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Venezuela: familiares y ONG esperan liberaciones tras el anuncio de amnistía de Delcy Rodríguez
El gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsará una amnistía que abarcará más de dos décadas de confrontación política. La iniciativa excluye delitos graves y vuelve a poner en el centro el debate sobre presos políticos, reconciliación y presión internacional
La presidenta interina Delcy Rodríguez tomó medidas rápidas para reformar la sociedad venezolana, en consonancia con los deseos de Estados Unidos.
La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la decisión de impulsar una ley de amnistía general que abarque “todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente”. El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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Rodríguez, quien además hoy es la principal figura del chavismo, sostuvo que la iniciativa busca cerrar un ciclo de confrontación prolongada y sentar las bases para una nueva etapa institucional. Según explicó, la propuesta será presentada “en las próximas horas” ante el Parlamento.
La presidenta llamó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz a colaborar activamente en la redacción y el trámite legislativo del proyecto, con el objetivo de acelerar su aprobación.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, afirmó en su discurso.
Embed - Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general desde 1999 y que el Helicoide dejará de ser prisión
Alcance de la amnistía y límites anunciados
De acuerdo con lo informado por Rodríguez, la ley podría beneficiar a cientos de personas detenidas, así como a quienes ya se encuentran en libertad condicional. El período cubierto irá desde 1999 —inicio del ciclo chavista— hasta la actualidad.
No obstante, la mandataria subrayó que la amnistía no será irrestricta. Quedarán excluidos quienes estén involucrados en asesinatos, graves violaciones a los derechos humanos y delitos vinculados al narcotráfico.
Rodríguez también pidió a las personas que organizaciones no gubernamentales consideran “presos políticos” que no se impongan “la venganza, la revancha ni el odio”, en un llamado explícito a la reconciliación nacional.
El anuncio se produce en un contexto de reclamos sostenidos de ONG locales e internacionales, que desde hace años exigen una amnistía amplia para los detenidos por motivos políticos.
El Helicoide y las señales simbólicas del gobierno
En paralelo, la presidenta interina prometió el cierre del Helicoide, una de las cárceles más emblemáticas y cuestionadas del país, señalada por la oposición y por organismos de derechos humanos como un centro de tortura.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial”, afirmó Rodríguez, al detallar que el espacio estaría destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.
La promesa fue recibida con cautela por activistas y familiares de detenidos, que durante años han denunciado abusos en ese centro de reclusión ubicado en Caracas.
Actualmente, según cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 711 personas consideradas “presos políticos”. El gobierno, sin embargo, niega esa categoría y sostiene que los detenidos cometieron delitos comunes, en su mayoría vinculados al terrorismo.
Embed - Venezuela: familias de presos recuperan la esperanza de ver a sus allegados en libertad
Antecedentes y tensiones políticas persistentes
La discusión sobre amnistías no es nueva en Venezuela. En diciembre de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley de amnistía que benefició a personas supuestamente involucradas en el golpe de Estado de 2002.
En 2016, el Parlamento controlado por la oposición aprobó otra ley de amnistía, pero fue declarada inconstitucional por el TSJ, alineado con el chavismo, y nunca llegó a aplicarse.
Más recientemente, en agosto de 2020, el presidente Nicolás Maduro otorgó por decreto 110 indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales, en la antesala de unas elecciones legislativas boicoteadas por la mayor parte de la oposición.
Pese a estos antecedentes, decenas de familiares continúan acampando a las afueras de cárceles y centros de detención, a la espera de noticias sobre posibles liberaciones.
Expectativa, alivio y advertencias desde la sociedad civil
La noticia generó reacciones inmediatas entre los familiares de los detenidos. “¡Es maravilloso! No he sabido nada de mi hijo en seis meses”, dijo entre lágrimas Betsy Orellana, madre de Rodolfo Rodríguez, detenido en 2020 tras la fallida Operación Gedeón.
“Es una alegría enorme, una liberación total”, agregó la mujer de 63 años en declaraciones a la AFP, cerca del Helicoide. “No se imaginan el sufrimiento de una madre”, remarcó.
Desde las organizaciones de derechos humanos, el tono fue más prudente. El presidente de Foro Penal advirtió que “las amnistías son buenas siempre que no conduzcan a la impunidad”.
“Si la amnistía sirve para proteger a unos pocos y evitar que escapen de la justicia, no es una amnistía, es un mandato de impunidad”, sostuvo, al tiempo que subrayó que no puede incluir crímenes de lesa humanidad.
Venezuela-Presos-Famliares
Familiares de presos políticos aguardaban frente a una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, mientras Delcy Rodríguez propuso una ley de amnistía general para detenidos desde 1999 hasta la actualidad.
EFE/ Ronald Peña
Oposición, presión internacional y el factor Estados Unidos
En el arco opositor, el anuncio fue leído como una posible bisagra política. El diputado Tomás Guanipa, cuyos dos hermanos están detenidos, expresó su esperanza de que la ley marque el fin de una era de represión.
“Que este sea el inicio de un camino que nos lleve a la libertad y la democracia, definitiva y para siempre”, declaró en una entrevista concedida a la AFP desde su domicilio en Caracas.
La líder opositora María Corina Machado fue más directa al atribuir el anuncio a la presión internacional. A su juicio, la amnistía es “producto de la presión real” ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno venezolano.
Machado también vinculó el contexto político al inminente arribo a Caracas de Laura Dogu, nueva jefa de la misión diplomática estadounidense. Su llegada, prevista para este sábado, es interpretada como una señal de reconfiguración en unas relaciones bilaterales deterioradas desde 2019 y podría marcar un nuevo capítulo en el complejo vínculo entre Washington y Caracas.
