La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió realizar una visita oficial a Uruguay antes de fin de año con el objetivo de “analizar los desafíos y las respuestas de política pública frente a la pobreza y para la garantía del derecho humano al agua en el contexto del derecho a un ambiente sano, con especial atención a la situación de niños, niñas y adolescentes”, de acuerdo con un comunicado emitido en las últimas horas.
La última vez que la Redesca estuvo en nuestro país fue en 1978. De la visita que se anuncia ahora, y que se hará entre el 14 y el 18 de diciembre, se espera que surja un informe con recomendaciones al Estado.
El relator especial de esta oficina de la CIDH, el abogado uruguayo Javier Palummo, comentó a Búsqueda que la decisión de poner el foco en Uruguay responde a “temas relevantes a los que se les viene haciendo seguimiento” y a los “compromisos importantes” que ha realizado y ratificado el país, como el plebiscito que consagró el acceso al agua potable y al saneamiento en 2004, y la adhesión al Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en 2018.
A su juicio, en este momento Uruguay “encierra varios temas” que hacen a las prioridades de la Redesca: “Una pobreza infantil que persiste como desafío recurrente, el derecho humano al agua y ciertas dificultades vinculadas al recurso, ya sea por contaminación o por estrés hídrico, como la sequía de 2023, y la necesidad de equilibrar el uso productivo del agua con el uso para la vida de las personas”. Además, “Uruguay está reduciendo la pobreza y tomando decisiones para su seguridad hídrica”, por lo que resulta oportuno “examinar cómo estas políticas garantizan los derechos” en cuestión, destacó.
Palummo explicó que, para que ocurran estas visitas de trabajo, deben coincidir dos cosas: que exista una agenda relevante, y que haya anuencia e interés del gobierno en abrir sus puertas para que un organismo de derechos humanos se constituya en el país y produzca recomendaciones. Esto último no siempre sucede. De hecho, “lo usual es la dilatoria, la demora, que termina siendo una negativa”.
El funcionario, que se desempeña en el cargo desde 2023 y recientemente fue reelecto para continuar su mandato hasta agosto de 2029, aclaró cuál fue su incidencia en la definición de esta visita.
“Hace mucho tiempo que no vivo en Uruguay, pero tengo un especial interés en mi país, las dificultades y los desafíos que tiene. Sin perjuicio de ello, las decisiones las toma la CIDH. Lo digo sobre todo para resguardar la objetividad del mecanismo”, señaló.
Agenda, informe y consecuencias
La Redesca elabora cada año un informe global que contiene un capítulo para cada país miembro de la OEA. A su vez, realiza informes que ponen el foco en algún país o región para dar un seguimiento más profundo. En el último tiempo analizó, por ejemplo, los estragos de las inundaciones en Rio Grande do Sul, los incendios forestales en Bolivia, la minería ilegal de oro y sus efectos en las comunidades indígenas de la frontera amazónica, el impacto del estrés hídrico en Colombia y las consecuencias de las actividades empresariales por contaminación en los recursos hídricos en Guatemala.
Una vez que el gobierno del país da su aval a la visita oficial, se abre un canal institucional con la cancillería y la misión del país ante la OEA para definir la agenda, en diálogo con los organismos y ministerios involucrados.
En este caso, la agenda se resolverá en las próximas reuniones con las autoridades, dijo Palummo, aunque adelantó su interés en visitar “zonas rurales, asentamientos y localidades del interior”. En particular, “lugares especialmente caracterizados por la pobreza infantil, el estrés hídrico y la contaminación”.
En el comunicado se detalla que, para la visita, “se contemplan encuentros con autoridades nacionales y departamentales, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, academia y comunidades, así como espacios para recoger las perspectivas de personas y grupos afectados por las problemáticas objeto de la visita, incluidos niños, niñas y adolescentes, mediante modalidades adecuadas para su participación”.
“Vamos a analizar las respuestas del Estado uruguayo frente a la pobreza y los desafíos del agua, y a considerar las desigualdades territoriales. Uruguay está priorizando estos temas con políticas activas. La idea es examinar cómo funcionan esas políticas en la vida cotidiana de la gente, escuchar directamente a las comunidades”, planteó el relator.
De allí surgirá un informe con observaciones y recomendaciones, que elaborará el equipo de la relatoría y pondrá a consideración de la CIDH. La producción de este tipo de informes suele llevar entre seis y nueve meses, de modo que el relativo a Uruguay podría estar pronto a partir de mediados de 2027.
Lo que ocurre con el material depende, en buena medida, de la actitud que adopte el Estado receptor. Si un país está abierto a tomar las recomendaciones, se pueden generar mesas de trabajo para procurar su cumplimiento. Otro mecanismo posible es el envío de cartas por parte de Redesca solicitando información sobre cierto cumplimiento o acerca de la situación que se considere pertinente.
Cambio climático, Superniño e infancia
Para la Redesca, abordar temas vinculados al cambio climático implica mirar “la forma distinta que tiene de afectar a las personas”. En ese sentido la prioridad radica en los niños y las mujeres, especialmente de los cinturones de pobreza urbana periférica.
“Tengo la sensación de que, cuando pensamos en cambio climático, hay una mirada muy asociada a la Amazonia y los pueblos indígenas, pero tiene una afectación muy urbana, y la intersección con niños, niñas y adolescentes me parece la más relevante para Uruguay por la infantilización de la pobreza que se ha documentado desde los 90”, expresó Palummo.
E insistió: “Las personas con necesidades específicas de protección son las que terminan sufriendo los mayores impactos del cambio climático, y son a las que les va a costar más recuperarse de esos impactos”.
En relación con el recurso hídrico, el objetivo es analizar la planificación de los usos del agua con enfoque de derechos humanos. Parte del relevamiento se centrará en el manejo del agua para la producción de alimentos, y cómo interactúa con el empleo y las distintas actividades económicas.
“La idea es analizar esa temática en su complejidad. No soy relator solo de derechos ambientales, por eso la necesidad de compatibilizar con otras dimensiones es tan importante para mí”, explicó Palummo.
En tanto, ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico denominado Superniño, expresó su expectativa de que finalmente no impacte gravemente en la región, “que ya ha sido muy castigada”. Sin embargo, también reconoció que la ciencia indica que estos episodios se darán cada vez con mayor frecuencia.
“Es algo especialmente crítico para una relatoría como esta, porque las afectaciones suelen ir en cascada: interrupción de la educación de los niños y adolescentes, afectaciones en la continuidad de los servicios de salud, pérdida de vivienda y de medios de vida”. Y, una vez más, advirtió, “son algunos grupos los que terminan sufriendo de una forma más importante”.
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