“Miremos todo el sistema”, planteó, y alegó que “si uno va a tocar un punto, como el del despido, del otro lado no hay contrapeso, porque los sindicatos tienen muchísimas libertades de funcionamiento y actuación y las empresas hoy día están acostumbradas a que tienen rigidez del lado sindical, pero ciertas libertades (…) para poder ajustar la empresa, la plantilla”. Y añadió: “Ojo, si le van a sacar las dos cosas, van a generar un problema de competitividad para Uruguay”.
Sin embargo, Castello se expresó a favor de establecer “algunas reglas” del convenio de la OIT en la legislación nacional, como el preaviso para los despidos colectivos y el derecho a ser informado de la causa del cese del vínculo laboral, en el marco de un reanálisis del sistema de regulación laboral.
“Mejora sustantiva”
En la legislatura pasada, en diciembre del 2023, los frenteamplistas Óscar Andrade y José Nunes ingresaron a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores un proyecto de ley sobre indemnización por despidos causados en el sector privado que luego se analizó en un coloquio realizado en el anexo del Palacio Legislativo, que contó con la participación del actual subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto.
A ese proyecto se refirió el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el martes 2 en rueda de prensa. Esa iniciativa, dijo, atiende uno de los contenidos del convenio internacional “que establece las garantías mínimas que debe tener todo trabajador” sobre su situación laboral.
“Si nadie está pensando en despedir trabajadores y en irse del país, nadie tendría que preocuparse. Lo que tenemos que brindar y generar como Estado son garantías, a los efectos de dar protección y prevención de que, si alguien toma una decisión de este tipo, exista un preanuncio, de manera de intentar evitar que ocurra”, señaló el jerarca.
Indicó que se buscará que la normativa “sea también una reglamentación o una ley”, y que se presentará un avance del texto ante la misma comisión del Senado.
El proyecto de ley presentado por Andrade (Partido Comunista) y Nunes (Partido Socialista), de 10 artículos, aboga por la ratificación de la normativa internacional, establece la obligatoriedad del empleador de notificar el despido con una antelación “no menor a quince días” por escrito al trabajador (por telegrama colacionado, correo electrónico, etcétera), donde conste y describa “de manera detallada los hechos y motivos” que dan lugar al cese.
Desde el preaviso hasta la efectividad del despido, indica el texto, el trabajador tendrá derecho, “sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo”. A su vez, en ese plazo el empleador puede resolver que el trabajador no concurra a su lugar de trabajo, pero le abonará el salario correspondiente. Si el empleador incumpliera con el preaviso y la explicitación de las razones del despido, el proyecto prevé como penalización el pago doble de la indemnización correspondiente.
Barreto señaló el martes 2 en el programa En perspectiva que “es el momento” de elaborar “una propuesta” legislativa en materia de despido para dar causa y crear un preaviso, lo que, opinó, sería una “mejora sustantiva” en las relaciones laborales que cumple con “una asignatura pendiente”; dijo que hoy existe una “tradición de despido libre, sin preaviso y sin justificación”.
Descartó que el proyecto rivalice con los objetivos de incrementar la inversión productiva que tiene el Ministerio de Economía: “No hay disputa entre los ministerios”, afirmó. En el interior del gobierno “hay una tarea” por delante, reconoció, aunque señaló que el MTSS ha dado los pasos en lo que hace al cumplimiento de las obligaciones internacionales, y en ese ámbito se comunicó a las cámaras y al PIT-CNT sobre la intención de promover la ratificación del Convenio 158 y del 188; este último es el relacionado al trabajo en la pesca.
Barreto alegó que contar con un preaviso es un derecho del trabajador, una cuestión “razonable”, y que da un “margen de igualdad” a la relación, porque permite ordenar su vida social y familiar y comenzar a buscar trabajo con antelación al cese.
“Una locura”
La novedad sobre la intención de cambiar la regulación del despido que impulsa el MTSS, que surgió el fin de semana en una nota de Noticias 5 con Castillo, se leyó como “una locura” entre varios empresarios que mantuvieron conversaciones directas o que se comunicaron por WhatsApp, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
“No es una buena señal, porque genera incertidumbre, cambia las reglas de juego para los que ya tienen las inversiones hechas y para los que están pensando en hacerlas. (…) Esto pondría condiciones a la salida (de trabajadores de la plantilla) que hoy no hay. Genera ruido y no un ambiente de negocio propicio”, declaró a Búsqueda el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro.
“Hoy competimos mucho por la atracción de inversiones, que es un foco de este gobierno; tenemos que tener mucho cuidado, hay que trabajar mucho más en el aftercare, en el cuidado de las empresas que invirtieron para que sigan acá. Tendríamos que hacer foco en el costo país y no tanto en otros temas”, opinó.
Algunos casos recientes de cierres empresariales y despidos masivos —como los de Yazaki, UKG o Tether— responden a decisiones tomadas desde sus matrices en el exterior, señaló una fuente empresarial.
En tanto, algunos asesores laborales esperan que el MTSS comparta el texto del proyecto de ley la semana próxima, cuando los representantes de los actores sociales serán convocados al Consejo Superior Tripartito.
Discutir y examinar todo el régimen
Para Castello, pasar a un régimen de despido causado sería un cambio “muy importante” en la legislación laboral de los últimos casi 100 años, “mucho más sustantivo” que discutir la reducción de la jornada laboral.
Recordó que Uruguay, antes de 1944, tenía un sistema de preaviso que luego fue derogado y se instauró la indemnización por despido.
Sin embargo, consideró que transitar por un esquema de preaviso en el caso de los despidos colectivos podría ser positivo de discutir, porque hay muchas empresas que han cerrado sin un anuncio previo al sindicato y al personal.
En tanto, en el caso del preaviso del despido individual, Castello opinó que se “requeriría de un reanálisis” porque se introduciría una rigidez en el régimen laboral.
También se mostró a favor de que se estableciera la obligación de informar las causas de la desvinculación del trabajador, a pesar de que en la práctica, según dijo, el 99% de los despidos tienen una causal. “Pero es cierto que eso en algunos casos no sucede y algunos empleadores son reticentes a informarlo, cuando el trabajador tiene derecho” a ello, afirmó.
Alegó que, en general, en el mundo y en países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, el preaviso funciona y se aplica, pero se trata de regímenes donde los sindicatos no tienen tantas libertades en materia de huelga, negociación colectiva o derecho sindical como en Uruguay.
Respecto al despido causado, indicó que en la mayoría de los países centroamericanos y europeos el empleador debe explicar la razón de la desvinculación. En Brasil, Argentina, Estados Unidos o Australia las empresas no están obligadas a fundamentar los despidos.
