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Un estudio muestra inequidad en el acceso a través del FNR al tratamiento contra el cáncer linfático
Solo 21% de las solicitudes de financiamiento realizadas al Fondo Nacional de Recursos del medicamento de alto costo que se usa provienen del sector público
Departamento de Oncología en el Hospital de Clínicas
El linfoma difuso de grandes células tipo B (LDGCB) es el más común de los linfomas. En Uruguay, el tratamiento con rituximab es financiado por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) desde 2005, lo que permite a los pacientes alcanzar una sobrevida acorde a estándares internacionales. Pero apenas el 21% de los casos analizados y aprobados ha provenido del sector público; aproximadamente una quinta parte.
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Esto fue señalado por el médico hematólogo Pablo Muxi en una conferencia organizada por la Academia Nacional de Medicina (ANM) el pasado 8 de agosto. Los datos fueron procesados por el sector de estadísticas del FNR, del cual Muxi es asesor externo, a fines del año pasado para la Sociedad Latinoamericana de Hematología. “Fueron presentados ahora porque la ANM está abocada a tener reuniones con diferentes referentes del sector para hacer un análisis del Sistema Nacional (Integrado) de Salud (SNIS) y su futuro”, explicó a Búsqueda.
El rituximab fue el primer medicamento de alto costo financiado por el FNR. Para Muxi, eso convierte al estudio realizado sobre su acceso en un “valioso insumo”, ya que da cuenta de “15 años” de aplicación.
Los casos de LDGCB son los más comunes de los linfomas. Cada año se detectan alrededor de 120, dentro de un universo de entre 400 y 450 linfomas al año. En 2019, el 24,2% de las muertes en Uruguay fueron por causas oncológicas. De no haber tratamiento, la muerte no demora más allá de dos o tres años.
El rituximab es un anticuerpo monoclonal, que se utiliza en una terapia combinada con quimioterapia (CHOP), aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por la sigla en inglés) en 1997. Llegó a Uruguay en 1999. Tenía un gran impacto en la calidad y la cantidad de vida de los pacientes que padecían LDGCB, pero el costo del tratamiento ascendía a US$ 40.000. En octubre de 2004 a instancias del FNR se conformó una comisión —integrada entre otros por Muxi— para analizar su financiamiento, que comenzó a hacerse efectivo el 1o de enero de 2005.
Fue el primer medicamento de alto costo financiado por el FNR, junto con el imatinib (también oncológico, pensado para enfermedades como la leucemia mieloide crónica). El estudio estadístico realizado analiza lo ocurrido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2019, durante los primeros 15 años de su implementación, en pacientes con intención curativa (no paliativa), incluyendo los casos más complejos.
El análisis abarcó a 1.413 pacientes “en primera línea” (las recaídas y las “respuestas parciales” son difíciles de incluir en una estadística, indicó Muxi). De ellos, 1.116 provinieron del sector privado y solo 297, un 21%, del público. “Esto habla de una no equidad en la asistencia. Uno de los fines del fondo no se está cumpliendo”, expresó el médico durante su intervención. Esta desigualdad histórica se ha mantenido. No ocurrió lo mismo con la geográfica: en un análisis realizado durante el primer año, ninguno de los primeros “50 o 60 casos” provenía de departamentos al norte del río Negro. En los 15 primeros años, 722 pacientes fueron de Montevideo y 691 del interior. “Se logró vencer ese problema”, indicó.
“Lo peor son los linfomas que no llegan del interior y de Salud Pública”, sintetizó.
Para quienes se trataron, los resultados fueron alentadores. De esos 1.413 pacientes, el 83,79% (1.184) recibieron CHOP. El resto no pudieron recibir antraciclinos (ya sea por un cáncer previo —son dosis que no pueden acumularse debido a la cardiotoxicidad— o por problemas cardíacos). A dos años, la sobrevida fue del 72,75%; a tres años, del 69,14%; a cinco, del 64,76%. Separado el período por quinquenios, no se observaron diferencias significativas, por lo que se consideran esos guarismos actuales al día de hoy.
La sobrevida global a dos años es de un 70% con este tratamiento.
El profesional resaltó que en lo referido a la sobrevida tampoco hubo diferencias entre los pacientes provenientes del sector público y el privado. La única inequidad refiere al acceso a estas técnicas por parte de los primeros.
“Si uno analiza, nota que solo el 21% de los tratamientos se da en pacientes del sector público (hoy la Administración de los Servicios de Salud del Estado —ASSE—). El FNR es una herramienta maravillosa y ejemplar a nivel internacional que busca la igualdad y que no haya inequidades en la atención. Pero es cierto que al estudiar las poblaciones hay una incidencia menor de la esperada (en los usuarios de salud pública). Esto puede deberse a la falta de acceso a algunos especialistas en el interior, para corregirlo deberían llevarse más especialistas al interior. Es que el análisis arroja que el resultado en sobrevida es el mismo en ambos lados, esto se debe a que estos casos fueron tratados en centros públicos de referencia como el Maciel o el Clínicas”, dijo Muxi a Búsqueda.
Observación repetida
Pese a que la equidad es uno de los pilares sobre los que se sustentó el SNIS, creado por ley en 2007, las desigualdades entre los sectores públicos y privados han sido reflejadas en reiteradas oportunidades en distintos estudios.
En 2022, los usuarios de los seguros privados realizaron en promedio 9,7 consultas médicas, los de las mutualistas 6,8 y los de ASSE 3,6, reflejando una inequidad notoria ya desde el acceso al primer nivel de atención, según indicó un estudio del Observatorio del SNIS presentado en mayo. Esta relación se repite también en cirugías coordinadas, ecografías, tomografías computarizadas y ecodopplers. El único indicador en el cual ASSE está por encima de los otros subsistemas es en los días de camas ocupadas (DCO) para internación. También se indicó que en 2022 las mutualistas gastaron 16% más en medicamentos por usuario que ASSE.
Menos posibilidades económicas, accesibilidad e información, falta de estímulos en los distintos prestadores y la imposibilidad de seguir un tratamiento ambulatorio en otro lado fueron algunos de los factores barajados para explicar esta situación, según dijeron en su momento a Búsqueda distintos expertos en el SNIS.
