Ministerio de Ambiente tiene pronto decreto sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos

Rinaldo Rossi, integrante del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de la República y asesor del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente (MA), presentó días atrás los detalles de la propuesta de reglamentación durante el Tercer Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental, organizado por la cartera de Ambiente, el CDA y la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Uruguay. Durante la instancia, el experto explicó que el objetivo principal del decreto de unos 60 artículos será prevenir la generación de los RAEE “a través de la promoción de prácticas de consumo sostenible”, al fomentar su reutilización y sobre todo “implantar un sistema diferenciado de gestión que promueva su valorización”. Y es que hoy los RAEE en la gran mayoría de los casos van a parar a sitios de disposición final como cualquier otro tipo de desecho domiciliario.

Otro punto crucial es que, según las cifras expuestas, estos residuos “no paran de crecer”, ya que desde 2010 “la diferencia ente lo que se genera y lo que se gestiona adecuadamente se multiplicó por cinco”, comentó Rossi.

Según los detalles brindados, el decreto abarcará a los aparatos eléctricos y electrónicos que sean fabricados o introducidos en el país, con el fin de ser utilizados en territorio nacional, así como sus residuos, sus accesorios y consumibles. Sin embargo, quedarán excluidos los productos que estén “en tránsito”, los radiactivos, los dispositivos médicos implantados en seres vivos, las baterías y los vehículos automotores.

“Se les va a exigir a los fabricantes y los importadores que presenten un plan de gestión de RAEE aprobados por el Ministerio de Ambiente”, dijo el abogado. Según explicó, a través de esos planes —que pueden ser individuales o grupales, elaborados en conjunto entre varios importadores y fabricantes— deberán “implantar y ejecutar un seguimiento de la gestión de los residuos, tener mecanismos de control y estrategias de difusión y aportar los recursos para la operación de forma de alcanzar determinadas metas”.

El aporte de cada integrante del plan, en tanto, se calculará en función del volumen de artículos fabricados o importados, y también se establecerán las responsabilidades para representantes y propietarios de las marcas, los comercios intermediarios, los servicios técnicos y los gobiernos departamentales, de forma de contar con su colaboración para la segregación en origen y la coordinación de los planes.

Por último, el decreto también establecerá un plazo de dos años a partir de su publicación para que las empresas recolecten el 40% de lo producido ese mismo año; en cuatro años ese porcentaje aumentará al 60% y en cinco el objetivo es lograr valorizar el 85% de lo que se recolecte. En cuanto a la cobertura geográfica, el documento establece que los planes tendrán que estar operativos en poblaciones de más de 5.000 habitantes y en tres años alcanzar a todo el país.

Los fabricantes y los importadores también contarán con un plazo determinado para su ejecución: una vez aprobado el decreto dispondrán de seis meses para presentar un plan e inscribirse en un registro de reparadores y luego seis meses más para dejarlo operativo. “Si tras un año la empresa no cuenta con un plan aprobado, no podrá importar”, afirmó Rossi, quien dijo que la aprobación de este decreto además de una mejora ambiental permitirá “ir hacia una sociedad más justa y equitativa”.

Por su parte, el director del Departamento Jurídico del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, dijo a Búsqueda que el reglamento pretende regular los residuos creados por el consumo masivo de aparatos electroelectrónicos, lo que catalogó como uno de los “temas cruciales del momento”. “Actualmente, está a la firma del Poder Ejecutivo, su aprobación debería ser inminente o en el corto plazo”, aseguró.

En la misma línea, explicó que lo que se busca al implementar sistemas de retornabilidad y de recuperación de estos productos es “combatir su obsolescencia y establecer mecanismos de economía circular que permitan la reparación, el reuso y la recuperación de materiales”, de forma de separar a los RAEE de los residuos comunes y “evitar su disposición indiscriminada”. Incluso, mencionó que ya están en marcha negociaciones entre importadores y fabricantes para que elaboren planes “lo más concentrados posible”, al identificar líneas de producción o tipos de productos.

Mesa redonda

Durante el congreso también tuvo lugar una mesa de discusión integrada por técnicos y autoridades del MA, así como por expertos internacionales, quienes debatieron sobre los 30 años de vigencia de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) en Uruguay y su efecto en la política ambiental del país.

Entre las conclusiones principales, los especialistas plantearon algunos de los desafíos que aún hoy debe enfrentar el sistema de EIA, como son la necesidad de lograr un “mejor diálogo con el ordenamiento territorial”; “incorporar las consideraciones y los temas vinculados al cambio climático”; profundizar la participación pública —en el entendido de que al haber tomado tal relevancia el sistema de EIA debe “mejorarla para que los proyectos puedan ser más conocidos por la gente y mejor evaluados”—; y la necesidad de desarrollar guías y estándares que complementen la aplicación del sistema de forma de brindar “más transparencia y seguridad a todas las partes”, explicó Cousillas.