Distintas categorías de muertos

¿Por qué unas cifras sí y otras no, incluso si son peores o hasta más alarmantes? Mi apuesta es: porque ambos fenómenos no resultan igual de operacionales para la política. Esto es, es más difícil lanzar piedras en rancho ajeno con aquello que es percibido como falta de pericia individual o resultado del azar y contrario a la naturaleza de las cosas. Las tres primeras acepciones de la palabra accidente en el diccionario de la RAE son: “1. m. Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su esencia o naturaleza. 2. m. Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. 3. m. Suceso eventual o acción de la que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”. Esto es, un suceso antinatural, algo que ocurre contra el orden regular y que involuntariamente resulta en un daño. Seguramente, los accidentes de tránsito, por tratarse de algo involuntario, no son fáciles de asignar a la responsabilidad de un partido o gobierno. Es decir, no son fáciles de usar como trompada dirigida al rival político y, por lo tanto, no resultan vendibles de la forma en que sí lo son los asesinatos.

En un muy buen artículo publicado hace pocos días en el digital Contraviento, Manuel Da Fonte señala: “Leyendo las 48 medidas propuestas por el Frente Amplio, se puede constatar que no se menciona ni una sola vez la inseguridad vial. Lo mismo ocurre con el recientemente publicado acuerdo programático de la Coalición Republicana. En todo el texto publicado no existe ni un capítulo, ni una frase, ni una sola palabra que señale a este tema, como un problema grave de la sociedad que deba ser abordado y tratado como prioridad”. Y aventura una explicación: “Evidentemente, la política de culpar al ciudadano como único causante de los siniestros, ya sea por imprudente, distraído, o por incumplir las normas de tránsito, ha hecho que la política de seguridad vial no le interese a nadie. Ningún político pone el tema sobre la mesa, porque piensa igual que la ciudadanía, que todo es culpa del comportamiento individual y que no hay nada en lo cual el Estado esté omiso y en falta”.

¿Qué se puede hacer entonces? Da Fonte señala un par de cosas en lo inmediato: “Uruguay, si implementara estas dos simples medidas (la incorporación de las normas ONU en la construcción de vehículos, y un sistema de información al consumidor sobre la seguridad de los vehículos) podría incrementar su PBI entre un 0,6 y un 1,7%. Es de destacar que ninguna de las dos medidas tiene costo alguno para el Estado. Pero además, se evitaría el 30% de los muertos en el tránsito. Sólo teniendo en cuenta esto, debería ser un imperativo ético para todas las autoridades”. Yo agrego, aunque cueste plata: unificar la señalética en todas las ciudades del país y señalizar las calles como se debe. Last but not least, mejorar sustancialmente la formación de los conductores.

Mientras se considere a los accidentes de tránsito resultado del error individual, la mala suerte o la casualidad, no lograremos establecer el sentido del reclamo que se le debe hacer al Estado. Y mientras esa demanda no se estructure, los partidos seguirán haciendo la plancha al respecto, por carecer de incentivos para tomar el tema. Si nos escandalizan los 382 muertos por homicidios, nos deberían escandalizar los 384 de los accidentes de tránsito. Bajo ningún concepto deberíamos aceptar que existen distintas categorías de muertos.