El justo equilibrio

Igual, esos anticipos son solo pequeñas muestras de lo que puede llegar a venir, movimientos electorales para dar determinadas certezas a los votantes en algunas áreas centrales. El grueso de los nombramientos llega después y con ellos la primera señal importante de lo que podemos esperar del futuro gobierno.

Porque es lógico que muchos ministros (o casi todos) sean políticos. Para poner un ejemplo, durante el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, la opción elegida por el presidente fue nombrar como ministros a los principales líderes de los distintos sectores de la coalición de izquierda. Fue la manera que encontró de equilibrar las fuerzas internas de su colectividad política para poder gobernar mejor.

Los dos mandatos siguientes del Frente Amplio, el primero encabezado por José Mujica y el segundo otra vez por Vázquez, adoptaron caminos distintos en la conformación del gabinete. Mujica eligió principalmente a dirigentes políticos representativos de los sectores mayoritarios pero puso de viceministros a integrantes de otros grupos como forma de que se controlaran entre ellos. Vázquez optó por repetir muchos de los que habían sido sus ministros y que eran de su confianza, generando muy pocos cambios y un poco de fastidio al final del mandato. Lacalle Pou debió contemplar a todos sus socios de la coalición republicana y también dio espacio a algunos ministros por fuera del sistema político. A los que ya había anunciado en la campaña, Arbeleche, Da Silveira y Bartol, sumó a Omar Paganini, un ejemplo de cómo da buenos resultados recurrir al talento y no solo a la cantidad de votos.

Más allá de esas cuestiones lógicas de estrategia política, que cada gobierno define a su mejor saber y entender, es evidente que adoptar una actitud pragmática y apostar por la designación de las personas más preparadas para algunos de los puestos importantes puede hacer la diferencia. Ninguno de los anteriores gobiernos lo hizo a cabalidad. Lo intentaron, sí, pero de una forma tímida, no como si en cada una de las designaciones trascendentes se jugaran realmente la suerte y el futuro de ellos mismos y del país.

Porque el éxito o fracaso de un gobierno se logra, además de por la actuación del presidente de la República o sus dirigentes más cercanos, por la capacidad que tenga de elegir bien a su equipo, de saber delegar y después de exigir determinados resultados. Eso se consigue colocando a los más talentosos junto con los que mejor manejan la comunicación pública y el liderazgo político y hacerlos trabajar de la mejor manera juntos.

En definitiva, de eso se trata, del justo equilibrio entre los encargados de juntar los votos y los que saben cómo gerenciar grandes oficinas o empresas con miles de funcionarios, como existen en el Estado. Y todo esto debe incluso estar por encima de los partidos políticos y los sectores dominantes de turno.

¿El canciller tiene que ser un político? ¿Y el ministro del Interior? Probablemente. ¿El de Economía o el de Turismo? No necesariamente. ¿Y el presidente de Antel o el de UTE o el ministro de Industria? Definitivamente no. Eso es lo que podría establecerse con base en la lógica y el sentido común, pero hasta esas premisas pueden ser salteadas.

Otro tema relacionado: el próximo será un gobierno sin mayoría parlamentaria, así que definitivamente tendrá que ser de diálogo. A su vez, muchos de los principales dirigentes políticos actuales, presidente incluido, son líderes emergentes, así que para ellos será fundamental trabajar en equipo. Esto implica contemplar a la oposición en la distribución de los cargos, especialmente intermedios, y pensar la nueva estructura gubernativa como un espacio de intercambio fluido, muy distinto a lo que se viene haciendo hasta ahora.

Apostar al conjunto, incluir al adversario, planificar en función del equipo y no solo de las personas, distribuir más el poder y dejarles aunque sea una parte, pero importante, a los que más saben, ese es el camino que suena más lógico, aunque mucho les cueste recorrerlo a los políticos, en especial a los que asumen grandes responsabilidades.

Terminar con los premios consuelo, con los juntavotos que utilizan el Estado solo para beneficio propio o de su grupo y con los que son designados al frente de cientos o miles de funcionarios públicos y no saben ni de qué se trata lo que tienen que hacer sería toda una revolución, lo que no ha ocurrido desde la restauración democrática hasta ahora.

Hoy, las condiciones para hacerlo parecen ser las mejores. Lo que estaría faltando es primero la voluntad y después estar dispuestos a asumir los costos. Seguramente son mucho menores que los beneficios, pero para comprobarlo primero hay que hacerlo.