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Algunos gestos de colaboración entre organizaciones de empresarios y de trabajadores son una señal alentadora; hay que aprovechar el momento para discutir sin rigideces los temas de la productividad y la competitividad
La semana pasada, la Cámara de Industrias del Uruguay y el PIT-CNT realizaron el lanzamiento de País Industrial, una iniciativa conjunta financiada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que busca investigar, diagnosticar y capacitar para proponer políticas públicas industriales e impulsar el desarrollo productivo del sector a través del diálogo entre trabajadores y empresas. Más allá de la iniciativa en sí, que habrá que ver en qué decanta, el hecho de que una organización empresarial importante y la central obrera aúnen esfuerzos pensando en la necesidad de promover la actividad fabril y el empleo manufacturero —muy golpeado últimamente, en particular, en algunos rubros y en ciertos departamentos— es una señal alentadora.
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Dejar posturas rígidas a un lado para sentarse en torno a una mesa debería ser una práctica mucho más frecuente; son muchos temas relativos a las relaciones laborales que merecen ser discutidos con cabezas abiertas.
Este parece ser un año con agenda cargada en esa área, por iniciativas que pretende llevar adelante el Ministerio de Trabajo, entre las que está la ratificación del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que apunta a regular la obligación de las empresas con relación al preaviso y la justificación de la causa del despido de personal. Las autoridades de esa cartera también plantearon como objetivo para 2026 poner en discusión la reducción del tiempo de trabajo, un asunto prioritario para el PIT-CNT sobre el cual seguramente volveremos a escuchar en los discursos del próximo Primero de Mayo (junto a la poco realista idea del impuesto al 1% más rico).
Son temas importantes para el país, que, sin embargo, deberían ser planteados sin perder de vista otros más de fondo: Uruguay es un país caro para producir y una parte de esos altos costos derivan de requisitos y regulaciones laborales, en algunos casos, de otros tiempos. Si nos queremos subir a la presente revolución tecnológica —con la inteligencia artificial y sus todavía insospechadas consecuencias productivas y para el mundo del trabajo—, no será posible con normas pensadas para las revoluciones previas.
De hecho, en el sector tecnológico y de servicios vinculados, algunas reestructuras empresariales recientes —incluyendo despidos masivos— son, en parte, el reflejo de esa realidad. Como sostienen algunos empresarios de estos rubros, ciertos diferenciales que teníamos como país —como la estabilidad institucional y los recursos humanos calificados relativamente abundantes— han perdido relevancia, y si quienes demandan nuestros servicios consiguen proveerse a menores costos y similar calidad en otros mercados, como la India, lógicamente irán a buscarlos allí.
Puede ser muy loable pensar en reforzar los derechos y en mejorar la calidad de vida de los asalariados, pero la prioridad de todos —trabajadores, empresarios y autoridades— debería ser hacer al país más competitivo y productivo, porque es el único camino genuino para generar riqueza y empleos.
Son tiempos en los que conviene elegir bien las agendas y las reivindicaciones, en los que parece sensato dejar de lado las posturas radicales y aprovechar las oportunidades para dialogar. Menos confrontación, más consensos.