentó.
La experta señaló como un aspecto a tener en cuenta que el cumplimiento de los objetivos estará atado al interés y la voluntad del consumidor final, que es quien deberá llevar sus RAEE a una casa de electrodomésticos para que puedan incorporar ese residuo al circuito de recuperación. Si el consumidor no toma conciencia, “esto nunca va a funcionar”, opinó.
La reglamentación abarca también a cualquier comercio que venda un electrodoméstico o un equipo informático, por más que no sea importador directo. Para Vignone, esto es otro elemento inconveniente: hasta el local más pequeño estará obligado a recibir los RAEE para su adecuada disposición final, lo que, entre otras cosas, genera un problema de espacio.
Por otro lado, indicó que se desconoce si hoy existen en Uruguay suficientes gestores habilitados para disponer esa basura electrónica almacenada —actualmente son solo dos—, así como transportistas autorizados.
“Es bueno que Uruguay cuente con esta regulación, pero es como un aspiracional del Ministerio de Ambiente”, comentó la abogada.
Importadores pedirán que se modifiquen los plazos del decreto
La Cuimoi, que reúne a 34 empresas, ya comenzó a trabajar en el diseño de un plan piloto de gestión. Si bien la cámara entiende que no puede “hacer nada” contra la aprobación del reglamento, sí prevé solicitar que se modifiquen los plazos para su cumplimiento, explicó a Búsqueda su gerenta Aradey Urri. Según dijo, la reglamentación “no fue un balde de agua fría” para los representantes del sector porque la ley vinculada a la gestión de los RAEE se aprobó ya en 2019. Lo que les preocupa de la nueva normativa es que da por hecho que el sector “puede hacer rápidamente un plan de gestión”.
“No es así, porque acá no hay marcas”, explicó.
Esta preocupación la manifestaron a lo largo de este período de gobierno, cuando la cámara se reunió con referentes de la Comisión de Residuos del Senado para tratar el tema. Urri contó que, en ese momento, plantearon como sector la necesidad de “tener mucho cuidado y ser muy transparentes” con la reglamentación. Uno de los aspectos que más les preocupa de esta normativa es que “Uruguay no tiene grandes capacidades de empresas que reciclen”.
“No es pagar un impuesto. Es hacerte cargo de todo el residuo electrónico que hay en el país que se viene acumulando desde hace muchísimos años y que vas a tener que llegar a una meta. Y a veces las infraestructuras de las empresas no son como para que se pueda hacer un plan de esta magnitud”, opinó. Además, señaló que no se trata de un plan de gestión con el que se pueda “educar rápidamente” a la población para fomentar la conciencia ambiental.
La gerenta señaló que otros países que se fijaron este tipo de metas “no lograron cumplirlas enseguida” y debieron sortear muchas dificultades para poder implementar los sistemas, incluso en casos como el de Colombia, donde los planes eran financiados por las propias marcas, a diferencia de Uruguay donde pagan los importadores. Por tanto, dijo Urri, el gobierno sabe “que esto responde a un esfuerzo conjunto con la ciudadanía y las intendencias”, para regular y controlar un sector que emplea hoy a casi 30.000 personas, comentó.
Respecto a si piensan impugnar la aprobación del reglamento, respondió que lo que hay que hacer es “modificar el tiempo”, ya que “el país empieza a funcionar cuando llega el último ciclista”.
“Si tenemos que tener el plan pronto para mayo, estamos un poco apretados”, cuestionó. Sobre esto prevé conversar en los próximos días con autoridades del Ministerio de Ambiente. Igualmente subrayó que “ya no se puede echar para atrás” la reglamentación “porque se trata de un compromiso país”.
“No sabemos cómo va a funcionar el gobierno que viene ni quién será el nuevo ministro. Es un momento raro del país como para sacar un decreto tan importante, que para mí es muy ambicioso. Pero es un tema de ajuste constante y de ir mejorando”, concluyó.
