—Nos hemos encontrado con que varias instituciones no tenían la dinámica de reunirse más que en contactos a raíz de iniciativas del ministro. Nosotros creemos que tiene que haber una secretaría permanente que mantenga la comisión coordinadora de esta institucionalidad. En la perspectiva a mediano plazo estamos viendo que se puedan generar créditos compartidos, entre Utec y Udelar, por ejemplo. Hay conversaciones con ideas genéricas. ¿Qué pasa si se crea una universidad de la educación? ¿Cómo pueden tener una especie de núcleo básico común? Siempre respetando las autonomías, se está articulando.
—¿Cuándo sesionó por última vez la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación?
—Formalmente encontramos actas de hace tres años. La Comisión Nacional de Becas no se reunía desde hace tres años también. La explicación es que se enviaba la información por correo, por vía digital, y se daban por aprobadas. Con la beca Quijano tuvimos un planteo pertinente de la Secretaría de Derechos Humanos, que participa de la entrega de la beca, porque no había sido convocada en las últimas dos instancias. Hubo una dinámica de funcionamiento muy entronizada en la figura ministerial y no en la participación institucional colectiva. El Sistema Nacional de Educación te permite decir: ¿qué pasa en Cerro Largo con el Centro de Formación Docente, la Utec y las experiencias que hay de UTU? Ahí articulás para que la política tenga más sentido país y no sea solo una cosa por la que cada institución va por sí sola.
—El ministerio será el responsable de elaborar e impulsar la agenda legislativa de educación. ¿En qué están trabajando?
—Venimos trabajando de forma muy articulada, porque para generar esa agenda hemos conversado con representantes docentes, representantes de Udelar, miembros de sindicatos y autoridades de ANEP. A partir de esos diálogos y del programa del Frente Amplio, desde el MEC lo que se está elaborando son los proyectos de ley. Tuvimos instancias de conversación tanto con la bancada de legisladores del Frente Amplio que integra la Comisión de Educación como con la Comisión de Educación del Senado, con legisladores de otros partidos. Se está elaborando la fundamentación y el contenido más medular de la universidad de la educación. Eso es iniciativa del MEC. Lo que hemos acordado es presentarla en el Senado, donde hubo un diálogo muy interesante con (Pedro) Bordaberry, Patricia Kramer, Blanca Rodríguez, Graciela Bianchi y Robert Silva. La idea es generar en el territorio debates sobre cómo debería ser una universidad de la educación. En cada departamento hay por lo menos un centro de formación docente. Eso lo convertiríamos en universidad. Estaríamos llevando la universidad a todo el territorio. Nos interesa que la comunidad y los docentes sean parte de esta conversación.
—¿Primero se debate en territorio y después se lleva al Parlamento?
—No, vamos a hacerlo de forma simultánea. Creo que el Parlamento va a ir recogiendo cosas del territorio. Llevar la universidad a todo el país debería involucrar a las autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE, de ANEP), a los docentes del CFE, a los estudiantes, a la comunidad, a los diputados y al Congreso de Intendentes. La idea de la universidad de la educación, más allá de diferentes polémicas, es un debe del país. Uruguay se merece un estatus universitario de la formación docente para exigirles investigación, extensión y darles oportunidades para que la carrera se vaya fortaleciendo.
—¿Cuándo se enviaría este proyecto?
—Entre junio y julio.
—¿Sería el primer proyecto que enviaría el MEC?
—Exactamente.
—¿Qué respuesta recibió de la oposición, porque para crear la universidad de la educación se requieren mayorías especiales en el Parlamento?
—Hay que lograr puntos de acuerdo y mi impresión es que se puede generar algún formato jurídico similar a lo que se hizo con Utec, que se cree el ente autónomo universidad de la educación, que exista la participación y la presencia de docentes y estudiantes. Ver cómo el actual CFE, donde hoy hay tres consejeros propuestos por el gobierno, uno docente y otro estudiantil, reconfigura una gobernanza que tenga en cuenta las diferentes visiones de cara a que Uruguay dé el salto de calidad con la universidad de la educación. Hay una posibilidad muy cierta de llegar a acuerdos sobre lo sustantivo que es crear una universidad de la educación, un ente autónomo para todo el país. Además existen formas intermedias de participación y cogobierno, que ya existen y se pueden mantener, con consejería estudiantil y docente.
—¿Propondrán participación sin cogobierno?
—Vamos a plantear que exista el cogobierno. No podemos garantizar que el Parlamento vote el cogobierno, pero sí que se vote esa universidad.
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—El 6 de marzo, José Carlos Mahía dijo que “en pocas semanas” enviaría el proyecto para reinstalar los Consejos en Educación (en Inicial y Primaria, Secundaria y UTU) y darles voz y voto a los docentes. ¿En qué está esa iniciativa?
—Está en conversación. Ese proyecto tiene como característica recuperar la participación de los docentes en los organismos profesionales y técnicos, no solo en la gobernanza, que eso sería volver a un formato de consejos, sino también en los Consejos Asesores Pedagógicos (CAP), con la posibilidad de que las salas docentes, en las escuelas técnicas y los liceos, tengan injerencia y participación como una suerte de claustro. Se está armando un articulado que recupere la participación de docentes y estudiantes en el sistema educativo. Nos gustaría presentarlo en Diputados. Los proyectos proponen abrir un diálogo y evitar la mala tribunización que hubo antes de la educación.
