Proyecto Neptuno: organizaciones sociales apuntan a reclamar la nulidad del contrato en un nuevo juicio

“Nosotros ya desistimos del juicio”, explicó Ceretta, pero enfatizó en que esto no implica renunciar a la lucha contra el proyecto, sino reconocer la inviabilidad de continuar con una estrategia legal que buscaba evitar la firma de un contrato ahora ya consumado. Por eso apuntan a una nueva acción judicial contra el proyecto Neptuno, que busca anular el contrato firmado entre el Estado uruguayo y el Consorcio Aguas de Montevideo.

Desde entonces se desencadenaron varias idas y vueltas jurídicas, en las que, a entender de Ceretta, “nunca hubo un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, salvo la sentencia del juez Alejandro Recarey”, quien dictó una medida cautelar revocada poco después, que ordenaba a OSE a no firmar el contrato y suspender las obras en Arazatí.

“Pero el contrato se firmó, la AAP se concedió y el MSP no hizo el estudio que solicitamos, por lo que el juicio quedó vacío de contenido por la vía de los hechos”, explicó Ceretta. Incluso mencionó que, ante esta nueva realidad, el juez Tobía emitió un decreto dirigido a las partes demandantes en el que consultaba cómo deseaban continuar el proceso, en el entendido de que las medidas originalmente solicitadas habían perdido su razón de ser.

“No desistimos de la pretensión, sino del proceso que se había iniciado, por lo que el juicio se puede reformular”, explicó el abogado. Según contó, tras un análisis de la realidad actual, la clínica les propuso a las organizaciones que patrocina iniciar un nuevo juicio.

Fachada de OSE. Foto: IM

Fachada de OSE.

Con el proceso anterior cerrado, la Clínica de Litigio Estratégico trabaja hoy en la preparación de una nueva acción legal dirigida a solicitar la nulidad del contrato a través de un juicio que no desconozca los avances del proyecto. Además, debido a que probablemente el nuevo proceso “tenga una estructura más larga mediante un proceso ordinario”, prevén solicitar la aplicación de una medida cautelar que impida el inicio o la continuación de las obras del proyecto.

De todas maneras, Ceretta explicó que “hay que buscar el momento oportuno”, ya que todavía aguardan a que se definan las nuevas autoridades de OSE para llevar adelante este proceso, que será especialmente “desafiante”. Esto se debe al principio de relatividad de los contratos, que establece que estos solo vinculan a las partes que los suscribieron, a menos que afecten el interés público. “Los contratos que generan efectos sobre el ambiente nos perjudican a todos, no solamente a los que firmaron el contrato”, argumentó.

La estrategia legal buscará fundamentar la nulidad en la vulneración de normas de orden público, particularmente la protección del ambiente, consagrada en el artículo 47 de la Constitución. Adicionalmente, argumentará que el contrato contraviene la reforma del mismo artículo, que establece que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado exclusiva y directamente por personas estatales, y que toda disposición que vulnere este principio deberá ser dejada sin efecto.

Juan Ceretta: reunión con nuevas autoridades

Por otro lado, aún no definieron qué tipo de nulidad se reclamará (si es absoluta o relativa) ni en qué aspectos se basará la justificación (como ilicitud de la causa del contrato o del objeto), puntos que aún están siendo discutidos.

El abogado señaló que solicitarán en breve una reunión con las nuevas autoridades gubernamentales y mencionó que si el nuevo gobierno mostrara “algún tipo de voluntad de salirse de este contrato”, la posición de las organizaciones podría cambiar de “adversaria a aliada”. En este escenario, una declaración de nulidad del contrato evitaría al Estado los costos de una rescisión unilateral, de los cuales Alejandro Ruibal, director de Saceem, ha mencionado públicamente cifras de entre US$ 50 millones y US$ 60 millones.

En tanto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó a principios de marzo que el gobierno trabaja actualmente en la renegociación del contrato con el objetivo de introducir modificaciones en el acuerdo. Las diferentes autoridades consultadas por Búsqueda, sin embargo, afirmaron que aún no hay novedades al respecto y que todavía no se celebró una reunión formal con el consorcio.

Desde la sociedad civil, por otro lado, continúan en pie de guerra contra la iniciativa. Mientras Los Tucu Tucu y la CNDAV —una organización muy amplia que nuclea a diferentes agrupaciones— exploran las vías legales para frenarla por sus potenciales impactos en el ambiente, a los productores de Rincón del Pino les preocupa especialmente la contaminación del acuífero Raigón y la utilización de tierra altamente productiva. El Movimiento Uruguay Soberano, por otro lado, que mantiene una postura más radical en cuanto a permitir la participación de organismos internacionales, se encuentra abocada a la recolección de firmas en rechazo a Neptuno, y ya consiguió cerca de 10.000 adhesiones.