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Desde hace varios meses, la situación financiera de la Intendencia de Montevideo (IM) está en el centro del debate político, al ser uno de los temas centrales que la oposición departamental —liderada por el candidato nacionalista Martín Lema— ha puesto en la agenda pública, de cara a las elecciones departamentales del 11 de mayo.
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En ese sentido, el equipo que acompaña al exministro de Desarrollo Social analizó la gestión de los recursos de la comuna, a través del estudio pormenorizado de los gastos que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) le observó al gobierno departamental, al entender que dicha acción representa un llamado de atención al que “hacen oídos sordos”. Así lo explicó a Búsqueda Agustina Maschwitz, coordinadora técnica del área de Modernización Normativa y Simplificación de Trámites del equipo de Lema, quien dijo que en el año 2024 el TCR le observó 74 gastos a la IM, por un total de más de US$ 207.813.476.
La gran mayoría de los casos, agregó, se sustentaron en la violación al artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que refiere a comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible. “Llegan a diciembre sorprendidos por estar en una situación económica apremiante y tener los números en rojo; pero si ves para atrás, desde el día uno el TCR les está diciendo que están gastando más de lo que tienen, y no hacen ningún tipo de análisis sobre la real necesidad de estos gastos”, dijo la coordinadora.
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Martín Lema
Pablo Vignali / adhocFOTOS
En la misma línea, Maschwitz afirmó que la intendencia “redobló esfuerzos en mala administración” durante 2025 ya que según pudo detectar, solo entre el 1° de enero y el 6 de marzo lleva observados 12 gastos por un total de US$ 75 millones. Además, siete de esas 12 observaciones responden también a la falta de fondos disponibles, razón por la que opinó que la intendencia “continúa gestionando los recursos de los montevideanos con prioridades desordenadas”.
Y es que según se refleja en las diferentes resoluciones del TCR, a las que accedió Búsqueda, el organismo de contralor aplicó observaciones en todas las áreas de trabajo de la intendencia, como saneamiento, cultura y compensaciones salariales, entre otros varios rubros, en los que, a entender de la abogada y escribana, “los gastos se reiteran sin siquiera justificar la causa o argumentar motivos de urgencia o de aparente necesidad”. Además, agregó, se trata de rubros que son “esenciales” para la gestión municipal —como limpieza—, en los que se “debería poder prever los gastos cotidianos que hoy son observados”.
“El artículo 114 del Tocaf establece que si se reitera un gasto, se debe hacer en forma fundada, expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto”, señaló Maschwitz, al afirmar que el gobierno departamental “no justifica sus reiteraciones ni siquiera de forma sumaria, ya que simplemente informa la reiteración a pesar de no tener rubros suficientes”.
La asesora de Lema puso como ejemplo el gasto que dispuso este año la IM vinculado a una compra directa destinada al arrendamiento de 150 slots para el Casino Parque Hotel, que, según informó El País el 13 de marzo, es observada sistemáticamente por el TCR desde hace 12 años. “Esto implicó un monto superior a los $ 15 millones y en 2024 esta contratación se observó también por $ 30 millones. Entonces, no solo la forma de contratar es equivocada, porque tendría que haber hecho una licitación, sino que además, en los números rojos en los que está hoy, es realmente muy llamativo que reitere gastos de un tragamonedas, con todas las necesidades que tiene para cubrir”, señaló.
También se refirió a un acuerdo que la intendencia firmó con Adeom en febrero de este año, en el cual se les asigna a los funcionarios que desarrollen tareas en calidad de inspectores, jefes, encargados o en subdirecciones operativas y en la central de monitoreo del Servicio de Convivencia Departamental una partida única y especial “por causales que no tienen pies ni cabeza”.
“Cuando un funcionario de Convivencia Departamental sale de licencia cobra su sueldo, su salario vacacional y una partida extra si se toma la mitad más uno de los días”, comentó Maschwitz, al cuestionar el fundamento de dicho beneficio, que compromete los recursos a futuro y que fue reiterado en marzo pese a las objeciones del tribunal.
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Intendencia de Montevideo
Se refirió también a la situación que se dio el pasado 7 de enero en la intendencia, cuando el gobierno departamental realizó 17 reiteraciones de gastos en un solo día, todas vinculadas a compensaciones salariales. “Es otro ejemplo de la displicencia con la que la IM gestiona los recursos de los montevideanos, que no derraman en servicios para ellos”, opinó la técnica. Cuestionó que a partir de este tipo de reiteraciones “nunca se pone el ojo” en hacer un análisis de la situación, al referirse, por ejemplo, al concurso y presupuestación en proceso de tres gerentes para el casino municipal (que ha dado pérdidas varios años seguidos), cargos que hoy son cubiertos con interinatos.
La experta mencionó que “esta misma lógica de desorden” es aplicada por la intendencia a todos sus gastos. “Toda la gestión la toma por sorpresa y todo lo resuelve a las apuradas, tapando los agujeros y gastando más de lo que tiene, atentando contra la buena gestión y los principios de buena administración”, criticó. En ese sentido, puso como ejemplo las compras directas realizadas por la comuna, que, en 2023, según cifras extraídas de los propios datos abiertos del gobierno departamental, representaron 94% del total.
“Solo 6% son licitaciones públicas, abiertas, competitivas, en las que no solamente se les da más cabida a los proveedores, sino que además se obtienen mejores precios o beneficios. La compra directa debería ser urgente y excepcional, pero con estos porcentajes significa que todo te agarra tarde y mal”, señaló, al opinar que hoy la IM tiene al TCR “de adorno”.
