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OSE, entre su “plan de inversiones más ambicioso” y críticas opositoras por cambios en obras y ajuste tarifario
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, defendieron ante el Parlamento la renegociación del proyecto Neptuno, anunciaron ahorros y detallaron un conjunto de inversiones que reposicionan al ente en la agenda de infraestructura pública
Edgardo Ortuño durante la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo.
La comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, junto con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, ante la Comisión Permanente del Parlamento el martes 20 de enero, funcionó como una instancia de defensa política y técnica del nuevo esquema de obras para el abastecimiento de agua potable, pero también dejó en evidencia un cambio de escala en el lugar que ocupa la empresa pública dentro de la agenda de infraestructura del país. Durante la sesión, las autoridades expusieron cifras de ahorro, justificaron la renegociación del proyecto Neptuno y defendieron el reciente aumento tarifario, al tiempo que respondieron a cuestionamientos de la oposición sobre costos, plazos y transparencia.
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Ortuño abrió su exposición asegurando que “todas las obras anunciadas por el gobierno se van a realizar”, en respuesta a las críticas, sobre todo de representantes nacionalistas, que apuntaban a un eventual recorte del plan original. En ese marco, subrayó que la renegociación con el consorcio privado compuesto por Saceem, Berkes y Ciemsa permitió mantener el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, pero con un rediseño que incorpora nuevas prioridades. Entre ellas, destacó la inclusión de una séptima línea de bombeo desde Aguas Corrientes hacia Montevideo y Canelones, una obra que, según explicó, no estaba contemplada en el proyecto original, apunta a mejorar la capacidad de transporte de agua hacia la zona este y costará cerca de US$ 50 millones.
Otro de los ejes de la comparecencia fue el ahorro económico derivado de la renegociación del contrato. Ortuño sostuvo que el nuevo esquema con la nueva planta en Aguas Corrientes reduce el costo anual que el Estado deberá pagar al consorcio, que pasa de unos US$ 50 millones a cerca de US$ 40 millones por año, un ahorro cercano a los US$ 10 millones anuales.
Además, en términos globales, el ministro afirmó que con la reconfiguración del proyecto se bajó la inversión de US$ 294 millones, más US$ 70 millones extra de obras que debía asumir OSE (US$ 364 millones en total), a US$ 213 millones, lo que representa un ahorro estimado de US$ 150 millones respecto del contrato firmado originalmente, al tiempo que mantiene las obras consideradas prioritarias para asegurar el suministro de agua potable. Sin embargo, el monto total que terminará pagando el Estado será superior a esa cifra, ya que el contrato prevé un esquema de pago por disponibilidad a lo largo de 17,5 años, que incluye la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras por parte del consorcio.
El ministro también defendió el “blindaje jurídico” del nuevo acuerdo, al señalar que la renegociación se hizo dentro de los márgenes legales y contractuales, para evitar litigios con el consorcio y asegurar la continuidad de las obras. En ese sentido, explicó que el rediseño permite destinar recursos a un conjunto más amplio de intervenciones sin renunciar al objetivo de aumentar la resiliencia del sistema frente a escenarios de sequía.
Durante la sesión, Ortuño fue enfático al señalar que el proyecto original de Arazatí no garantizaba, a su juicio, el abastecimiento de agua potable en las condiciones necesarias para el área metropolitana ni resolvía problemas estructurales del sistema. Esa evaluación fue uno de los argumentos utilizados para justificar la renegociación y el cambio de enfoque hacia obras concentradas en la cuenca del río Santa Lucía y en la infraestructura existente de OSE, comentó.
Por su parte, Ferreri centró buena parte de su intervención en describir la situación financiera de la empresa estatal. Señaló que OSE arrastra desde hace décadas un desfasaje entre ingresos y gastos, con tarifas que históricamente crecieron por debajo de la inflación, lo que derivó en problemas de endeudamiento y en atrasos con proveedores. En ese contexto, defendió el aumento tarifario del agua aprobado en enero, de 8,5% por encima de la inflación, como una medida necesaria para garantizar la viabilidad financiera del organismo, la continuidad y calidad del servicio y la posibilidad de ejecutar “las inversiones históricas previstas”.
En ese sentido, explicó que la estrategia actual apunta a abandonar una lógica de obras aisladas para pasar a un enfoque “sistémico”, que permita planificar el abastecimiento de agua potable con horizonte de largo plazo. Según indicó, las inversiones anunciadas buscan asegurar el suministro para el área metropolitana durante las próximas décadas y corregir cuellos de botella históricos en la red de distribución.
“Es necesaria esa recomposición tarifaria para poder atender el plan de inversiones más ambicioso que ha tenido OSE a la fecha”, agregó Ferreri, al señalar que dado que el 89% de la población consume hasta 15 m3 al mes, para la mayoría de hogares el ajuste implicaría una suba de $ 69 en la factura mensual frente a 2025. “Este aumento contribuye a hacer viable la empresa, porque en términos económicos y financieros la empresa que recibimos no es viable en el largo plazo”, acotó.
La comparecencia también estuvo marcada por cuestionamientos de la oposición. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que impulsó el llamado y realizó cerca de 30 preguntas, expresó dudas sobre los cambios introducidos al proyecto y sobre la claridad de los plazos y costos de las obras. En su intervención, comparó el proceso con el del Antel Arena y advirtió sobre el riesgo de que el plan termine teniendo sobrecostos o desvíos respecto de lo anunciado originalmente, al no haberse incluido en la última versión del contrato una represa y planta potabilizadora en Solís Chico, así como una nueva línea de bombeo. Rodríguez planteó, además, reparos sobre la demora en presentar detalles concretos de la renegociación y reclamó mayor transparencia en la información brindada al Parlamento.
En declaraciones posteriores a la prensa, Ortuño insistió en que el nuevo esquema de obras no solo mantiene los objetivos de abastecimiento, sino que “mejora la eficiencia del proyecto desde el punto de vista económico y técnico”. Reiteró que el ahorro logrado permite reforzar otras áreas del sistema y defendió la decisión de priorizar obras que, según dijo, ofrecen mayor seguridad hídrica frente a escenarios de estrés climático, como la sequía de 2023.
