Por las dimensiones del caso, las partes pidieron a la Justicia la suspensión del plazo legal para controlar que no haya errores. “Todos nos uníamos, aunque parezca imposible, y presentábamos un escrito diciendo que pedíamos la suspensión del plazo”, dijo Suárez.
El acto de apertura, que es la resolución que dará inicio al juicio, incluye un resumen de toda la información que surgió de la audiencia del control de acusación, que fueron 53 sesiones en días distintos, y las decisiones judiciales que se tomaron. En esa etapa donde se debatió la admisibilidad de todas las pruebas que iban a ingresar al juicio, como las declaraciones de peritos, las pericias de celulares, las capturas de pantalla o los testimonios anticipados de las víctimas, que no volverán a comparecer en la próxima instancia judicial.
Ahora la jueza dictará el acto de apertura. Luego, en un plazo de cinco días le deberá comunicar a las partes quién será el juez a cargo de la audiencia de inicio de juicio y la fecha de su realización, “que deberá tener lugar no antes de diez días ni después de tres meses”, según el Código del Proceso Penal.
Darviña Viera, fiscal de la Operación Océano. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Darviña Viera, fiscal de la Operación Océano.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Investigación compleja
La particularidad de la Operación Océano hizo que la megacausa tomara protagonismo y que la Fiscalía comunicara públicamente los avances de las investigaciones, a través de su página web y en conferencias de prensa. Por ejemplo, en mayo de 2022, en un momento clave en que la fiscal Alfaro presentó la acusación contra los involucrados, el entonces fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, fue quien encabezó una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público. En esa instancia adelantó que 20 personas habían sido “responsabilizadas” por la operación. De esa cantidad, nueve ya tenían una sentencia de condena a través de acuerdos abreviados con la Fiscalía —lo que implica que reconozcan su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena— y eran 11 los que pasarían a juicios orales y públicos.
Del total hay algunos que están más comprometidos, ya que llegaron a concretar encuentros sexuales con menores de edad o explicitaron saber que las adolescentes tenían menos de 18 años en los chats en poder de la Fiscalía. Hay hombres que se involucraron con varias de las víctimas. Otros mantuvieron diálogos y promesas de regalos o dinero, pero no llegaron a verse personalmente.
En el juicio “tendrán la posibilidad de esgrimir sus defensas ante un juez y estaremos todos atentos a la decisión del Poder Judicial”, dijo Gómez en 2022.
Para los que irán a juicio —por delitos previstos en la Ley N.º 17.815 de promesa o retribución a menores, en este caso adolescentes, por actos de naturaleza sexual— la Fiscalía pidió una pena de entre tres y seis años de penitenciaría, debido al rango amplio de la sanción prevista para el delito. Además, para todos los condenados, se previó la retribución a las víctimas del pago por los imputados y condenados a 12 salarios y se les prohibió también cualquier actividad vinculada con niños o adolescentes.
Luego de presentada la acusación otro de los mojones del proceso judicial fue, a principios de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados defensores de los imputados por la Operación Océano que serán llevados a juicio. Los abogados apuntaban contra el artículo del Código del Proceso Penal que habilita a la víctima a proponer prueba durante la indagatoria preliminar, pero excluye a los imputados.
Los defensores de los imputados también cuestionaron la constitucionalidad del artículo 80 de la Ley de Violencia Basada en Género, que establece la reparación a las víctimas de 12 salarios, algo que consideraban que no debía ser parte del proceso penal, sino de un eventual juicio civil. Y apuntaron contra el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad.
En la sentencia, los ministros lo defendieron. Afirmaron que “la explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia (...) que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud”, en base a la Declaración del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, llevada a cabo en Estocolmo en 1996.
En un fallo aprobado por unanimidad por los cinco ministros del máximo órgano del Poder Judicial, el pedido de los defensores fue desestimado, pero el recurso suspendió el proceso por siete meses, hasta el pronunciamiento de la Corte a principios de 2023.
A partir de ese momento, la causa continuó con el control de acusación.
