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    Presentan demanda por US$ 290 millones contra accionista mayoritaria de Navios y los directores de la compañía

    Los accionistas minoritarios denuncian que el directorio y la socia mayoritaria actúan con “opacidad” para afectar sus derechos y que les provocaron un daño económico

    Tras describir lo que considera una serie de “malas decisiones” tomadas por el Directorio de Navios South American Logistics (NSAL) para pasar a la empresa a la “clandestinidad” y favorecer a la accionista mayoritaria, el socio minoritario presentó una demanda millonaria por daños y perjuicios.

    La demanda contra la accionista mayoritaria y los directores de la compañía es por casi US$ 290 millones e ingresó al Juzgado Civil de 14º turno en los primeros días de setiembre. El monto surge de un cálculo desarrollado por el estudio Deloitte sobre el impacto de las distintas decisiones cuestionadas por los demandantes en el valor de la naviera.

    Consultada por Búsqueda, la directora de Riesgos a escala global de NSAL, Anna Kalathakis, dijo la semana pasada que no habían sido notificados sobre la demanda, por lo que no estaban al tanto de su contenido. Añadió que no hay margen de negociar con la contraparte porque cuando estaba al frente de su gestión “defraudó a la compañía” y “robó” dinero.

    Kalathakis aseguró que este conflicto no impactará en los negocios de la naviera en Uruguay, donde tiene varios proyectos logísticos. De hecho, en los últimos meses anunció su intención de ampliar la terminal de acopio de granos y minerales en la zona franca del Puerto de Nueva Palmira.

    Navios.png

    Una situación dramática

    Las relaciones entre la accionista mayoritaria, la griega Angeliki Frangou, y su contraparte, Peers Business Inc. —a través de la cual los hermanos Claudio y Carlos López y los sucesores de su hermano Horacio poseen el 36,2% de NSAL—, socios desde 2007, comenzó a deteriorarse en 2021 y terminó de explotar el año pasado. En agosto del 2024, en medio de discrepancias por decisiones de gestión, la mayoría del directorio removió a Carlos López del cargo de CEO de la compañía y lo acusó de diversas irregularidades.

    Los abogados de López comenzaron un litigio en Uruguay con el objetivo de conseguir información necesaria para presentar una demanda. Habían solicitado que la Justicia nombrara un veedor que les permitiera acceder a información de la compañía. Uno de los ejes de ese pedido, que fue aceptado por un juez en abril, era conocer los detalles de un préstamo por cerca de US$ 160 millones tomado por la compañía de una empresa relacionada con la accionista mayoritaria que sumaba un fee de casi US$ 30 millones.

    Para calcular ese préstamo, según los demandantes, se valuó a la compañía en un tercio de su precio real. Una de sus cláusulas, además, no permite realizar ninguna amortización durante su vigencia y es convertible en acciones tras un período de siete años. De ese modo, la accionista mayoritaria estaría en condiciones de definir, una vez vencido el plazo, si recibe dinero o aumenta su capital accionario.

    En el escrito presentado la semana pasada, los abogados sostienen que la veeduría instalada por orden judicial no había conseguido la información pedida por la estrategia de “opacidad” del directorio, que actuaría en connivencia con Frangou. Describen una supuesta “burda maniobra” para “ocultar actos irregulares ejecutados bajo la dirección de la señora Frangou, no brindar información pública de la compañía, y tratar de barrer debajo de la alfombra todos los vínculos de la sociedad con la jurisdicción uruguaya”.

    Las acciones desarrolladas en esa presunta maniobra incluyen deslistar a NSAL de la Securities and Exchange Commission después de 12 años de figurar en su registro, el “abrupto cierre” de la sucursal uruguaya de NSAL, sacar de su directorio a Ruben Martínez y tomar “financiación inconveniente en Oslo” por la suma de US$ 400 millones.

    “Lo dramático de esta situación impone un accionamiento inmediato, aun cuando los procesos preliminares iniciados no hayan concluido y aun cuando la satisfacción de los derechos sustanciales de Peers no se agoten en esta instancia ni bajo la acción que aquí se promueve”, sostiene la demanda.

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    Terminal de NSAL en Nueva Palmira

    Terminal de NSAL en Nueva Palmira

    El reclamo millonario

    Para describir el supuesto daño patrimonial que sufrió el accionista minoritario, los abogados citan un análisis de Deloitte que traduce las distintas decisiones de los directivos a impactos sobre la valuación de la naviera. En total, la emisión de bonos en Oslo, la “pérdida de transparencia” y la “pérdida de liquidez y marketeability de las acciones” provocarían una pérdida de US$ 798.804.748, “siendo por ende la afectación del valor de las acciones de Peers de US$ 289.167.319”, dice la demanda.

    Además de esa cifra por daños y perjuicios, el accionista minoritario reclama a la Justicia uruguaya que declare nula la cláusula del acuerdo entre NSAL y la empresa controlada por la accionista mayoritaria, que implicaría “la conversión del capital en acciones de NSAL”. Consideran que ese préstamo tiene como único objetivo “licuar el porcentaje accionario de Peers y aumentar el porcentaje accionario de la Sra. Frangou”.

    Las “reglas de oro” de los empresarios

    La empresa todavía no accedió al contenido de la demanda porque no fue notificada, informó NSAL. Ante la consulta específica de Búsqueda, Kalathakis rechazó algunos planteos de la demanda, aunque sin entrar en demasiado detalle.

    Aseguró que el préstamo que tomó NSAL de parte de una empresa relacionada con la accionista mayoritaria responde a que la compañía necesitaba una gran inyección de capital y las líneas de crédito obtenidas a través de instituciones financieras no cubrían el total buscado. “¿La empresa necesitaba dinero y adivina quién pagó? La accionista mayoritaria”, dijo. Y lo hizo a través de las “reglas de oro” de la gestión empresarial, mediante un “comité independiente de directores” y tras consultas a “abogados internacionales”. Añadió que, mientras la accionista mayoritaria hacía frente a las necesidades de la empresa, el socio minoritario “intentaba vender sus acciones”.

    La empresa ha discutido en la Justicia uruguaya que los litigios entre los accionistas deben tratarse en Islas Marshall, donde la compañía fue creada. De hecho, el 22 de julio, su nuevo abogado, Ricardo Olivera García, informó en el juzgado que la sociedad madre había resuelto en febrero de este año disolver, liquidar y clausurar su sucursal local, Navios South American Logistics Inc. Sucursal Uruguay. “La cancelación de la sucursal uruguaya de Navios South American Logistics Inc., operada en el mes de febrero del corriente, constituye la prueba más contundente de cómo la contraria ha distorsionado la realidad, induciendo en error a los prestigiosos juristas, a quienes ha solicitado consultas en apoyo de su pretensión cautelar, y pretendiendo hacer lo mismo con la sede”, dice el escrito.

    Pese a que el juez del caso rechazó la idea de que Uruguay no sería la jurisdicción correspondiente, Kalathakis dijo que insistirán con ese argumento en las próximas instancias.

    Kalathakis sostuvo, al igual que declaró a Búsqueda en junio, que perseguirán judicialmente a su antiguo CEO y a su hermano y exgerente comercial, Claudio López. “En total, creemos que decenas de millones de dólares fueron robados a la compañía solo a través de este esquema de facturas fraudulento”, denunció NSAL en noviembre del año pasado.