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¿Qué saldo queda en la opinión pública cuando se frustra la expectativa de un acuerdo político multipartidario? La frustración deja siempre un sabor amargo
El gobierno, que comenzó piano, pianísimo y que sigue, cada tanto, tropezando con sus propias piedras (jerarcas renunciando o corrigiéndose entre sí), poco a poco, al estilo “maratón” de Yamandú Orsi, empieza a aumentar el ritmo. Para fundamentar esta afirmación, y sin ninguna pretensión de ser exhaustivo, alcanza con mencionar algunas iniciativas de las últimas semanas. El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una batería de medidas para favorecer el comercio exterior y reducir costos de las empresas. El Ministerio del Interior presentó el primer informe semestral de criminalidad elaborado por la nueva Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA). El Ministerio de Trabajo presentó las pautas para la ronda de Consejos de Salarios. La Cancillería viene desplegando una agenda intensa. En ese contexto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lanzó la semana pasada una iniciativa largamente anunciada: el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social.
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De todas las iniciativas en curso, el diálogo social es la que más atención y polémica ha suscitado. No podía ser de otra manera, al menos por dos razones. En primer lugar, por la amplitud de los temas que se quiere discutir: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a personas activas y jubilaciones y pensiones. Todo. Todo lo que importa en materia de bienestar social, y todo a la vez. En segundo lugar, por la decisión de colorados, nacionalistas e independientes (y de Identidad Soberana, para ser justos) de no participar en él, y la ulterior cascada de contactos políticos de primer nivel en Torre Ejecutiva. Es decir, toda la oposición, con la excepción de Cabildo Abierto. La resonante decisión del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) de no participar en el diálogo social generó, naturalmente, una intensa polémica política y mereció, como correspondía, múltiples análisis. Paso a compartir mis apuntes.
Lo que se promete se cumple. Es una regla elemental de la democracia representativa que debe ser recordada y exigida todo el tiempo. El Frente Amplio (FA), cuando decidió no acompañar la reforma de ley de reforma de la seguridad social elaborada por la Coalición Republicana, prometió que, en caso de volver al gobierno, convocaría a un diálogo social para discutir toda la seguridad social, y no solamente los contenidos de la nueva ley. Mirado desde este ángulo, solo se puede decir que se está haciendo lo que se anunció.
Nadie debería sorprenderse demasiado del amplio espacio concedido a las organizaciones sociales en la hoja de ruta del diálogo social. El FA, desde su nacimiento, tiene un estrecho contacto con la sociedad civil. Al principio, sus raíces sociales estuvieron básicamente en el movimiento sindical y en una amplia porción del mundo estudiantil y académico. Más tarde, se agregaron organizaciones promotoras de agendas más específicas (derechos humanos, feminismo, diversidad, etcétera). A esto hay que agregar que el FA se propuso reforzar su contacto con la sociedad civil durante la “autocrítica” realizada entre 2020 y 2021. Desde luego, a su manera, todos los partidos de Uruguay saben que deben cuidar el vínculo con sus bases sociales. Si no lo supieran, y si no lo hicieran, no serían tan longevos.
Tampoco hay que sorprenderse de la decisión adoptada por blancos, colorados e independientes. Tienen muchas razones fácilmente comprensibles para no participar. La primera de ellas nos lleva de nuevo al gobierno de Luis Lacalle Pou. Si hubo un tema en el cual ese presidente se mostró realmente dispuesto a dialogar con el FA fue en seguridad social. Representantes del FA participaron en la Comisión de Expertos. Lacalle Pou y Rodolfo Saldain le entregaron el proyecto de ley a Fernando Pereira en el local del FA. Los esfuerzos por construir acuerdos naufragaron. El FA llegó al límite de no pronunciarse contra el plebiscito promovido por el PIT-CNT, contra la opinión de su candidato a la presidencia y de su (eventual) ministro de Economía. Este antecedente pesa, y mucho.
En segundo lugar, pasando de los antecedentes (y las emociones) a los cálculos políticos, y del pasado al futuro, es obvio que siempre es el gobierno el que más tiene para ganar en términos políticos cada vez que logra que la oposición se disponga a dialogar, y eventualmente, a acordar, sobre alguna política pública relevante. El diálogo político blinda al gobierno y ata de manos a la oposición. Dicho sea de paso: por eso resultó tan llamativo el error del gobierno de Lacalle Pou de no aceptar dialogar con el FA en plena pandemia.
En tercer lugar, es evidente, también, que la hoja de ruta presentada facilitó la deserción de la oposición. La amplitud temática conspiró contra la participación. Es mucho más difícil para la oposición negarse a participar en un diálogo específico, concreto (por ejemplo, sobre las cárceles o primera infancia) que declinar estar en un espacio en el que se discutirá del mundo y sus alrededores. La composición de la Comisión Ejecutiva también resultó muy incómoda para la oposición: los partidos en minoría, la oposición reducida a su mínima expresión, rodeada de representantes del gobierno y de organizaciones con las que el FA tiene afinidad.
En definitiva, sumando todo lo anterior, esta columna pudo haberse titulado “crónica de un diálogo imposible, o de un fracaso anunciado”. Aun así, cabe hacerse una pregunta en otro plano de análisis. ¿Qué saldo queda en la opinión pública cuando se frustra la expectativa de un acuerdo político multipartidario? La frustración deja siempre un sabor amargo. Por suerte, a diferencia de lo que ocurre en demasiados países, la ciudadanía uruguaya sigue apreciando los puentes tendidos, es decir, los políticos capaces de sentarse a conversar con los que piensan distinto. Cuando escucho, de un lado y del otro, subir el tono de voz para justificar, unos la propuesta, los otros el paso al costado, pienso en el hombre de la calle de Jaime Roos diciendo “no te aguanto más”. Ayudaría mucho que los protagonistas, unos y otros, no subieran el tono y se pusieran en los zapatos de sus rivales.
Los partidos tendrán muy pronto nuevas oportunidades de dejar de lado antecedentes, reproches, broncas y cálculos, para compensar el fracaso de la dimensión partidaria del diálogo social. Hay otros temas esperando discusiones civilizadas. En este mismo espacio, pedí un “acuerdo político por la gente en la calle”. No he perdido la esperanza. Todo indica que hay voluntad de dialogar en serio, y de llegar a acuerdos entre partidos sobre pobreza infantil. El gobierno anunció que convocará a un diálogo multipartidario sobre seguridad. El mejor atributo que tiene el presidente Orsi, como líder político, es una genuina voluntad de diálogo con sus adversarios. Falta mucho para el 2029. La calculadora debería poder esperar.
