Dejen morir

Es difícil ponerse en el lugar del que sufre cuando no es nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana, nuestro hijo. Pero seguro todos conocemos historias duras, durísimas.

La pregunta es sencilla. ¿Por qué cuesta entender y respetar la voluntad de alguien que no quiere seguir viviendo en condiciones insoportables? ¿Por qué los demás tenemos la potestad de decidir que esa persona que está sufriendo tenga que seguir sufriendo y listo? ¿No sabemos acaso que los cuidados paliativos, que ayudan mucho pero no siempre lo suficiente, no llegan a todos en Uruguay? ¿Por qué no podemos aceptar la decisión de otro sobre su propia vida? Parece una tontería, pero la existencia de la eutanasia no obliga a nadie a utilizarla, desde ya. Entonces, ¿queremos seguir tolerando que se practique en los hechos, pero que no sea legal? Todos sabemos que se practica. En las sombras, de callado, pero se practica y se va a seguir practicando en la ilegalidad.

Todo esto no quiere decir que quienes no acompañen con su voto la ley que acaba de entrar —una vez más— al Parlamento sean insensibles a estas realidades. Por supuesto que no. Hay motivos de conciencia, hay motivos religiosos. Hay personas que simplemente no soportan la idea de ayudar a morir a alguien. O de que alguien realmente desee dejar de vivir. Y todas las formas de ver este tema tan profundo, doloroso e importante son válidas. Lo que no es válido es hablar de “cultura de la muerte”, como se ha escuchado en boca de varios detractores de la iniciativa. Es una cuestión de derechos. El derecho a morir con dignidad. El derecho a morir, simplemente, cuando ya no se quiere, no se soporta una vida que ya no es.

En la pasada legislatura, con idas y vueltas, pedidos de que no se trate, de que quede en la Comisión de Salud y no pase al Plenario para ser abordado, el proyecto naufragó. Tuvo media sanción en Diputados en 2022, pero en el Senado no estaba esa mayoría. Hubo tensas discusiones en la interna colorada por la falta de apoyo y el encajonamiento del proyecto. Hubo negativas en el Partido Nacional y en Cabildo Abierto. Hoy estamos nuevamente ante la posibilidad de la muerte digna.

El proyecto fue ingresado esta semana para su discusión en comisión y lleva la firma de legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente. Todo indica que, esta vez sí, las manos levantadas serán suficientes y será consagrado un nuevo derecho en Uruguay para quienes quieran utilizarlo y reúnan las condiciones. No es un tema de partidos, no es de izquierda o de derecha, es de todos.

El trabajo sobre el texto ha sido intenso, fueron años de discusiones para llegar a acuerdos y que esta vez no muera en la orilla. Y el proyecto establece que “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que su pedido, y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

El proyecto también establece las condiciones, el procedimiento y los controles para dar la tranquilidad de que se hará con todas las garantías. Incluso, deja claro que la voluntad del paciente de poner fin a su vida es siempre revocable.

Así como Florencia Salgueiro contó una y otra vez el caso de su papá para que se comprenda a cabalidad lo que es padecer la vida, Pasquet dijo una y otra vez algo que parece tan lógico que resulta difícil no estar de acuerdo. Que nadie le imponga sus creencias y convicciones al otro cuando decida por su propia vida y su propia muerte.

Si no, ¿dónde queda la libertad de la que tanto hablamos por estos días? ¿Qué tan libres somos si ni siquiera podemos decidir sobre nuestra propia muerte? Se trata de derechos y de dignidad. Ni más, ni menos.