Fiscales piden a los candidatos que se designe un titular del Ministerio Público y sugieren que sea un colega “de carrera”

El objetivo de los fiscales era mantener reuniones con todos los candidatos de los partidos antes de las elecciones nacionales para dialogar sobre sus preocupaciones, pero solo fueron recibidos por la fórmula del Partido Independiente Pablo Mieres y Mónica Bottero y el candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, según confirmó a Búsqueda el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa.

El nombramiento de un fiscal general es un reclamo que han realizado en reiteradas ocasiones al sistema político tanto los funcionarios como el propio Juan Gómez, fiscal de Corte subrogante que renunció en agosto de este año después de atravesar un tratamiento contra el cáncer y fue sucedido por Mónica Ferrero, también fiscal titular de la Fiscalía de Estupefacientes, especializada en el tráfico de grandes cargamentos de drogas. En 2022, Gómez había planteado en el Parlamento que la subrogación automática podía “afectar la disposición” de la Constitución de la República, que prevé que el fiscal de Corte preste juramento ante la Asamblea General y que la designación cuente con tres quintos de los votos.

Los fiscales destacan en el documento la urgencia de la designación de un fiscal de Corte definitivo y además hacen referencia al “procedimiento” que, consideran, debería utilizarse para realizarla. En ese sentido, sugieren que debería definirse un “perfil” de quien deberá ocupar la titularidad del Ministerio Público y luego un proceso de evaluación de aptitudes.

“Ese proceso de selección debería realizarse entre fiscales”, establece el texto, porque “un fiscal de carrera reuniría todos los elementos necesarios para conducir la institución, por su conocimiento de los problemas, necesidades y desafíos”.

El gremio también plantea que los últimos siete años mostraron las “carencias y necesidades” de la Fiscalía que “es imperioso atender” para que funcione adecuadamente, “como muchas veces reclaman las autoridades”, dice el texto, en relación con sucesivas críticas del sistema político y representantes del gobierno sobre el trabajo de los fiscales en diversas causas penales.

La asociación de fiscales señala que hay una “situación deficitaria” de cantidad de fiscales y de funcionarios auxiliares. Plantean la necesidad de contar con “personal con expertise” en temáticas como la evaluación de evidencias digitales, el lavado de activos, las criptomonedas, la corrupción pública, el crimen organizado y los delitos complejos.

También volvieron a reclamar por equiparaciones salariales, por “inequidades significativas que están siendo marco de reclamaciones judiciales”, y proponen que se resuelvan a través de la Ley de Presupuesto que elaborará el próximo gobierno. Por un lado, refieren a la inequidad entre jueces y fiscales a causa de un aumento que estableció para los magistrados la Rendición de Cuentas de 2021, pero que no previó la misma solución para los fiscales, aunque su salario esté equiparado por ley. La otra situación se da entre fiscales adscriptos y adjuntos, que “realizan exactamente la misma tarea”, pero al momento de recibir una remuneración “los adscriptos reciben un 20% menos de salario”.

Seguridad para fiscales y en los edificios

A través del documento el gremio planteó a los candidatos a la presidencia la necesidad de crear una política de Estado enfocada en garantizar la integridad física de los funcionarios encargados de perseguir y encarcelar a los criminales, como son los fiscales, los policías que trabajan como auxiliares en las investigaciones y los jueces. Consideran que debería hacerse con base en parámetros y estándares internacionales que ya están establecidos. Es una problemática que “acucia a la región” y de la que “no somos ajenos” en el contexto de un aumento del crimen organizado, sostienen.

En ese sentido, hicieron referencia a que “un día sí y otro también delincuentes amenazan a fiscales”, que los tienen identificados como sus enemigos, y al robo de la computadora institucional de una fiscal adjunta de Homicidios.

En el documento, aseguran que es un tema que “requiere las máximas atenciones” y “debe ser prioritario”. Y agregan: “Cuando observamos las medidas de seguridad con las que cuentan los edificios de Fiscalía y sus funcionarios para desempeñar este rol sensible, la realidad nos muestra una situación absolutamente deficitaria”.