Anestesiados

Tres días después, otro mazazo. Una bebé de 19 días fue internada en el Hospital Pereira Rossell con signos de maltrato severo, según las palabras de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg. Lesiones en las costillas, en los pulmones y laceración en el hígado. Diecinueve días. Con suerte un bebé de esa edad puede pesar cuatro kilos, cinco como mucho. Entra en el doblez del codo de un adulto. Podemos sostenerlo con un brazo un rato largo sin casi sentir su peso. ¿Podemos imaginar la sola posibilidad de hacerle daño? ¿Cómo? ¿Por qué?

Por suerte no todo el mundo es indiferente. De hecho en algunos de los casos mencionados ya había denuncias. No sé qué es peor. Ya había denuncias pero no pudimos proteger a esos niños. No pudimos o no quisimos. Ustedes dirán. Es verdad que los ciudadanos comunes no podemos hacer lo que debe hacer el Estado. Al menos podemos denunciar si conocemos una situación de maltrato. Pero el Estado sí debe hacer. Ahí no hay excusa para mirar para el costado. Y se ha mirado para el costado mucho más de la cuenta. Lo lamento si alguien se siente atacado. Es la realidad. El Estado, que debe velar por los más vulnerables, se ha sentado encima de miles de hojas de expedientes de niños, niñas y adolescentes maltratados desde el día en que nacieron.

Para refrescar la memoria, un informe del diario El Observador de julio del año pasado relata con crudeza la vida que llevan algunas adolescentes que viven en centros del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en Rivera. Una adolescente que murió después de no poder interrumpir un embarazo no deseado, otras que son explotadas sexualmente en la frontera, violadas por policías, metidas en el mundo del narco hasta los huesos.

Pero hay un caso que muestra la fragilidad y la desidia de forma descarnada. Una niña de 10 años que iba de manera intermitente a la escuela, que llegaba con rastros de maquillaje de la noche anterior, que fumaba en la puerta, que se dormía en la clase, que contaba abiertamente que tenía relaciones sexuales, que tomaba alcohol y que se lo pagaban los hombres en los bailes. Diez años.

La nota relata que luego de dos informes del Programa Escuelas Disfrutables, un año más tarde, la niña, que antes vivía con una vecina, quedó al amparo del INAU. ¿Y qué pasó? Nada. Y además quedó embarazada y se hizo un aborto. Dos meses después el INAU la trasladó a otro departamento. Una niña que nació con todos sus derechos vulnerados y que debió ser atendida a tiempo tuvo que pasar por todo esto en solo 10 años de vida. ¿No pudimos hacer nada? ¿No hay responsables de este daño irreparable? Pues no. Esa niña no es la única que bajo la tutela del Estado es permanentemente vulnerada.

Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) da cuenta de todas las omisiones del Estado en el hogar femenino de adolescentes del INAU en Rivera después de dos visitas realizadas el año pasado. En una resolución del pasado diciembre, informada por Búsqueda, la institución de derechos humanos concluyó que está “plenamente acreditado” que el Estado cometió “violencia institucional” y una ”grave vulneración del deber de debida diligencia y protección” de 11 adolescentes y pidió la intervención del centro. El mes pasado, en un nuevo informe divulgado por El Observador, que ha seguido con atención este tema, la Inddhh vuelve a recomendar su intervención y da cuenta de 14 adolescentes con indicios de estar expuestas a explotación sexual.

Me cuesta pensar cuántos niños más tienen que llegar reventados a piñas o muertos a un hospital para que se nos mueva un pelo. O a cuántas niñas más vamos a tolerar que se deje en el abandono total mientras están bajo el amparo del Estado. Los reyes de la autocomplacencia estamos muy mal. Distraídos, escroleando el celular, anestesiados. Muertos por dentro.