Educación como prioridad absoluta

Por otra parte, la condicionalidad sí ha logrado impactar de manera positiva en la matrícula y la asistencia escolar. La evidencia muestra que, si bien las transferencias no condicionadas aumentan la asistencia a centros educativos, el efecto de las condicionadas es sustancialmente mayor y crece con la intensidad del monitoreo y la aplicación efectiva de la condición. Los programas con condiciones explícitamente monitoreadas y sancionadas han mostrado efectos claramente superiores a aquellos cuyas condiciones existían, pero no eran verificadas. El efecto de la condicionalidad ha sido menos claro sobre los aprendizajes, ya que la mera asistencia no garantiza que se aprenda más, en particular cuando los centros educativos son de baja calidad.

En segundo lugar, la condicionalidad opera como un mecanismo de detección. Al detectarse la irregularidad del estudiante en el sistema educativo, el incumplimiento no produce consecuencias inmediatas: se abre una ventana de gracia de varias semanas para presentar la constancia o revincular al menor. Es decir, antes de suspender cualquier pago, el sistema enciende una alarma. En el diseño actual, el mecanismo de verificación asociado a la condicionalidad constituye una herramienta para detectar de forma temprana procesos de desvinculación y activar una intervención sobre los hogares más vulnerables. Por eso el argumento habitual contra las condicionalidades (que recortar la transferencia castiga a las familias más vulnerables) pierde parte de su fuerza en el diseño uruguayo, en la medida en que la condición logra disparar una mirada más integral sobre el hogar.

En tercer lugar, y aquí radica el punto central, Uruguay exhibe una escasa priorización de la educación como motor de crecimiento y de progreso. La agenda de crecimiento se ha vuelto a poner sobre la mesa recientemente, pero no ha ido acompañada de una reivindicación de la educación como eje principal para pegar el salto que precisamos. En ese contexto, eliminar la condicionalidad también comunica que la permanencia de los niños y los adolescentes en el sistema educativo deja de ocupar un lugar central en las expectativas de políticas públicas. Me explayo a continuación sobre este punto.

La educación ocupa una baja prioridad en la agenda pública. Los uruguayos no consideran la educación uno de los principales problemas nacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), en su “Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2023-2024”, basado en casi dos décadas de encuestas de Equipos Consultores, muestra que la educación rara vez aparece entre los principales problemas del país. En una encuesta de Equipos de este año, solo el 9% de los uruguayos menciona la educación entre los principales problemas. En general predominan la inseguridad, la economía y el empleo, problemas de corto plazo que desplazan sistemáticamente a la educación de la agenda pública.

En economía se suele distinguir entre las preferencias declaradas y las preferencias reveladas. Si bien en las encuestas de opinión por lo general se otorga una buena valoración a las instituciones educativas, los comportamientos de los estudiantes y las familias revelan las prioridades efectivas. Si la educación fuera realmente considerada una inversión indispensable, esperaríamos altas tasas de asistencia y culminación. Sin embargo, Uruguay registra niveles elevados y persistentes de inasistencia escolar y una elevada proporción de jóvenes abandona la educación antes de completar el ciclo obligatorio. Más de la mitad de los alumnos de primaria tiene ausentismo crónico (asistencia igual o inferior al 90% de los días dictados). Y apenas la mitad de los jóvenes uruguayos (55,5%) culmina la educación media superior, el nivel más bajo de la región. A esto se suma un nivel de aprendizajes persistentemente bajo: cuatro de cada 10 jóvenes de 15 años no alcanzan las competencias mínimas en lectura y más de la mitad no las alcanzan en matemática, de acuerdo con las pruebas PISA 2022. Estos niveles han sido tolerados durante décadas por la sociedad y la clase política sin convertir el tema en una prioridad.

Países que en su momento tuvieron niveles de ingreso similares o incluso inferiores al de Uruguay, como Estonia, Portugal o Chile, supieron poner la educación como una prioridad nacional compartida y sostenida por distintos colores políticos, avanzando enormemente en la escolarización y los aprendizajes de su gente. ¿Por qué una sociedad como la uruguaya, con instituciones fuertes, estabilidad democrática y una larga tradición de educación pública, tolera durante décadas resultados educativos modestos sin convertirlos en un problema político de primer orden?

Mi argumento es que Uruguay sufre un déficit de priorización de la educación. La clase política, la empresarial y todos los líderes sociales precisan dar una señal clara de que la educación de calidad es condición sine qua non para el desarrollo individual, el bienestar, la productividad, el crecimiento y la democracia. Lo fue siempre y lo será aún más en esta nueva sociedad del conocimiento, donde la inteligencia artificial exige, más que nunca, un nivel educativo de excelencia.

En este contexto, el debate sobre las condicionalidades puede ponerse al servicio de ese mensaje. Mantener la expectativa de que los niños y los adolescentes permanezcan en el sistema educativo constituye una forma de reafirmar que la educación es una prioridad nacional.