—¿Sería crear instancias de cogobierno en Primaria, Secundaria y UTU?
—La idea de que haya un cogobierno o una cogestión es lo más actualizado que (plantea) cualquier literatura sobre estructuras, hasta empresariales; permite mayor eficiencia y rapidez para atender los problemas y proponer soluciones. Y es parte del mandato y de la historia uruguaya.
—¿Parte del mandato porque está en las bases programáticas del Frente Amplio?
—Está en el programa. Nosotros tenemos una historia muy reciente de que con la cogestión se había hecho un calendario para la elección de horas muy bueno, y se elegían muy bien las horas. Cuando vinieron estas direcciones generales unipersonales (en Inicial y Primaria, Secundaria y UTU, creadas en la Ley de Urgente Consideración), terminamos eligiendo horas en febrero para empezar las clases en marzo. Pero, además, participación no siempre significa “cogobierno”.
—De las 63 prioridades que marcó el Poder Ejecutivo, hay cuatro cuya ejecución corresponde al MEC. Una de ellas plantea “implementar un apoyo de $ 2.500 a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP, para el arranque de clases”. ¿Cuándo se pondrá en marcha?
—Del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hemos recibido una muy buena señal. Estamos preparando cómo sería ese bono para 2026. Y es probable que se pueda generar como un avance de ese bono para algunas escuelas de quintiles 1 y 2 para después de vacaciones de julio de este año. Esto dentro de la posibilidad que hay hoy de espacio fiscal. Para 2026 se proyecta hacer universal el bono para niños y niñas de tres a 11 años de todas las escuelas y todos los quintiles. Pacha Sánchez lo explicó muy bien: es una partida para cubrir algunas cosas que pueden ser una limitante o una dificultad para una familia, como comprar mochila, abrigo o botas de lluvia, y que no sea un impedimento para ir a la escuela.
—¿Cómo se pagará?
—Eso lo va a definir el MEF. Estamos articulándolo también con ANEP.
—¿A cuántos niños alcanzaría este año el bono?
—Por los estudios que nos compartió ANEP, estamos hablando de aproximadamente 100.000 niños y casi 900 escuelas.
—La matrícula en Inicial y Primaria bajó en los últimos años (en 2024, hubo 26.032 estudiantes menos que en 2020, lo que equivale a una caída del 7,6%, según ANEP).
—La matrícula bajó, pero tenemos la responsabilidad como Estado de darles la mejor educación de calidad a las nuevas familias que existen en el siglo XXI. No corresponde decir: ahora que bajó la matrícula, achiquemos el gasto en educación. Porque la educación no es una gasto, sino una inversión compartida para las nuevas generaciones, y para las familias de esas generaciones. El número de adolescentes será más o menos el mismo en este quinquenio. Tenemos la obligación de aumentar la inversión en ellos, si no queremos todos estos fenómenos que después nos preocupan: las pautas de consumo, los proyectos de vida vinculados a otros mundos, de los que estamos muy cerca, porque aumentó pila el mundo carcelario; está en los liceos.
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Javier Calvelo / AdhocFotos
—Cinco universidades privadas (Católica, ORT, de Montevideo, de la Empresa y Claeh) se oponen a que se les quite “la autorización definitiva” que el MEC les otorgó en febrero. ¿El ministerio resolverá dejar sin efecto esas autorizaciones definitivas?
—Nos encontramos con una resolución hecha a último momento de la anterior administración, sobre la que hicimos un pedido de informe jurídico, el que evidenció falencias de forma graves, es decir, faltaba la firma del presidente en una resolución del Poder Ejecutivo. Consultamos a los rectores de la privadas, tuvimos una reunión muy franca, les dijimos que esto está mal, que no podemos avalar como Estado que lo que habilita a las instituciones privadas, que son muy reconocidas a nivel público y académico, tenga vicios de forma graves, y que por lo tanto vamos a revocar esa decisión y vamos a generar las instancias para que el Consejo Consultivo de la Educación Terciaria Privada elabore un decreto actualizado con la propuesta de las universidades, la mirada del Estado, la de Udelar y la solidez institucional de la reglamentación del sistema terciario en su conjunto, que es lo que se merecen las privadas, sus estudiantes, sus docentes y toda la sociedad. Ya elevamos la resolución para convocar al consejo consultivo y calculamos que antes de que termine este año pueda haber un nuevo decreto. No queremos que en ningún caso esto afecte carreras, sino que le dé estabilidad y solidez al sistema.
—¿Van a dejar sin efecto las autorizaciones antes?
—Quedarían sin efecto hasta el nuevo decreto.
—¿Cuándo las dejarían sin efecto?
—Eso (el proyecto de resolución) está para ir a Presidencia ahora.
—Las cinco universidades privadas alegaron que la “autorización definitiva” es un “derecho adquirido”.
—Ese derecho que plantean haber adquirido fue por una forma improcedente. Nosotros no estamos en contra del derecho, sino que estamos corrigiendo la forma. Y la forma es anular lo que se decretó mal y hacerlo de vuelta. Y lo vamos a hacer de forma consulta, con participación de las universidades y en un muy buen clima de diálogo. Desde el MEC tenemos el rol de velar por todo el sistema de educación en su conjunto, incluyendo a las universidades y la educación privada. No hay acá una cuestión de cercenar derechos; al contrario, para que un derecho adquirido esté bien, tiene que estar bien el procedimiento.
