La Policía pide “dar un uso social inmediato y visible” a los bienes decomisados al crimen organizado

La demora del Estado para hacer uso de la propiedad fue mencionada el mes pasado durante un encuentro en la Torre Ejecutiva liderado por el Ministerio del Interior para elaborar su Plan Nacional de Seguridad Pública, la estrategia insignia del gobierno en materia de seguridad, que se presentará en 2026 con el objetivo de que quede instaurada como política a largo plazo.

“Se subrayó que el decomiso no debe tener un carácter meramente simbólico o punitivo, sino revertir en beneficios concretos para la sociedad, priorizando la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados. Se valoró la importancia de comunicar públicamente los destinos de los bienes recuperados, fortaleciendo la confianza ciudadana y mostrando el retorno social del esfuerzo estatal contra el crimen organizado”, indica la relatoría del encuentro.

Para llegar a esa conclusión, uno de los principales aportes fue realizado por Juan Domínguez, oficial de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), que representó a esa repartición y a su unidad madre, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. De acuerdo a la transcripción del encuentro, planteó la “urgencia de dar un uso social inmediato y visible a los bienes decomisados” y mencionó como ejemplo la casa de González Valencia en Punta del Este, que “permanece sin destino claro desde hace casi una década, perdiendo valor económico y simbólico”.

Como posible paliativo, Domínguez propuso un mayor acceso de las autoridades a la información patrimonial de grupos de crimen organizado, para identificar titularidades y facilitar su reutilización con fines comunitarios, en articulación con la Junta Nacional de Drogas y los gobiernos locales.

Su posición fue en parte compartida por los representantes del Poder Judicial, entre ellos, Juan Pablo Novella, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, quien insistió en “visibilizar los beneficios sociales del decomiso, proponiendo comunicar públicamente el destino de los bienes”. Desde el Poder Judicial se mencionaron los ejemplos de Argentina e Italia, “donde propiedades mafiosas fueron reconvertidas en escuelas y centros comunitarios”, y se recordó que el edificio actual de la Fiscalía General de la Nación fue adquirido con fondos provenientes de bienes decomisados.

Narcotráfico: de las casas a los autos

González Valencia fue arrestado en Uruguay y extraditado en 2020 a Estados Unidos. En 2023 fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para su importación a los Estados Unidos. Fue líder de Los Cuinis, una organización mexicana aliada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más poderosos del mundo.

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Nicolás Celaya/adhocFOTOS

En su casa de Punta del Este se instaló en 2011. La propiedad, ahora puesta a remate, no es el único bien del narcotráfico que adquirió exposición mediática. El Ministerio del Interior tiene en el Prado una casona incautada durante una operación contra el narcotráfico, que ha sido usada de distintas maneras por gobiernos del Frente Amplio y la actual oposición: base para procedimientos, centro de monitoreo, reuniones de comando y sede de encuentros informales de carácter institucional.

Además, en 2022, El Observador informó que el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, utilizaba como auto oficial una camioneta Audi Q5 incautada a Luis Alberto Betito Suárez, que en 2021 había sido arrestado por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización. El vehículo estaba a nombre de su mujer.

Heber fue cuestionado por la oposición por entender que el uso del auto por parte de un ministro dedicado a enfrentar el narcotráfico implicaba un mensaje negativo para el Estado. Consultado por el Frente Amplio en el Parlamento, afirmó que fue adquirido mediante un convenio de Interior con la Junta Nacional de Drogas que permite recibir vehículos incautados para utilización policial. "¿Cuál hubiera sido la otra opción? Llevar la camioneta a remate. Realmente me parece absurdo teniendo en cuenta que es una camioneta que tiene más de 150.000 kilómetros y lo único que hace es trasladarnos", argumentó.

Añadió que disponer de la camioneta Audi permitió trasladar a otras dependencias las dos camionetas blindadas BMW X5 dispuestas previamente para empleo del ministro y del subsecretario. "A mí me parece más inconveniente tener una camioneta blindada que la precisan más los policías que trabajan en los operativos que yo", respondió Heber cuando legisladores de la oposición afirmaron que no era "conveniente" que su auto oficial hubiera pertenecido al Betito Suárez.

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Pablo Vignali/adhocFOTOS

El entonces abogado de Suárez, Sebastián Puppo, dijo a Subrayado que el uso de la Audi Q5 era una especie de “trofeo de guerra” que el Ministerio del Interior quería mostrar. El 16 de octubre, en el encuentro por el Plan Nacional de Seguridad Pública desarrollado en la Torre Ejecutiva, las representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) opinaron de manera similar ante la posición de la Policía de exhibir los bienes decomisados. Andrea Venosa, Lucía Avellanal, Viviana Diz y Ximena Giani criticaron el “enfoque simbólico” del decomiso, al entender que “priorizar la visibilidad mediática genera una imagen superficial de eficacia”.

Actualmente, la Junta Nacional de Drogas ejerce la titularidad y dispone de los bienes, productos e instrumentos que son decomisados en procesos por diversos delitos. Parte del procedimiento se ampara en la Ley 19.574 de 2018 sobre el lavado de activos. Para el Poder Judicial, los procedimientos del artículo 52 bis de esa norma “presentan demoras y falta de criterios comunes, generando litigios y deterioro de los bienes”. En la reunión con el Ministerio del Interior, sus integrantes propusieron protocolos unificados y personal técnico especializado para la conservación y destino de los activos, así como una reglamentación clara sobre su administración temporal.

El artículo 52 bis señala que "el tribunal penal competente ordenará siempre el decomiso de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita".

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Libera Terra

En la reunión se mencionaron además los casos de Argentina e Italia. En Argentina, en agosto, a través de un decreto se estableció un nuevo régimen de conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, con la intención de centralizar la gestión de bienes incautados bajo el Ministerio de Justicia. En Italia, desde 1996 existe la posibilidad de destinar bienes confiscados a la mafia para usos sociales como cooperativas, organizaciones comunitarias, y actividades sin fines de lucro.

Esa administración está a cargo de la Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Incautados y Confiscados a la Criminalidad Organizada, que a inicios de octubre recibió a una delegación oficial proveniente de Uruguay, Brasil y Colombia "interesada en profundizar la experiencia italiana en la materia", según informó ese organismo en su sitio web.