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Arrastrar a jueces y fiscales a los debates político-partidarios y empujarlos a una lógica que no les pertenece puede llegar a ser el principio del fin
El pasaje del prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, por el ciclo de entrevistas en vivo Desayunos Búsqueda no pasó desapercibido. Fiel a su estilo, Díaz realizó una serie de reflexiones que generaron polémica pública, provocando las críticas de algunos y los elogios de otros. Lo que más discusión concitó fueron sus reflexiones respecto a la herencia que recibió el actual gobierno del anterior y a que el déficit fiscal actual es, según el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el peor de los últimos 35 años.
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Pero Díaz también analizó, en distintas partes de la entrevista y ante consultas periodísticas, otro tema muy relevante y polémico: la situación actual de la Justicia uruguaya y la idea que tienen muchos de que se ha politizado. En especial, las críticas que suelen recibir los fiscales y que vienen tanto desde la coalición republicana como desde el Frente Amplio.
El exfiscal de Corte desarrolló una teoría interesante al respecto. Dijo que es lógico que haya críticas del sistema político a la actuación de los fiscales en una democracia que funciona. Citó, a manera de ejemplo, lo que está ocurriendo en España o en Brasil o en Estados Unidos o en Argentina, en donde los fiscales suelen ser centro de atención y de críticas debido a los procesamientos que realizan de gobernantes o exgobernantes.
Al explayarse en ese punto, dijo que la alternativa para que eso no ocurra sería firmar una especie de “pacto del chinchulín”, un acuerdo entre el gobierno y la oposición de turno para no investigarse entre ellos. Ese extremo sería muy contraproducente: representaría un duro golpe al sistema de justicia y a la democracia, y generaría un profundo rechazo en la opinión pública. Los uruguayos estamos lejísimo de promover o avalar ese tipo de actos, que sí ocurren en otros países a espaldas de los ciudadanos.
De todas formas, Díaz opinó que a algunos integrantes del sistema político se les está yendo la mano con las críticas a fiscales y a sus actuaciones y que eso puede traer consecuencias muy negativas. Hizo especial hincapié en cuidar la institucionalidad democrática y preservar las formas para no entrar en un camino sin retorno.
Hay casos recientes preocupantes con respecto a eso, que involucran a los dos bloques ideológicos en los que se divide Uruguay. Uno es el del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el otro el del exsenador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera. En ambos, las críticas se han centrado en los desempeños fiscales y han sido muy virulentas.
Por eso, es necesario prender una luz amarilla. Hay que empezar a cuidar más las formas en ese terreno porque, una vez que se empieza por el camino de la deslegitimación y el agravio, es difícil saber dónde se termina. Se podría estar ingresando en un “pacto de chinchulín”, pero al revés, que consistiría en desacreditar a los fiscales en su conjunto y, de esa forma, quitarles credibilidad a la hora de investigar casos de corrupción.
Todos son un poco responsables de evitar que eso ocurra y deberían extremar los cuidados. Lo son los políticos, cuando, para tratar de salvarse o de reducir los eventuales daños, ponen en juego la credibilidad de la justicia, uno de los principales pilares de la democracia. También los fiscales, que a veces no asumen el lugar que ocupan y realizan manifestaciones de carácter político-partidario o pierden un poco la ecuanimidad.
Es fundamental que tanto desde el gobierno como desde la oposición se cuiden mucho las formas. Si algunos dirigentes políticos no están de acuerdo con decisiones fiscales o judiciales, además de poder expresarlo públicamente, tienen todos los mecanismos procesales para cuestionarlas y revertirlas. No quedan a merced de lo que pueda decidir un fiscal o un juez, siempre cuentan con la garantía de que las decisiones pueden ser revisadas por tribunales.
Críticas a las decisiones judiciales son siempre bienvenidas, al igual que halagos, en caso de evaluarlos pertinentes. Pero arrastrar a jueces y fiscales a los debates político-partidarios y empujarlos a una lógica que no les pertenece puede llegar a ser el principio del fin.
