Días después de que desde el Frente Amplio, y también voces nacionalistas, como el senador Sergio Botana, deslizaran críticas al regreso del expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani al Círculo Católico, el mayor prestador del país le devolvió al oficialismo un temblor en la cara con su actual titular, Álvaro Danza, como epicentro.
Este lunes 18, el programa Así nos va, de radio Carve, informó que Danza, presidente de ASSE desde el 26 de marzo, sigue atendiendo pacientes en las mutualistas Médica Uruguaya y Asociación Española pese a que la ley se lo prohíbe. El artículo 200 de la Constitución expresa que los miembros de los directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados —como ASSE— no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”, con la excepción de la docencia. De hecho, Danza es docente grado 5 de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).
El programa indicó que Danza, médico internista, atiende dos horas los martes en la policlínica de la Española en el Punta Carretas Shopping y los miércoles en la sede central de Médica Uruguaya.
Danza, consultado por Así nos va, indicó que un informe realizado por el Estudio Jurídico Delpiazzo Abogados avalaba presidir ASSE y al mismo tiempo ser “consultante de medicina en instituciones privadas”. El profesional había hecho la consulta a ese estudio el 20 de diciembre pasado, cuando el entonces gobierno electo le ofreció el cargo. Sin embargo, el programa registró que su labor en ambas mutualistas es “la de un médico que atiende en policlínica” a pacientes y no la de un consultante para otros médicos.
En el programa La pecera, de Azul FM, se llamó al aire a la Española —simulando sacar hora—, y desde allí se indicó que en esa mutualista Danza atiende “dos veces al mes” los martes y que para los dos siguientes la agenda ya estaba completa.
DANZA - Incompatibiliad Directorio ASSE
Pese a lo informado y a las repercusiones que esta investigación tuvo en el ámbito político, un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP), firmado por el director de su División de Servicios Jurídicos, Martín Esposto, apunta en la dirección contraria, señalando que no hay inhibiciones entre la presidencia de ASSE y la atención en dos mutualistas privadas.
Esto se debe, atendiendo al artículo 9 de la Ley 18.161, la que crea ASSE como servicio descentralizado, a que “no ocupa cargos que dependan de ASSE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ASSE”, ya que realiza “labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud” sin participar en sus órganos de dirección, tareas “técnicas asistenciales” que ya cumplía de antes y que “en nada tiene relación” con su labor en el prestador público.
Este informe tiene fecha 18 de agosto de 2025, la misma en la que se hizo pública la noticia que ya era comidilla en varios pasillos médicos.
Repercusiones
Las repercusiones por la información no se hicieron esperar. Este mismo lunes 18 al mediodía, el Partido Colorado pidió a través de un comunicado la “renuncia inmediata” de Danza como “única respuesta institucional” adecuada para evitar que “el gobierno y la población pierdan confianza” en el hombre que ostenta la presidencia de ASSE.
Desde el Partido Nacional no hubo una expresión institucional. Sin embargo, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, señaló que “en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE, además, trabaja en mutualistas privadas de plaza, una incompatibilidad manifiesta, no puede durar un minuto más en el cargo”. El diputado Amin Niffouri, quien había sido uno de los que convocó al Parlamento al directorio de ASSE para explicar una cuestionada reestructura del organismo, señaló en su cuenta de X que, “de confirmarse estos hechos, resulta una clara incompatibilidad jurídica y ética” que obliga al presidente de ASSE a renunciar; de no ocurrir esto, “el gobierno debe solicitarle la renuncia”. También indicó que evalúa “acciones parlamentarias”.
Según pudo saber Búsqueda de fuentes nacionalistas, la postura mayoritaria en el principal partido de la oposición es “esperar a que la situación decante”. En criollo: que Danza renuncie sin necesidad de una presión política, en el entendido que muchas veces eso hace que el gobernante cuestionado quede más atornillado a su cargo.
