El Estado inepto y los niños pobres

A pesar de lo chiquito del ejemplo, creo que muestra bastante bien la descoordinación que a veces existe entre distintas partes de un mismo Estado que, aunque sea de manera más o menos general, debería tener un mínimo de coordinación. Especialmente cuando se trata de multas que no son baratas (son más de $ 1.700 la multa por no votar). Y cómo es que, gracias a esa descoordinación, queda uno expuesto a una discrecionalidad anónima, en la que, si no se tiene lo que se nos pide en la web, es necesario pagar primero y reclamar después, a ver si hay suerte. Por cierto, hablar sobre la gente de Migraciones del aeropuerto me recuerda que hasta hace unos años era completamente discrecional lo que me pedían allí para poder volar con mi hija (menor de edad) de regreso al país en donde los dos (y también su madre) vivíamos entonces. Más de una vez estuvimos a punto de quedar en tierra porque, dependiendo de quién te tocara, te podían pedir de todo. O nada, como ocurrió otras veces.

La descoordinación, la ineficiencia y el uso poco inteligente de los recursos públicos no son cosas raras en el Uruguay. Por eso, cada candidato político de cualquier partido ofrece en su menú electoral corregir esas taras. Taras que, aunque pasan elecciones de todo tipo, siguen allí, como testigo de unas inercias que nos tienen anclados en mitad del siglo XX mientras el XXI nos viene pasando por encima. ¿Quiere decir esto que no existen los planes y que todos los políticos son lo mismo? No necesariamente. Solo que esos políticos muchas veces se ven subordinados a un montón de factores que impiden la realización eficiente de esos planes. El cruce de intereses corporativos con esas inercias de la época de Maracaná es lo que logra que en fechas tan recientes como 2017 cientos de empleados de empresas estatales, como el Correo o Ancap, siguieran cobrando sus sueldos aún cuando no trabajaban desde años atrás.

Los ejemplos propuestos son apenas eso, ejemplos. Cualquiera que se interese por tener un Estado eficiente, uno que se preocupe por el ciudadano a la hora de hacer un trámite o brindarle un servicio, puede encontrar otros que lo toquen más de cerca. Y en el plano mediático, son varios los casos de mal uso, cuando no dilapidación de recursos públicos, que han sido sonados o siguen sonando, como es el de la división Pórtland de Ancap, que en los últimos 25 años ha generado pérdidas por más de US$ 800 millones.

Obviamente, las distancias entre un trámite que se hace difícil y una pérdida colectiva de esa magnitud son inmensas. Pero, al mismo tiempo, no es difícil ver que existe un patrón de ineficiencia, omisiones y lentitud a la hora de adaptarse al cambio tecnológico, que resulta visible en ambos casos. O en la descoordinación a la hora de realizar obra pública. Es como si siempre llegáramos tarde y quedáramos mal parados. A tal punto es así que los ciudadanos comenzamos a asumir que no hay otra forma de gestionar lo público y que es inevitable la ineficiencia y la primacía de los intereses corporativos por encima de los comunes. Así, el bien común se diluye en el tironeo de intereses parciales y el dinero público deja de ser de todos para ser de nadie. O, peor aún, de algunas de las partes.

En campaña se habló muchísimo de la pobreza infantil y la necesidad de erradicarla si Uruguay quiere tener alguna clase de futuro. Sin embargo, a la hora de los hechos contantes y sonantes, los niños pobres han desaparecido de la charla pública y solo aparecen como tortazo retórico que se le tira al rival político. Sin un Estado eficiente, que se adapte al presente, difícilmente esos niños serán parte integrada de nuestro futuro en común.