Inician juicio a la IM por autorizar la demolición de dos inmuebles con protección patrimonial

Según surge del escrito que presentaron este lunes 2 de diciembre, al que accedió Búsqueda, el objetivo de la acción previa al juicio por daños y perjuicios es pedir una indemnización por el daño al derecho colectivo. En este caso, lo que solicitan es la “completa restitución por haber sido una demolición al margen de la norma”, es decir, la reconstrucción “en idénticas condiciones estructurales y ornamentales”.

Alcalde indicó que el proyecto aprobado por la comuna, que está “construido parcialmente”, tiene “margen” para modificaciones, y sugieren “una demolición parcial” que permita que haya un “patio simetrizado” a “imagen y semejanza” del que hay en el Santa Lucía, del arquitecto Julio Vilamajó, para que este edificio “tenga unas condiciones de habitabilidad mínimas”.

“No debió haberse demolido. Tiene que haber un sinceramiento de que se equivocaron y que van a resarcir con una acción constructiva lo que están generando”, dijo Alcalde. El arquitecto señaló que la intendencia “no estudió los efectos” de la construcción del edificio lindero, que tiene la estructura de hormigón terminada y, como consecuencia, “el 50% de las unidades del Palacio Santa Lucía pasó a tener unas condiciones de higiene y habitabilidad nulas”.

Los habitantes del Palacio Santa Lucía han promovido acciones legales porque aseguran que la mitad de los apartamentos quedarán sin pozo de aire y sin luz solar por la construcción del nuevo edificio, tal como informó El Observador. Estos reclamos son paralelos al juicio que iniciará Patrimonio Activo para proteger el interés general.

Demoliciones sin autorizaciones definitivas

La asociación civil Patrimonio Activo entiende que el inmueble lindero al Palacio Santa Lucía estaba “cautelado” y, por tanto, tenía prohibida su demolición hasta que la intendencia finalizara el Inventario Patrimonial del Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó y Tres Cruces, que comenzó en 2019 y recién fue aprobado a mediados de 2025, en la transición de las gestiones de Carolina Cosse y Mario Bergara.

La creación del inventario fue promovida por la organización Basta de Demoler Montevideo, que en 2021 se transformó en Patrimonio Activo. Fue durante la administración interina de Christian Di Candia en la comuna, en el marco de la polémica demolición de la sede del Club Naval, una casa que fue construida en 1925 por Humberto Pittamiglio.

Más allá de los casos concretos, por los cuales impulsan juicios a la intendencia, desde Patrimonio Activo identificaron que existen viviendas que fueron demolidas sin que los proyectos a construir en su lugar tengan la autorización definitiva, según indicó Piquinela a Búsqueda. Por estas situaciones solicitaron mayor información a la comuna. Uno de los casos que siguió esta lógica fue la demolición de una casa de estilo art déco en Julio Herrera y Reissig y Benito Nardone, que se había construido en 1930.

Alcalde dijo que, en el caso de Juncal, la Intendencia de Montevideo señaló que existía un “riesgo” en las construcciones y argumentó que iban a construir cooperativas, y le preocupa que se utilice a las cooperativas como “carne de cañón para mitigar el efecto” de las demoliciones. “Nosotros no estamos en contra del movimiento de generación de cooperativas. Estamos a favor del poblamiento de la Ciudad Vieja, pero no a cualquier costo”, aseguró. Agregó que temen que el argumento de “peligro de derrumbe” o el de las cooperativas se instalen para justificar “lo indefendible, que es la pérdida de esas construcciones que dan identidad a Montevideo”.

También plantean que debería existir una mejor publicidad de los permisos de demolición, es decir, que mejore el mecanismo de notificación a la ciudadanía, porque en general no se identifica con el número de permiso otorgado y eso hace difícil iniciar procesos para impedirlo a tiempo.

Para el secretario general de la asociación civil “hay un trasfondo político” e “intereses económicos” detrás de estas tensiones que afectan a la ciudad. “No demonizamos al inversor”, pero “tiene que haber reglas de juego bien definidas” que reivindiquen el interés general, consideró.

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Un inventario “con errores”

Uno de los ejes de los reclamos de Patrimonio Activo es el inventario patrimonial. La asociación detectó “errores” en el trabajo y cuestiona también un enfoque centrado exclusivamente en las fachadas, sin relevamiento de elementos interiores de valor, como pueden ser vitrales o estructuras originales. “La riqueza material forma parte de lo que debería cautelar el inventario”, dijo Alcalde.

Además, señalan inconsistencias en la asignación de grados de protección, que en algunos casos permiten demoliciones que, a su juicio, no deberían autorizarse. Mencionó como ejemplo una pequeña casa ornamentada en 18 de Julio y Beisso: el equipo de Patrimonio Activo la clasificó como grado 2, pero la intendencia la catalogó como grado 1, lo que habilitó su demolición. “Estas sutilezas tienen consecuencias en la vida de las personas y los propietarios”, sostuvo Alcalde.

La organización también advierte que hay casos en los que sucede lo contrario: son inmuebles sin valor patrimonial asignados con grado alto de protección. Con ese diagnóstico, presentaron 1.500 firmas y apelaron a un recurso previsto en el artículo 303 de la Constitución, para impugnar el decreto ante la Cámara de Representantes, ya que la legislación impide hacerlo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que pueda aprobarse otro inventario con modificaciones al actual. En ese marco, fueron citados a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, donde el 17 de setiembre también compareció la Intendencia de Montevideo. Allí identificaron “contradicciones” de las autoridades en la política de protección.

Según surge de la versión taquigráfica, el director de Patrimonio de la comuna, el arquitecto Ernesto Spósito, aseguró que las construcciones de grado 2 de protección no pueden demolerse si se encuentran en un tramo protegido. “Esos grados 2 son la esencia de protección urbana de ese tramo, por lo tanto, no puede ser sustituido”, afirmó. Agregó que, previo al inventario, podían ser demolidos, y eso “eventualmente llevaba a la desnaturalización del tramo, porque si uno a uno iban siendo sustituidos, se perdía esa protección de tramo”. Eso es lo que la asociación reclama que sucedió con el inmueble de la calle Juncal.

En un escrito remitido a Patrimonio Activo el 24 de noviembre de 2025, con la firma del presidente de la Cámara Baja Sebastián Valdomir, les informaron que venció el plazo que tenían los legisladores para expedirse sobre el recurso de apelación contra el inventario y, por lo tanto, “se entendió como no interpuesto”, es decir, como una forma de rechazar el recurso al no resolver.