“Hubo un esfuerzo de todos en tratar de hacerlo lo más rápido posible”, pero “es una causa muy compleja, grande, donde ha existido siempre una postura de utilizar todos los mecanismos posibles por parte de la defensa de los imputados para que cada actividad insuma mucho tiempo”, consideró Suárez, quien defiende a la mayoría de las víctimas a través del Consultorio.
La demora y la extensión de los procesos se debió también a que “cada decisión era apelada por todos, por ellos y nosotros”, agregó la abogada, que para graficarlo dice que tiene una carpeta grande llena de sentencias que resuelven apelaciones del control de acusación. En ese punto coincide el abogado de uno de los imputados que irá a juicio, Alejandro Balbi: “Es un proceso muy engorroso en el que hay apelaciones permanentes, sobre todo por la discusión fundamental de las pruebas o evidencias a diligenciar en el juicio”. Balbi defendía en un inicio a cinco acusados, pero tres fueron condenados en procesos abreviados y uno absuelto.
Juan Gómez en conferencia de prensa en Fiscalía. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Juan Gómez en conferencia de prensa en Fiscalía.
Pablo Vignali / adhocFOTOS
Defensas opuestas y el debate del conocimiento
Suárez cuenta que el proceso estuvo marcado por audiencias “desgastantes” como consecuencia de miradas que “son muy opuestas” entre las defensas de las víctimas y las de los imputados. Esa polarización entre las partes “se refleja en la prueba”, señaló, en lo que cada parte busca “averiguar” a través de la evidencia.
Por un lado, la defensa de los imputados en la mayoría de los casos está centrada en que desconocían que eran menores de edad, porque las adolescentes se identificaban como mayores. “Ponían que tenían más de 19, mentían e inducidos al error se contactaban. Esa es la gran discusión que va a tener el juicio”, dijo Rojas y agregó: “Hay hombres que pedían la cédula y al tiempo empezaba una serie de extorsión”.
Para el abogado, “se aplicó una ley fuera de su ámbito de aplicación”, porque la legislación “perseguía que no se vulnerara el consentimiento de los menores”, pero “si te ponés en una página ofreciendo tus servicios sexuales, el consentimiento lo brindaste”.
“Lo que se quiso hacer a través de la persecución penal es visualizar un tema social y dar una directiva”, aseguró.
En tanto, la defensa de las víctimas de la Operación Océano planteará que entienden que “ellos sabían que eran menores de edad” y que cuando “buscás personas muy jóvenes, eso coloca al adulto en una situación de responsabilidad de chequear la edad”, dijo Suárez. “Entendemos que tenían posibilidades, no solo el deber”, agregó.
Una causa que marca “un antes y un después”
Para Suárez, la Operación Océano deja un mensaje “importantísimo”: que “el Estado no admite la explotación sexual”, que “protege a las infancias” y “lleva a juicio las causas, aunque sean complejas”. La abogada también destacó que la causa evidencia que las víctimas que no tienen recursos y sufrieron delitos como la explotación sexual “tienen posibilidad de defender su dignidad” y “ser escuchadas” en la Justicia.
Ya en agosto de 2020, cuando la investigación llevaba algunos meses, la vicepresidenta Beatriz Argimón la calificaba como “un antes y un después”, porque cambió la forma “en cómo se visualiza” el tema.
“Por el encare del sistema judicial y por cómo la sociedad está reaccionando, porque antes no era toda la sociedad la que reaccionaba”, aseguró. Y agregó: “Empieza a haber cambios sociales interesantes, desde la sociedad denunciando. Y la verdad que celebro que las mujeres más jóvenes hoy puedan manifestarse y todo el mundo vea lo que es algo que forma parte de una doble moral”.
En 2023 se inició la investigación contra el exsenador Gustavo Penadés, también por delitos sexuales contra menores. Al igual que en Operación Océano la investigación requirió solicitar una extensión del plazo de un año para las indagatorias, y las víctimas fueron defendidas en su mayoría por el Consultorio Jurídico de la Udelar.
Suárez destacó el “esfuerzo” de Viera y la “valentía” en unificar la causa en el caso de Operación Océano, porque generó “una reacción social”.
“Si no hubiera pasado lo de Darviña, no sé qué hubiera pasado con lo de Penadés”, afirmó.
