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    Delito y reincidencia: ¿qué nos dice la evidencia internacional?

    La población carcelaria en Uruguay se triplicó en los últimos 20 años, pasando de unos 5.000 a 15.000 reclusos. Es una población joven, mayoritariamente masculina, que proviene de contextos de suma vulnerabilidad, con bajas perspectivas de inclusión desde el arranque. De acuerdo a un informe del Ministerio de Educación y Cultura de 2022, el nivel educativo de los reclusos está fuertemente concentrado en la Primaria y más de la mitad son analfabetos funcionales. Esto significa que son incapaces de realizar todas las actividades donde la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad. Ocho de cada 10 recibieron en el pasado prestaciones sociales del Mides (principalmente transferencias monetarias o canastas de alimentación) o participaron en programas de tiempo completo en el INAU.

    A las condiciones iniciales, se le suma el pasaje por cárceles con altos niveles de hacinamiento, violencia y consumo problemático de drogas. Por cada 100 plazas disponibles hay en promedio 120 reclusos. Pero hay módulos en los que llegan a haber hasta 200 reclusos ocupando el espacio de 100 personas. Algunas referencias apuntan a que el uso problemático de sustancias afecta al 80% de la población privada de libertad. No hay una atención adecuada de los problemas de salud mental y las muertes continúan creciendo dentro de las cárceles. Todas estas condiciones hacen que la reinserción, a la salida, sea poco probable: dos de cada tres liberados por primera vez reinciden al cabo de tres años.

    ¿Qué medidas debemos impulsar como sociedad para reducir el delito y la marginalidad resultante del encarcelamiento? En un trabajo reciente, la investigadora Jennifer Doleac hace una revisión exhaustiva de distintas intervenciones que buscan desincentivar el comportamiento delictivo. A diferencia de otras revisiones, solo incorpora estudios en los que hay una evaluación de impacto metodológicamente rigurosa, utilizando ensayos aleatorios controlados o experimentos naturales.

    Lo primero que analiza es si cambiar las penas genera cambios en el número de delitos. Muestra evidencia de que penas alternativas a las cárceles, como las multas o la libertad condicional (en el caso, por ejemplo, de infracciones de tránsito o de accidentes en el que el conductor está alcoholizado) reducen la reincidencia. Lo mismo sucede cuando se sustituyen sentencias cortas de prisión o prisión preventiva por el monitoreo electrónico. Los beneficios de estas medidas se atribuyen, en parte, a que se evita el efecto criminógeno de las cárceles (“escuelas de crimen”) y no se suspenden actividades como el trabajo, que permiten mantener al individuo inserto en la sociedad.

    Por otro lado, la evidencia es más ambigua cuando lo que está en discusión es la extensión de la pena. Hay investigaciones que muestran que más tiempo en la cárcel reduce el delito y otras que muestran lo contrario. No está claro si las diferencias entre estos estudios se deben a que las poblaciones bajo análisis son distintas, o si lo que determina los resultados es la calidad de las cárceles y los tratamientos y programas ofrecidos durante la reclusión. El efecto de mayores penas en cárceles en condiciones de hacinamiento, inseguridad alimentaria, violencia y carentes de servicios seguramente sea muy diferente al de cárceles con programas educativos, laborales y de salud.

    Un segundo grupo de medidas son las que modifican la probabilidad de ser descubierto y penalizado por un delito. La incorporación de la información de los reclusos en bancos de ADN tiene efectos muy claros sobre la reducción de la reincidencia, al hacer más fácil su identificación en caso de futuros delitos. Otras medidas, como la supervisión a liberados con uso problemático de sustancia y el asociar las penas a determinados comportamientos, como no mantenerse sobrio o libre de drogas, tienen efectos más ambiguos, probablemente porque los niveles de fiscalización y de cumplimiento de estas penas varían sustancialmente entre supervisores.

    El tercer tipo de intervenciones tiene que ver con mejorar las perspectivas de reinserción a la salida. Los trabajos temporarios garantizan un ingreso y permiten trabajar las habilidades blandas, como el funcionamiento en equipo o la asistencia y la puntualidad. No hay evidencia consistente, sin embargo, de que estos trabajos mejoren el empleo en el mediano y largo plazo. Una posible explicación es que, al congregar personas similares, en muchos casos con antecedentes penales, se generan círculos de influencia que no contribuyen a la rehabilitación. Tampoco hay evidencia sólida acerca de la eficacia de programas que ofrecen capacitaciones para el trabajo o un apoyo holístico en habilidades blandas a la salida de la cárcel, aunque sí parecieran tener impacto en bajar la reincidencia los programas de rehabilitación dentro de la cárcel. Se precisa de más investigación que muestre qué tipos de programas de capacitación e inserción laboral son efectivos y cuáles no lo son.

