Miguel Ángel Toma. Foto: Nicolás Der Agopián

El secretario de Presidencia tiene una casa en un barrio privado de Punta del Este y es propietario de un automóvil que no se comercializa en el mercado local

Toma, el poder silencioso del gobierno que no reniega del lujo

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Nº2016 - al de Abril de 2019
escriben Guillermo Draper y Juan Pittaluga

Miguel Ángel Toma parecía ajeno a la crisis institucional que lo expuso como nunca desde que ocupa uno de los principales espacios de poder del gobierno. Era domingo 7 y el secretario de la presidencia almorzaba solo en su refugio, con la calma de aquel que sabe que pronto va a escampar.

El jerarca no está acostumbrado a quedar bajo los reflectores. Pero su rostro ocupó en los últimos días un lugar de privilegio en las portadas de los diarios como consecuencia del terremoto que provocaron las declaraciones de José Gavazzo en un Tribunal de Honor militar responsabilizándose del crimen de un tupamaro en 1973 y la presunta inacción del gobierno. Ese domingo, mientras aparecía en la tapa de El País como uno de los posibles responsables de la crisis, Toma estaba tranquilo en su casa del barrio privado Boulevard Park, en Punta del Este.

A diferencia de su primer período, el presidente está más “aislado”, lo que lo obligó a sostenerse “fundamentalmente” en Toma, coincidieron integrantes del Poder Ejecutivo.

Porque si bien cultiva el perfil bajo, la persona de mayor confianza de Tabaré Vázquez en el gobierno, un vínculo construido a lo largo de décadas y que para muchos dirigentes oficialistas es el escudo que impidió su remoción, no reniega de los lujos.

En el garaje está estacionado su Nissan Maxima negro, un sedán deportivo de 300 caballos de fuerza que no está disponible en la nómina comercial de vehículos que la marca japonesa ofrece en el mercado local. En Uruguay, Maxima suele utilizarse por diplomáticos o para traslados de pasajeros ejecutivos y la importadora solo los trae a demanda. Un modelo 0 km fabricado en 2019 cuesta en Estados Unidos desde US$ 34.000 a US$ 43.000, según el equipamiento que posea. En ámbitos de confianza Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente. Los registros públicos a los que accedió Búsqueda marcan que lo importó en 2016.

Además de ser secretario de Presidencia, Toma (de 67 años) se desempeña como abogado privado en una oficina de un segundo piso en la calle Sarandí, a metros de la plaza Independencia. En el bufete trabaja su hijo, Álvaro Toma, quien además es asesor jurídico de la Asociación Española.

Si bien reside en la capital, a unos pocos les confiesa que trata de pasar “cada vez más tiempo” en su casa de Punta del Este. Y actúa en consecuencia. Compró un terreno en Boulevard Park en marzo del 2013 por US$ 170.000. Ahí construyó una casa de dos plantas con piscina.

El desgaste en su relación con el ministro de Economía, Danilo Astori, y la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia son elementos que “contribuyeron a la dependencia de Toma” por parte de Vázquez, afirmaron las fuentes.

A comienzos del 2017 dio otro paso para alcanzar su objetivo: compró un terreno lindero a un costo de US$ 210.000, donde por ahora no construyó nada. Toma incurrió en otros gastos para decorar su casa, entre ellos la adquisición de plantas por un costo de miles de dólares en uno de los viveros más exclusivos de Punta del Este.

Entre sus vecinos propietarios figuran empresarios y uno de los hijos del fallecido multimillonario argentino Alfredo Yabrán. Algunas de las casas cercanas a la suya se ofrecen en más de US$ 1.000.000, dentro de un barrio con una posición estratégica en el balneario —cercano al Punta Shopping, a las playas Mansa y Brava y a los comercios y restaurantes de la avenida Gorlero en la península—, pero que ofrece como principal atractivo la seguridad y la privacidad.

“Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, los demás vivimos en sociedad. Si tú vivís encerrado en otra realidad, a veces pensás que tu realidad es el mundo”, dijo en una rueda de prensa en marzo la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse. La referencia fue al precandidato nacional Luis Lacalle Pou, quien vive en el barrio privado La Tahona de Canelones. En febrero fue la ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien arremetió contra Lacalle Pou por el mismo tema. “La inmensa mayoría no vive en un barrio privado, sino en barrios donde le pasan cosas, donde hay robos, donde el otro día violaron a una chica, donde los niños caminan mucho para ir a la escuela. Esos problemas no se conocen en un barrio privado, se vive en una burbuja”, criticó en TNU.

Vázquez al centro, el ministro de Salud Pública Jorge Basso a la izq. y el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma a la derecha. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Sentimiento de orgullo

Toma desarrolló su carrera pública con discreción y reserva, incluso en este período, donde esas características y factores externos lo han transformado en el hombre más importante del gobierno, luego de Vázquez.

Su método de trabajo, a la sombra de las cámaras, los grabadores y los micrófonos, únicamente lo modificó cuando él o su Secretaría fueron mencionados en artículos de prensa sobre temas de política nacional, como el último, relacionado con Gavazzo. En esas ocasiones, al menos cuatro desde 2015 a hoy, utilizó el sitio oficial de la Presidencia para responder personal o institucionalmente al contenido de los artículos, en una muestra de la libertad de maniobra que alcanzó en esta administración, y que puede explicarse en el estrecho vínculo que forjó con Vázquez muchos años atrás.

