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Organizaciones presentaron recurso en el TCA para suspender la autorización ambiental previa de la prospección sísmica
Plantean que la habilitación fue otorgada “de forma ilegítima” y que el análisis de riesgos excluyó de forma “arbitraria y no reglada” la evaluación sobre el impacto en la fauna
Edgardo Ortuño y Yamandú Orsi durante la ceremonia de asunción de autoridades del Ministerio de Ambiente en su sede en Montevideo.
Dos organizaciones civiles que integran el colectivo Amigos del Océano presentaron este martes 16 de diciembre un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que se suspendan, de forma provisional, las autorizaciones ambientales previas otorgadas por el Ministerio de Ambiente a los proyectos de exploración sísmica offshore.
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Este reclamo se suma a la medida cautelar de no innovar, que fue presentada en la Justicia semanas atrás por las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma, que busca anular los contratos firmados con las empresas involucradas, y a movilizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos del país en rechazo a la prospección sísmica. También a la entrega de 21.000 firmas en rechazo que entregó la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay en el Ministerio de Ambiente.
El nuevo pedido apunta contra las cuatro resoluciones del Ministerio de Ambiente que fueron dictadas el 5 de diciembre de 2025 y habilitan campañas de prospección petrolera en la “zona económica exclusiva” del país para así relanzar la exploración de hidrocarburos en aguas nacionales.
El documento, al que accedió Búsqueda, sostiene que las autorizaciones fueron concedidas “de forma ilegítima”, que resulta manifiesta la “ausencia de motivación” y la “desviación de los poderes públicos conferidos al Ministerio de Ambiente para la protección ambiental”. Según las organizaciones, la cartera no exigió un estudio de impacto ambiental que analizara las condiciones actuales del espacio marino a intervenir y eso “incumple con el marco normativo”. Las organizaciones ambientales citan el “Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales”, que fue aprobado en 2005, que señala que el estudio de impacto ambiental “debe abarcar el proyecto y su posible área de influencia, incluyendo un encuadre general macroambiental”. Esto implica realizar “una comparación objetiva entre las condiciones anteriores y posteriores a la ejecución del proyecto, en sus etapas de construcción, operación y abandono”.
El documento remitido al TCA cuestiona que los estudios considerados por el Ministerio de Ambiente excluyan de manera “arbitraria” a varias especies que están presentes en el área delimitada, como pingüinos y aves —que puedan verse afectadas por la disminución de alimento disponible— y que se concentren únicamente en ballenas, delfines y tortugas.
A las autorizaciones ambientales previas “les resulta suficiente un estudio que solo se concentra en evaluaciones de riesgos hipotéticas (...) posteriores a la ocurrencia del daño”, dice también el escrito presentado en el TCA, que señala que la habilitación explica que no será “intencional” el efecto, y que “en caso de ocurrencia se sancionará tal como está previsto”.
“Análisis hipotético” pese a evidencia previa
Para las organizaciones ambientalistas, la exploración sísmica “no constituye un proyecto aislado”, sino parte de una política pública extractiva más amplia y por ese motivo debió exigirse una Evaluación Ambiental Estratégica previa, que permitiría “considerar efectos acumulativos” de la exploración sísmica y no solo mitigar impactos, además de “evaluar alternativas” y “justificar la opción adoptada”.
“La Evaluación de Impacto Ambiental, en cambio, no cuestiona la decisión de fondo, sino que se limita a regular la forma de ejecución del proyecto”, dice el documento, que plantea que la autorización de la exploración sísmica implica optar por un modelo energético basado en combustibles fósiles, “con consecuencias ambientales y climáticas a largo plazo”, y que “la fragmentación del análisis invisibiliza el impacto ambiental real de la actividad en su conjunto”.
El escrito afirma que no puede desarrollarse un “análisis hipotético” de los riesgos, “teniendo evidencia suficiente” de las experiencias previas del desarrollo de la exploración sísmica en el país, que “ha dado cuenta de impactos graves sobre la fauna presente en la zona a explorar”.
Como antecedentes, indican que existe un “sinfín de informes” técnicos elaborados durante las campañas de prospección anteriores que concluyeron “de forma inequívoca” que existió un impacto y se determinó “la imposibilidad de medir el efecto de la prospección sobre mamíferos acuáticos por técnicas de muestreo insuficientes”.
“Se dispone de una experiencia acumulada de 5 campañas desarrolladas entre 2012 y 2017 cubriendo 40.215 km2 con sus respectivos informes diarios y finales”, dice el escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Anulatorio, que pide que se habilite un análisis de este reclamo durante la feria judicial para que el TCA resuelva, ya que entienden que existe un riesgo inminente de daño ambiental, con efectos irreversibles en ecosistemas y especies protegidas. Este pedido se hizo, además de solicitar la suspensión de las resoluciones administrativas impugnadas.
Un informe técnico de 2015 realizado por el equipo interdisciplinario de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señala que en el caso de los mamíferos marinos “los resultados sugieren un efecto de los buques de prospección sísmica en su abundancia, sin embargo, es necesario un mayor número de observaciones para confirmar estos resultados”.
También sugería, para futuras actividades de exploración, realizar estudios sobre la fauna antes de iniciar las tareas. “Se deberán realizar estudios antes, durante y después de la actividad de prospección para obtener una mayor cobertura espacio-temporal con el fin de detectar si existen variaciones en el tiempo en la distribución y abundancia de la biota acuática asociadas a la actividad sísmica”, indicó.
“Se duplicaron las medidas”
El reclamo de las organizaciones ambientalistas contrasta con la visión del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que habló en rueda de prensa este lunes 15 frente a las diversas manifestaciones sociales contra las autorizaciones de la cartera. Aseguró que “lo nuevo no es la prospección sísmica”, que ya se realizó en el pasado, sino que “se duplicaron las medidas de protección de la fauna marina, para cuidar ballenas, delfines, lobos marinos, tortugas marinas y otras especies”. El ministro explicó que “no se podrá realizar actividad” a menos de un kilómetro de la presencia de esos animales, y que, si se detecta su presencia, “no se podrá iniciar la actividad". Si durante la actividad aparece cualquiera de los mamíferos indicados, “se deberá detener la actividad y dar el tiempo suficiente para su alejamiento”.
“Aumentamos los controles significativamente”, aseguró.
El jerarca indicó que las exploraciones buscan conocer si Uruguay cuenta o no con recursos de hidrocarburos, “tan valiosos” que “cuestan a Uruguay, según datos de Ancap, entre US$ 1.200 y US$ 1.600 millones de costo anual para la compra de barriles de petróleo, y algo similar podría decirse del gas”.