    En línea con este mismo objetivo de mejorar las perspectivas de reinserción, sí parece haber evidencia suficiente de que proveer asistencia pública a individuos recientemente liberados tiene efectos positivos. Recibir transferencias monetarias, partidas para alimentación, o subsidios de alquiler de vivienda a la salida de la cárcel reduce la reincidencia: hay menos incentivos a cometer robos o hurtos para satisfacer necesidades básicas y el apoyo permitiría que los liberados se mantengan alejados de malas influencias. Un trabajo de Munyo y Rossi de 2015 para Uruguay encontró que aumentar la partida de dinero asignada al recluso el día de egreso de la cárcel reducía los delitos contra la propiedad durante ese día sin desplazarlos a los siguientes días.

    Un cuarto tipo de medidas tiene que ver con la influencia de los pares. Hay varios estudios que muestran que la exposición a pares de mayor riesgo durante la reclusión aumenta los delitos futuros. La evidencia es fuerte, en particular en lo que refiere a delincuentes juveniles. Si bien el aprendizaje de habilidades para el crimen y la formación de redes se mencionan como posibles mecanismos, un canal al que se le da particular importancia es al contagio social de actitudes negativas. Se encuentran también efectos de influencia negativa cuando exconvictos comparten espacios terapéuticos o de capacitación, o cuando se ofrecen soluciones habitacionales a la salida en las que se concentran personas recientemente liberadas. La literatura todavía no es clara en cómo sortear este problema. Se plantea como desafío entender mejor cuáles son las influencias que impactan más y cómo mitigar los efectos negativos de las malas compañías. Hay alguna evidencia de que ciertos programas que promueven valores y actividades socialmente apreciadas, y alejan las preferencias de actividades ilegales, contribuyen a reducir la reincidencia. En su mayoría, estos programas dependen de la mentoría de líderes influyentes, y no está claro si algo así funcionaría al ser escalado.

    Un último tipo de programas apunta a mitigar el uso problemático de sustancias y los problemas de salud mental. La actividad delictiva responde, en muchos casos, a condiciones de salud mental o de adicción, como es el caso de los robos para comprar droga o de los comportamientos violentos a consecuencia de las drogas o de problemas psicológicos. Hay fuerte evidencia de que la terapia cognitiva conductual, enfocada en ayudar a los pacientes a identificar pensamientos negativos o incorrectos para responder mejor a los desafíos, contribuye a bajar la reincidencia. Es preciso, sin embargo, entender mejor qué detalles de implementación son claves para que estas intervenciones tengan éxito a gran escala. No hay evidencia sólida sobre la efectividad de intervenciones que buscan aumentar la participación de privados de libertad y liberados en programas de tratamiento comunitario, o en comunidades terapéuticas, que ofrecen soluciones residenciales de mediano y largo plazo basadas en la autoayuda, el apoyo grupal y las mentorías.

    En resumen, la literatura muestra evidencia firme de que algunas estrategias funcionan para evitar la reincidencia. Estas incluyen la búsqueda de alternativas al encarcelamiento, la asistencia social a la salida de la cárcel, el evitar mezclar a los jóvenes primarios con reclusos de alto riesgo, el evitar segregar a los liberados en grupos exclusivamente de exreclusos o el uso de la terapia cognitiva conductual para resolver problemas de adicciones o de salud mental. Pero son muchas más las interrogantes que las respuestas. Y muchas de estas respuestas dependen notoriamente del contexto. Esto realza la importancia de entender mejor el contexto de las personas privadas de libertad en nuestro país y de profundizar la investigación local para identificar herramientas que contribuyan, desde la prevención y el tratamiento, a atacar esta realidad que por momentos parece írsenos de las manos.

    Referencias:

    Doleac, J. L. (2023). Encouraging desistance from crime. Journal of Economic Literature, 61(2), 383-427.

    Munyo, I., & Rossi, M. A. (2015). First-day criminal recidivism. Journal of Public Economics, 124, 81-90.

    Juanche, A., Gómez, G., Pereira, L., Thove, M., Zoppis, D., Rodríguez, M.E., Ascué, N., Guillén, F. (2022). Un modelo para el diagnóstico de analfabetismo en la población adulta privada de libertad en Uruguay. Informe de resultados. Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Educación. ISBN: 978-9974-36-464-6