Como abogado y director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública (MSP), Toma fue el instructor de la investigación ordenada en 1995 por el ministro Alfredo Solari —durante el gobierno de Julio María Sanguinetti— para determinar si Vázquez había incurrido en conjunción de interés público con el privado al haber recomendado al Instituto Nacional de Oncología (Indo), en su calidad de jefe de Radioterapia, la compra de servicios médicos a la empresa Nuclamed, cuyo representante en Uruguay era en ese momento su hijo Javier Vázquez.

El 1º de marzo de 1996 Toma emitió un informe en el que estableció que si bien Vázquez había enviado al director del Indo un documento solicitando la compra de equipos en el que adjuntó fotos con el nombre de la empresa que representaba su hijo, “no existieron actos o hechos irregulares”, por lo que concluyó que había existido una “falla de servicio”, pero sin responsables.

Toma desarrolló su carrera pública con discreción y reserva, incluso en este período, donde esas características y factores externos lo han transformado en el hombre más importante del gobierno, luego de Vázquez.

Días después, el hoy presidente renunció a la dirección de Radioterapia del Indo y en su carta de salida destacó la labor de Toma y de su inmediato superior, Feliciano Mauvezin, otro de los abogados que elaboró el informe. “Quiero reconocer públicamente mi respeto y el sentimiento de orgullo que como uruguayo experimento ante la actuación seria, profesional, responsable, difícil por el contexto político en que se desarrollaba la investigación, y a pesar de ello con total independencia, con la que actuaron. Honran la función pública, y constituyen el enorme núcleo de funcionarios públicos cuya actuación nos permite creer que pueda existir un Uruguay mejor”, afirmó Vázquez.

Tras el caso Indo, Toma, entonces vinculado al Partido Colorado, fue nombrado en el 2000 como director general de Secretaría del MSP, donde permaneció hasta 2003, destituido por el ministro colorado Conrado Bonilla. “Un gran flojo, un pusilánime”, describió Bonilla a Toma el domingo 7 consultado por El País, al explicar que, entre otras cosas, filtró resoluciones ministeriales a agentes privados de la salud.

En 2005, con la llegada de Vázquez a la Presidencia, Toma volvió a la función pública al ser nombrado director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estuvo en ese puesto hasta marzo de 2008, cuando Gonzalo Fernández, quien durante la investigación por el caso Indo fue el abogado defensor de Vázquez, dejó su cargo como secretario de Presidencia. “Fernández sugirió que él fuera su sucesor”, indicó El Observador en una nota sobre Toma publicada en abril del año pasado.

Con Vázquez compartían algo más que el episodio de Salud Pública: ambos son masones. De hecho, Toma ingresó a esa organización gracias al resplado del exdirigente colorado Oscar Magurno, fallecido en 2014, quien fue jefe de Vázquez en la Asociación Española.

Antes de abandonar Suárez y Reyes en marzo de 2010, Vázquez designó a Toma como fiscal de gobierno de segundo turno. En ese puesto tuvo un rol central en el juicio del empresario Francisco Casal con la Dirección General Impositiva por diferencias por el pago de impuestos en las transferencias de futbolistas. A partir de los informes de los fiscales de gobierno Toma y Daniel Borrelli, en 2013 José Mujica perdonó la deuda a Casal.

La dependencia

A diferencia de su primer período, el presidente está más “aislado”, lo que lo obligó a sostenerse “fundamentalmente” en Toma, coincidieron integrantes del Poder Ejecutivo. El desgaste en su relación con el ministro de Economía, Danilo Astori, y la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia son elementos que “contribuyeron a la dependencia de Toma”, afirmaron las fuentes.

En ese escenario el secretario de Presidencia se encargó en este período de liderar temas primordiales para Vázquez como la negociación con UPM, su campaña contra las enfermedades no transmisibles y los juicios internacionales de empresas extranjeras. Incluso, en agosto del año pasado cinco resoluciones firmadas por Vázquez delegaron directamente en Toma varias tareas administrativas que correspondían al presidente, como lo concerniente a recursos jerárquicos interpuestos contra las dependencias o servicios de los ministerios, los llamados a concurso y ascenso de funcionarios y la contratación de personas en calidad de adscriptos y en régimen de comisión de servicio.

Afuera del oficialismo también genera reticencias el amplio rol de Toma en ciertas áreas. Junto al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, Vázquez los designó al frente de la negociación con UPM para la posible instalación de una planta de celulosa. Uno de los participantes de esas reuniones dijo a Búsqueda que algunos representantes de la empresa “no entendieron” a qué se debía el protagonismo de Toma.

El poder de Toma se reflejó también en otro episodio que descolocó a integrantes del Poder Ejecutivo y el Parlamento. En 2017 elaboró un proyecto de ley para modificar la legislación sobre lavado de activos, que había sido aprobada seis meses antes, e hizo recoger las firmas de los ministros para luego iniciar el trámite parlamentario. Casi nadie en el oficialismo entendió por qué era necesario ese cambio que, de aprobarse, hubiese favorecido la posición de Francisco Casal en un litigio judicial (Búsqueda Nº 1.920)

Recuadro de la nota

▪ Yabrán, el vecino

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