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Intendencia de Montevideo reportó la ausencia de un funcionario ocho meses después de que fuera preso
Instruyó un sumario con suspensión y retención del 50% del salario para determinar si corresponde destituir por “ineptitud moral” al trabajador, que cumple una condena de seis años de cárcel por abuso sexual; inició en paralelo una investigación para analizar posibles fallas y responsabilidades en los mecanismos de control interno
Días atrás, la Intendencia de Montevideo (IM) inició un sumario administrativo —con suspensión preventiva y retención del 50% del salario— a un funcionario municipal que fue condenado en 2024 por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.
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Aunque el trabajador permanece detenido desde junio de ese año, su ausencia recién fue reportada por el servicio al que pertenecía ocho meses después, lo que motivó la apertura de una investigación interna para determinar si existieron fallas o irregularidades en los mecanismos de control.
El caso se remonta al 22 de noviembre de 2024, cuando una sentencia judicial del Juzgado Letrado de Durazno del 1er turno dispuso una pena de seis años de penitenciaría para el funcionario, tras declararlo autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real.
Sumario y retención
De acuerdo con la resolución departamental publicada el pasado 3 de diciembre, el hombre fue a la cárcel el 17 de junio de 2024 y desde entonces no volvió a su puesto de trabajo. Sin embargo, el Servicio de Recolección de Materiales Reciclables —donde se desempeñaba— recién relevó su ausencia en febrero de 2025, cuando se iniciaron las actuaciones administrativas.
Ante ese escenario, la Unidad Sumarios recomendó dos acciones. En primer lugar, disponer la instrucción de un sumario administrativo con suspensión preventiva y retención del 50% de sus haberes al funcionario, con el objetivo de determinar si, a la luz de la condena penal, se configura “ineptitud moral” para la permanencia del funcionario en su cargo, una causal que podría derivar en su destitución, pero que exige un proceso administrativo con garantías de debido procedimiento.
En segundo lugar, la misma unidad propuso llevar adelante una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias por las cuales el servicio donde trabajaba el funcionario no inició antes las actuaciones tendientes a determinar la responsabilidad del trabajador por las inasistencias registradas desde junio del año pasado, ya que recién se formalizaron en febrero de 2025. La resolución detalla que se buscará “determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos” e identificar a los eventuales responsables dentro del área.
Un elemento adicional
La Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales avaló estas recomendaciones y formalizó la resolución, que ya fue comunicada a las áreas involucradas: Desarrollo Ambiental —las divisiones Limpieza y Gestión de Residuos—, Asesoría Jurídica, Gerencia General de Recolección, y varios otros servicios de gestión humana, administración de personal y retribuciones.
La resolución señala también que la IM deberá tomar en cuenta un elemento adicional: el funcionario tiene un hijo menor de edad a cargo, nacido en 2009, un dato consignado en su legajo laboral que deberá ser considerado en el marco de las disposiciones vigentes sobre retención de haberes y protección social, mientras la Unidad Sumarios avanza en ambas investigaciones.
Ante consultas de Búsqueda, desde el Departamento de Comunicación de la IM indicaron que no harían declaraciones sobre el caso, ya que “está en proceso sumarial” y “habrá nuevas investigaciones”.
