Sin embargo, la discusión sobre el nuevo protocolo en la orgánica del Frente Amplio volvió a reditarse en los últimos meses. Es que el cambio en la presidencia de la comisión, que pasó a ocupar Florencia Astori, implicó que se revisara el borrador y se le hicieran nuevos ajustes. A mediados de este mes, finalmente, la Comisión de Readecuación Normativa, que fue creada en espejo al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio —con representación de los sectores y las bases—, logró el acuerdo unánime de todos sus integrantes para presentar el texto.
En las últimas semanas la comisión hizo una presentación en el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política y posteriormente lo elevó a la Mesa Política, que resolvió el pasado jueves 18 que la propuesta comience a circular entre los sectores y las bases para preparar la discusión del próximo plenario.
El protocolo aprobado en 2020 “significó un paso muy importante en términos del abordaje de las violencias hacia las mujeres, pero entendemos que es importante actualizar esa mirada y sobre todo las herramientas y los instrumentos para combatir la violencia a la interna del Frente Amplio”, dijo Astori.
Cambios
La actualización del protocolo de 2020 plantea varios cambios. Por un lado, amplía el objeto de protección. En vez de considerar solo a las mujeres como víctimas de violencia basada en género, lo extiende a “mujeres y disidencias”.
Una de sus principales innovaciones es que amplía el alcance del protocolo al ámbito privado o doméstico, además de los espacios de militancia o actuación política. Este fue uno de los cambios clave que se buscó desde que inició el trabajo de actualización, a raíz de la discusión que se generó en la interna del Frente tras el caso, en 2022, del exdiputado comunista Gerardo Núñez, a quien la Justicia le impuso medidas cautelares de alejamiento por una denuncia de violencia de su entonces pareja.
El asunto embretó al Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente, ya que no había consenso sobre si podía intervenir, y terminó siendo saldado por el Partido Comunista, que aceptó la renuncia de Núñez a la banca. Desde entonces se comenzó a discutir la necesidad de que el protocolo del Frente se ampliara a los casos domésticos.
Ahora el texto propone que la fuerza política sí pueda intervenir, aunque con una salvedad: “cuando se hayan presentado denuncias en el sistema de justicia”.
La propuesta de 2026 también amplía las personas a quienes alcanza. Esto es, no solo adherentes del Frente Amplio, sino también a quienes representan a la fuerza política ocupando, por ejemplo, cargos en el gobierno. “El Frente Amplio tiene representantes que muchas veces no están afiliados, como resultado de alianzas partidarias, por ejemplo, y entendemos que así como adhieren al programa del Frente Amplio, deben estar sometidos al protocolo sobre violencia”, explicó Astori. El texto establece que estas personas “deberán acordar explícitamente regirse bajo este protocolo”.
A su vez, el nuevo protocolo establece cambios en los procedimientos. Mientras que en el anterior el Tribunal de Conducta Política (TCP) era el encargado directo de recibir la denuncia, realizar la investigación y producir un informe final, ahora se propone la creación de una comisión especializada en violencia basada en género, que “nutra y contribuya” al trabajo del TCP, explicó Astori. Esto bajo el argumento de que los casos de violencia de género requieren de “expertise técnica”.
De aprobarse el texto, la nueva comisión será la que reciba e investigue los hechos, mientras que el TCP solo intervendrá si se determina que existen indicios de una conducta sancionable. Astori dijo que esta comisión deberá determinar, primero, “si el caso constituye una situación de violencia basada en género”. En caso afirmativo, la comisión pasaría sus actuaciones y análisis al tribunal para que evalúe qué medidas adoptar.
Los cambios al protocolo apuntan, por otra parte, a que tenga una respuesta menos “punitivista” y más orientada hacia la “justicia restaurativa”. “En el protocolo del 2020 había una cuestión muy sancionatoria de la violencia, y este texto de adecuación promueve una mirada más transformadora de la cultura frenteamplista, dándole más fuerza a la prevención”, detalló Astori.
“Entendemos que en la medida en que se lauden las situaciones debe haber instancias de reparación, como por ejemplo, una retractación pública”, agregó. “Las medidas de reparación deberán garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas teniendo en cuenta el nivel de afectación. Será de responsabilidad de los ofensores cumplir con la obligación de reparación”, establece el protocolo.
También se incorpora un capítulo de principios rectores que recoge, por ejemplo, la importancia de la confidencialidad de los datos. Para ello, los casos que sean analizados por el TCP y elevados al plenario —que deberá aprobar o rechazar la recomendación del tribunal— serán tratados previamente por una comisión delegada, que se encargará de procesar el caso y preservar la confidencialidad de los datos. Una propuesta de resolución será sometida a votación del plenario posteriormente.
“En los casos en que se recomiende la aplicación de una sanción, el informe remitido al Plenario Nacional solo contendrá la identificación de la persona a la que se propone la sanción, la sanción recomendada y la referencia a que la misma se fundamenta en inconductas vinculadas a violencia política basada en género”, dice el protocolo. Cuando se recomiende el archivo, “la información elevada al Plenario Nacional no contendrá la identificación de las personas involucradas, debiendo individualizarse únicamente número de caso a los efectos de su consideración”.
A su vez, se resalta la importancia de que los casos se procesen con celeridad. “A veces el abordaje de estas situaciones se dilata un montón en el tiempo por cuestiones de burocracia y eso termina impactando muy negativamente, sobre todo en las víctimas”, dijo Astori. Por eso, se rebaja de 90 a 30 días hábiles el plazo máximo para expedirse, aunque, según explicó, el nuevo plazo rige solo para que se expida la comisión especializada.
El ámbito privado
La comisión que trabajó en la adecuación de la normativa considera que el Frente Amplio “no puede intervenir en una situación de violencia basada en género en el ámbito privado propiamente dicho”, sino que lo que puede hacer es “derivar a la persona a los ámbitos especializados”, dijo Astori. Pero, añadió, “entendemos también que si se judicializa una denuncia por una situación de violencia basada en género, el Frente Amplio no puede quedarse sin acompañar y sin mirar esa situación”.
En estos casos, según el nuevo protocolo, la presidencia del Frente “podrá establecer medidas temporales de alejamiento de los espacios de militancia y/o representación de la persona denunciada”, aunque estas “no podrán exceder el plazo impuesto por la Justicia y caducarán si el procedimiento judicial se interrumpe”. A su vez, la presidencia deberá derivar la situación al TCP, que realizará el “seguimiento” de las medidas. Una vez que la Justicia se expida, el TCP podrá recomendar sanciones, que deberán ser refrendadas por el plenario.
“En el protocolo anterior no se abordaban las situaciones de orden privado. Podías tener situaciones de violencia doméstica que involucraban a militantes y el Frente quedaba en una situación compleja. Entonces nos parece muy importante poderlo considerar”, planteó.
Urgente
La presidenta de la Comisión de Género y Feminismos dijo que espera que el protocolo actualizado pueda ser votado y aprobado pronto porque “es una herramienta muy útil para el Frente Amplio y porque la necesitamos de manera urgente, porque las situaciones de violencia existen”.
También destacó que la nueva herramienta “ordena y organiza el abordaje” de las situaciones de violencia. “Creo que de haberlo tenido antes nos hubiéramos evitado varias situaciones complejas que se han vivido, que son de público conocimiento. Me parece que perfeccionar el instrumento y la herramienta para poder acompañar estas situaciones es urgente y necesario”.
