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Una eventual revisión del régimen de franquicias debiera considerar las diversas dimensiones del fenómeno, pero sin cercenar la libertad de consumo que ofrece a la ciudadanía y balanceando las condiciones de competencia
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Desde hace prácticamente un año, algunos empresarios del sector comercial tradicional están enfrentados a un problema nuevo: un crecimiento significativo de las compras que realizan los uruguayos en el exterior, vía web, bajo un régimen con ciertos topes que exonera de impuestos aduaneros a la importación. El boom lo produjo la entrada al mercado de la plataforma china Temu, que además de bajos precios realiza publicidad —sobre todo en redes sociales— de manera muy intensa.
Este “efecto Temu” —solo en mayo ingresaron unos 200.000 paquetes por un monto que ronda los US$ 19 millones— tiene varias lecturas.
La posibilidad de comprar en el exterior e ingresar estas encomiendas postales sin pagar tributos ni necesidad de contratar los servicios de un despachante de aduana, dentro de ciertos parámetros, fue establecida por un decreto de 2014, aunque el régimen ha sido ajustado varias veces en años más recientes. Desde el 2017 la franquicia por usuario —en la modalidad del régimen más utilizada— quedó acotada a tres envíos por año con valor de factura o declaración de valor de hasta US$ 200 cada vez.
Las autoridades del gobierno defienden el régimen en el entendido de que resulta útil para “arbitrar precios” entre el mercado externo y el doméstico. Y si bien supone para el fisco una renuncia de recaudación por estas importaciones, contribuye en la moderación inflacionaria que hemos visto en los años recientes. Desde esa perspectiva, parece saludable para el funcionamiento de la economía que se habilite la competencia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para la industria nacional que compite con esos productos, el fenómeno resulta problemático. También el sector comercial —que en ciertas regiones en particular viene golpeado por años de desvíos de consumo primero hacia Argentina y ahora a Brasil debido a la ventaja cambiaria— acusa el impacto del “efecto Temu”. Algunas organizaciones que los representan reclaman “igualdad de condiciones” para competir con plataformas como esa; es un planteo justo, cuando es claro que los costos de producción en Uruguay son muy altos.
Desde la perspectiva del consumidor, estas franquicias son un instrumento —aunque limitado— que da libertad para poder comprar en el lugar del mundo que cada uno quiera. Este es un elemento positivo del régimen, aunque idealmente el tratamiento impositivo general debiera ser menos pesado para que todos, ciudadanos y empresarios, pudiesen realizar importaciones sin tantos costos ni trámites que quitan tiempo. Son reformas microeconómicas necesarias, junto con otras más desafiantes largamente postergadas.
Ahora, de cara a la Ley de Presupuesto quinquenal, el Ministerio de Economía está repensando el régimen de franquicias y sopesa varios de estos aspectos. Ojalá que su propuesta al Parlamento logre preservar la relativa libertad que ofrece a los consumidores y, al mismo tiempo, aliente la competencia de mercado bajo condiciones equitativas para los diferentes actores. La solución más adecuada no sería ir por un camino de restricciones, sino, por el contrario, de dar mayores opciones.