En el Frente Amplio se sintió el golpe.
Por un lado, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, criticó con dureza a la oposición en rueda de prensa por pedir la renuncia de Danza. “No sé si pensarán que algún gobernante podrá quedar, no sé qué concepto tienen de un servidor público, no sé de qué se lo está acusando, lo que sé es que se lo quiere silenciar”, dijo. Calificó esa actitud como “un ataque de ira” y como un develo por no dejar al Frente Amplio gobernar. Y concluyó: “La legalidad en este país la juzga la Justicia”.
Pero al mismo tiempo, legisladores oficialistas están analizando la situación desde el punto de vista legal, incluyendo el informe del Estudio Delpiazzo, sin que esto signifique “un apoyo ni una pérdida de apoyo”, según contó una fuente política a Búsqueda. La actitud en las primeras horas de la tarde del lunes distaba de cerrar filas en torno a Danza.
Que el artículo 200 haya sido el esgrimido para quitar de su cargo al entonces presidente del Instituto Nacional de Colonización Eduardo Viera también estaba sobre la mesa durante el análisis.
En el Frente Amplio, además, hay molestia porque esto ocurre pocos días después de que se conociera que Leonardo Cipriani fue contratado nuevamente por la mutualista Círculo Católico, de la que había sido director técnico antes de asumir al frente de ASSE durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El cuestionamiento no gira tanto sobre su regreso (Cipriani volvió al Círculo Católico más de un año después de renunciar a ASSE para encarar una luego no concretada candidatura a la intendencia de Canelones, tal como estipula la ley), sino por los supuestos beneficios que recibió esa mutualista durante la anterior gestión: una compra de servicios mucho mayor que a otras prestadores, el haberse quedado con la mayoría de los socios de Casa de Galicia tras su cierre y el haber adquirido —sin oposición y luego de un trámite bancario exprés— el icónico sanatorio de esta última, por calle Millán.
El diputado frenteamplista Federico Preve señaló en los últimos días que se estaban esperando informes de auditoría sobre ASSE e informes de contrataciones en los períodos 2015-2019 y 2020-2024. El senador Sergio Botana, del Partido Nacional, había expresado que “prolijo hubiera sido no volver”, en referencia a Cipriani y al Círculo Católico.
Este tema pasó a un segundo plano tras la noticia sobre la situación del actual presidente de ASSE.
Consulta Danza a Delpiazzo 20.12.24
Críticas de ayer y hoy
Lo de Danza, más allá de recordar el episodio de Viera, expresidente de Colonización, también evoca distintos hechos vividos por ASSE en gobiernos del Frente Amplio. En 2008 Baltasar Aguilar, primer presidente de ASSE, debió dejar el cargo cuando se supo que seguía trabajando como cardiólogo y que era socio cooperativista de la Asociación Médica de San José. Esto fue durante la primera administración de Tabaré Vázquez, recordó este lunes la periodista Patricia Madrid en Así nos va.
Por diferentes motivos, los expresidentes de ASSE Mario Córdoba y Susana Muñiz, todos ellos durante gobiernos del FA, también debieron dejar sus puestos. Córdoba renunció en 2011, durante la administración de José Mujica, luego de haber pedido $ 2.400 millones más para cientos de nuevos cargos. Muñiz —hoy en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social— fue removida en 2018, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, luego de un largo rosario de cuestionamientos a su gestión.
En su comparecencia ante el Parlamento el 22 de julio, Danza defendió que la planeada reestructura de ASSE significará un ahorro de $ 125,6 millones anuales, que se redujo 8% el volumen de las listas en espera y que ya no hay casi farmacias con “faltante crítico de stock”. Sin embargo, en los menos de cinco meses que lleva su gestión ya fue duramente criticado por la oposición por un viaje familiar programado de antemano y que coincidió con una alerta roja climática decretada por el gobierno, así como por unos incrementos en remuneraciones para cargos gerenciales que luego fueron revisados.