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Se estima que cerca del 45% de los abortos a escala global son no seguros, y más de 22.000 mujeres y niñas mueren por año a causa de un procedimiento no seguro
Hay 25 millones de abortos no seguros por año en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El aborto no seguro es una de las cinco principales causas de muerte materna, y la única que es casi totalmente prevenible. Sea seguro o no, el aborto está extendido en todo el planeta: según la OMS, uno de cada cuatro embarazos termina en un aborto provocado. Se estima que cerca del 45% de los abortos a escala global son no seguros, y más de 22.000 mujeres y niñas mueren por año a causa de un procedimiento no seguro –es decir, a causa de abortos llevados a cabo en entornos sin los “estándares médicos mínimos” o realizados “por personas que no cuentan con las habilidades necesarias”, como explica la OMS.
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En Uruguay, la aprobación de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en octubre de 2012 marcó un momento clave en el avance de los derechos en salud sexual y reproductiva. Es a partir de allí que el Sistema Nacional Integrado de Salud comenzó a proveer servicios de aborto legal en todas sus instituciones, y aunque esto implicó un cambio fundamental en la atención integral de la salud reproductiva, hay aspectos de la ley que vale la pena reconsiderar a doce años de su aprobación.
Si bien la ley IVE busca propiciar un aborto seguro, algunos de sus requerimientos terminan por restringir el acceso al derecho, algo que, lejos de generar una disminución en la cantidad de abortos, expulsa muchas veces a las personas hacia procedimientos más inseguros. Es por ejemplo el caso de lo que se conoce como “plazos de espera obligatorios”. En Uruguay, la ley establece cinco días obligatorios de reflexión entre que se consulta con el equipo multidisciplinario (integrado por Ginecología, Asistencia social y Salud Mental) y la consulta para confirmar la voluntad de abortar. Se exige además una ecografía obligatoria al inicio y otra al cierre del proceso.
Como explica la OMS, estos retrasos impuestos “aumentan el costo del aborto y pueden hacer que resulte inasequible”, lo que puede generar “la continuación del embarazo en contra de los deseos de la solicitante del aborto, especialmente entre las mujeres con menos recursos, las adolescentes, las mujeres más jóvenes, las que pertenecen a minorías raciales o étnicas y las que tienen que desplazarse más lejos para abortar”. Además, los “problemas logísticos y económicos” que supone para algunas mujeres cumplir un plazo de espera obligatorio (como la necesidad de ausentarse del trabajo o de los estudios, los desplazamientos adicionales o el cuidado de los hijos) las obliga a veces a “desvelar su embarazo a otras personas”, a pesar de que la legislación internacional sobre derechos humanos exige a los Estados que “garanticen que los servicios de salud sexual y reproductiva se presten de manera que se asegure la privacidad y la confidencialidad”.
Los datos disponibles comprueban que los plazos de espera obligatorios no aportan ningún beneficio a las mujeres. En Uruguay, los guarismos confirman esta tendencia: más de 95% de quienes inician el proceso de la ley IVE lo finalizan, mientras que el 5% restante, se desconoce si efectivamente continúa con el embarazo o buscan alternativas por fuera del sistema legal.
En 2022, la OMS publicó una serie de recomendaciones y directrices de prácticas óptimas para el aborto seguro, proponiendo un proceso simplificado en comparación con las exigencias de la ley uruguaya. El problema, como se explicó anteriormente, es que estos requerimientos extra que impone Uruguay no redundan en mayor seguridad para las mujeres.
Un informe recientemente realizado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), demuestra que la ley IVE genera costos adicionales sobre lo que saldría realizar el procedimiento si se siguieran los lineamientos de la OMS. En particular, el estudio titulado ¿Cuánto cuesta el aborto legal en Uruguay?, muestra que el “costo IVE tipo” de acuerdo al sistema uruguayo es de 20.963 pesos según las estimaciones realizadas, mientras que el costo siguiendo las directrices de la OMS es de 14.094 pesos uruguayos. Como señala MYSU, ese sobrecosto innecesario de 33% evidencia la necesidad de una reforma de la ley. Una reforma que permita un uso más eficiente de los recursos y una reasignación de los montos para poder cubrir necesidades que hoy en día no están garantizadas (como por ejemplo la contención psicológica para quienes la requieran).
Ante la próxima asunción de un gobierno que se comprometió en su programa a “garantizar el acceso efectivo y la calidad de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional”, es momento de contar con datos claros que permitan repensar las políticas en este sentido, y de habilitar una revisión de la ley IVE de acuerdo a las recomendaciones recientes de la OMS, en busca de condiciones de mayor protección para las mujeres.
