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    Estás despedido

    El gobierno puso sobre la mesa un debate necesario. ¿Es tan descabellado pensar que los trabajadores puedan enterarse con cierto margen de tiempo que su empresa va a cerrar? Una discusión profunda en la que trabajadores, empresarios e incluso el gobierno deben mirar para adentro

    Columnista de Búsqueda

    Antes de dar esta discusión, tenemos que sacarnos el balde. Pero todos, porque cada uno tiene su propio balde aunque jure que no. Probablemente muchos de quienes estén leyendo hayan pasado por una situación de despido inesperado, de cierre de alguna empresa, de recortes y reestructuras que de un día para el otro les cambiaron la vida. A veces es más fácil rearmarse, y otras es tremendamente difícil. Y también probablemente haya lectores que hayan despedido trabajadores, que les hayan tenido que decir de un día para otro que su lugar de trabajo ya no existiría, y que eso sería en muy poco tiempo. O mañana. O a partir del lunes. Es difícil pensar que sea una situación que alguien desee. Es verdad, hay empresarios y empresarios, así como trabajadores y trabajadores. Cada uno con su almohada.

    Pero vamos a lo nuestro. Esta discusión ya se dio y es cierto que es una de esas que en general suele partir al medio las opiniones, pero el ministro de Trabajo, Juan Castillo, volvió a ponerla en debate así que allá vamos. El eje central del asunto es la idea de que si una empresa va a cerrar o a irse del país, lo comunique a los trabajadores con un tiempo razonable. No parece disparatado, ¿o sí? En principio nadie habló de tiempos extensos, sino que no sea de un día para el otro. Entre las fundamentaciones, el ministro Castillo recordó casos en los que los trabajadores se enteraron de la pérdida de su fuente laboral por un estado de WhatsApp o una publicación en redes sociales. O el viejo y querido radiopasillo. Parece que cierra, parece que cierra, nadie lo dice hasta que lo dice y el cierre es la semana que viene. Entre los ejemplos citados, aparecieron el de la multinacional Yazaki, que dejó el país después de 18 años y a 1.200 personas sin trabajo. También la empresa de software UKG, que decidió irse después de tres años sorpresivamente, con la consecuencia de la pérdida laboral de unas 300 personas. Pero hay otros casos de despidos masivos o colectivos. Y en alguno el gobierno debe mirarse a sí mismo.

    ¿Tiene derecho una empresa a cerrar o a dejar de operar en el país en el momento que desee? Por supuesto. ¿Sería deseable que si eso va a suceder, los trabajadores pudieran saberlo con algo de anticipación para intentar reubicarse lo antes posible, o no tomar préstamos, o evitar cualquier movida económica que repercuta en su vida si de un momento a otro pierde el empleo? Ah, en mi opinión sería deseable, claro. De ninguna manera esto quiere decir que una empresa esté obligada a permanecer abierta si no puede hacerlo, pero en general estas decisiones no se toman de un día para el otro, seamos sinceros.

    Entre las reacciones de las últimas horas —algunas con un tono por demás elevado—, aparecen cuestiones a atender y todo eso tiene que ser parte de la discusión, sin dudas. Una de las primeras alarmas planteadas por algunos empresarios y dirigentes de la oposición es que con este tipo de regulación las empresas decidan no instalarse en el país. Es una preocupación válida, pero no parece estar en el espíritu de la propuesta obligar a nadie a quedarse o a permanecer abierto, sino a dar un mínimo tiempo a los empleados para buscar otro trabajo, y eventualmente a intentar con el ministerio buscar una solución que ayude a evitar el cierre.

    Aparece también el señalamiento de que en Uruguay los empresarios son libres de contratar y despedir cuando quieran y que esto de alguna forma coartaría o intentaría regular sus decisiones. Es cierto, Uruguay funciona así y los empresarios son libres. Pero demos esta discusión también. ¿Dejan de ser libres por tener que avisar un tiempo antes sobre sus intenciones de cierre o despidos masivos? Aquí hay quienes sostienen que de esta forma se abre la puerta a que las empresas sean ocupadas o sea dañado su material y una infinidad de cosas más. Bueno, no olvidemos que desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración del pasado gobierno hay un artículo que regula la ocupación de lugares de trabajo y que prevé la intervención de la fuerza policial si se solicita la desocupación y no se cumple.

    Si bien los tiempos del aviso no están establecidos —se ha hablado de un mes—, en la anterior legislatura el comunista Óscar Andrade y el socialista José Nunes presentaron un proyecto en esta línea que proponía un preaviso de 15 días. Será tema de discusión el plazo, pero no parecen ser extremos. Incluso en julio de este año el viceministro de Trabajo, Hugo Barretto, expuso en un desayuno de trabajo asuntos vinculados al tema.

    Recordó que el despido afecta un derecho humano fundamental e hizo referencia al Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que consideró que se debería ratificar o crear una ley con contenido equivalente. Bien. ¿Qué dice el Convenio 158?

    Entre otras cosas, regula algunos puntos que en Uruguay ya están establecidos, como que no se constituye causa justificada para la terminación de una relación laboral la afiliación a un sindicato, la raza, el color, el sexo, el estado civil, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social, entre otros puntos.

    Señala también que cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos “proporcionará a los representantes de los trabajadores en tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones” y que ofrecerá una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar los despidos y “atenuar las consecuencias adversas, por ejemplo, encontrándoles otros empleos”.

    De ninguna forma está sobre la mesa que una empresa que cierra o se va tenga que encontrarles trabajo a los empleados despedidos. Sería ridículo. Por eso existe cierto rechazo a parte del Convenio 158, porque maneja algunos puntos excesivamente restrictivos para las patronales. De hecho, Uruguay no lo ha ratificado y no hay consenso para hacerlo.

    Pero, además, me gustaría tomar unas líneas para una reflexión que en el gobierno debería existir. Nada tiene que ver el ministro Castillo con los despidos en la radio M24, que gerenciaba el MPP. Pero sí ese sector era responsable de un grupo de más de 30 trabajadores que se enteraron en los pasillos de que parecía que la radio se vendía, a pesar de que pocos días antes las mediciones de audiencia les habían dado buenos números. La propia exvicepresidenta Lucía Topolansky dijo en entrevista con radio Sarandí que era una decisión que se venía evaluando desde hacía tiempo. “Hace casi dos años o tres que veníamos galgueando, pero como venían las elecciones íbamos a precisar el medio para tener una voz directa. No pudimos. Además, esa radio perdió el mejor comunicador que tenía, que era Pepe. Lo digo con honestidad”. Está bien. Entonces la pregunta para el MPP es ¿no se pudo haber avisado a los trabajadores sobre esta situación? ¿Tuvieron que enterarse por otro lado que se quedaban sin trabajo y luego recibir la información fría cuando ya no había cómo ocultar la venta? Es verdad, tuvieron la posibilidad de trabajar hasta diciembre y en ese caso los plazos que se manejan estarían cumplidos. Pero las formas importan. ¿Qué necesidad? El sector mayoritario del partido que propone esta regulación trata así a sus propios trabajadores y luego hace silencio por varios días. ¿Así entienden que se manejan las relaciones laborales?

    En fin, aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. No se puede legislar sobre ponerse en el lugar del otro, pero antes de dejar a un grupo de trabajadores en la calle, bueno sería al menos que se enteraran de la mejor manera posible. Habrá que discutir la forma, los tiempos, las reglas, y seguramente lleve su tiempo, pero son discusiones que vale la pena dar. Para ser un poco más humanos, por ejemplo.